La paz sigue siendo uno de los objetivos más grandes y a la vez más esquivos de Colombia. Casi una década después de que el país firmara el histórico acuerdo de paz con las Farc, la nación sigue en una encrucijada. La votación de 2016 sobre el acuerdo expuso profundas divisiones y la polarización política ha marcado cada paso de su implementación. El resultado es un proceso de paz que a la par que es aclamado en el extranjero como un modelo global es criticado en el país por quedar muy por debajo de las expectativas.
Tras cinco años de negociaciones en La Habana, el gobierno de Juan Manuel Santos alcanzó un acuerdo en 2016 con el grupo guerrillero más antiguo del hemisferio occidental, que llevaba más de medio siglo de lucha contra el Estado. Tras el histórico acuerdo, se convocó un plebiscito nacional y en octubre de ese año, contra todo pronóstico, el voto por el no se impuso con un 50,2 %.
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Tras el rechazo del plebiscito, se adoptó una versión renegociada, que incorporaba la mayoría de las demandas de los opositores liderados por el expresidente Álvaro Uribe. A principios de 2017, aproximadamente 13.000 combatientes salieron de las regiones más remotas de Colombia para desmovilizarse y entregar sus armas.
Dos puntos conflictivos impidieron el consenso: cómo serían juzgadas y castigadas las Farc, y la garantía de 10 curules en el Congreso por dos períodos consecutivos sin necesidad de ganarlos en las urnas. Para la oposición, el acuerdo cruzó una línea roja.
Un grupo guerrillero responsable de secuestros, masacres, desplazamientos forzados e innumerables crímenes de guerra –a su juicio– no podía llegar al poder sin castigo. Su exigencia era la cárcel para los perpetradores y cero derechos políticos. Pero esta demanda habría hundido el acuerdo. Para las Farc, aceptarla habría significado desconocer sus causas políticas que, según ellos, impulsaron su larga lucha armada contra el Estado.
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El marco de justicia acordado fue un modelo que incluyó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como otras medidas para garantizar la rendición de cuentas de los máximos responsables –tanto de las Farc como de la Fuerza Pública– por los crímenes más graves, así como acciones de reparación para casi 10 millones de víctimas del conflicto armado. El objetivo era encontrar un equilibrio entre una justicia retributiva severa –la cárcel– y amnistías incondicionales y amplias.
Avance desigual
Lejos de representar una “paz con impunidad”, como afirman los críticos del acuerdo, este sistema de justicia transicional ha recibido reconocimiento internacional por su diseño integral, su adhesión al derecho internacional y su enfoque centrado en las víctimas. Es un ejemplo único de una negociación en la que tanto el Estado como un grupo insurgente acuerdan someterse a un tribunal por crímenes atroces.
Explicar esto al colombiano de a pie no ha sido fácil, especialmente cuando ven a los antiguos líderes de las Farc, ahora agrupados en el partido Comunes, sentados en el Congreso mientras sus casos judiciales avanzan a paso lento. Apenas en 2025 se emitieron las primeras sentencias: una por el caso de secuestro de las Farc y otra por ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad.
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El acuerdo de paz fue mucho más que un conjunto de incentivos para persuadir a los guerrilleros de que se desmovilizaran. Planteaba una agenda ambiciosa para atender las causas del conflicto y los problemas estructurales profundamente arraigados, como la exclusión rural, la débil presencia del Estado y el dominio de las economías ilegales, en particular los cultivos de coca. La implementación de estas reformas exigía un compromiso político a largo plazo, una condición que aún no se ha cumplido.
Casi una década después de su firma, ha habido avances desiguales y lentos. Han ido y venido dos gobiernos con visiones opuestas: el de Iván Duque (2018-2022), con el compromiso de reformar el acuerdo, y el de Gustavo Petro (2022-2026), con la promesa de implementarlo a rajatabla.
Poco después de que las Farc dejaran las armas, la relativa calma que Colombia había ganado durante las negociaciones de paz se desmoronó. La tasa nacional de homicidios se estancó en torno a 25-26 por cada 100.000 habitantes, un nivel bajo para los estándares históricos del país, pero aún alto en comparación con América Latina, la región más violenta del mundo. Las zonas rurales más afectadas por la guerra experimentaron un aumento severo de la violencia contra comunidades y líderes sociales, así como una escalada de ataques contra firmantes de las Farc, de los cuales al menos 500 han sido asesinados.
Manifestación por los asesinatos y violencia contra los líderes sociales Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
Gran parte de esta violencia se debió al vacío de poder dejado por las Farc. El Estado no logró tomar el control, mientras que nuevos y viejos grupos armados ampliaron sus áreas de influencia y dominio sobre economías criminales, especialmente el narcotráfico, la minería ilegal de oro, la deforestación, el acaparamiento de tierras y el tráfico de migrantes.
El Plateado, en el Cauca, es una población que sigue viviendo duros episodios de violencia. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
La expansión inicial más significativa la hizo el Eln, con el que el gobierno de Santos negoció sin éxito. También el ‘clan del Golfo’, una estructura paramilitar disidente que surgió tras las desmovilizaciones bajo la presidencia de Uribe hace 20 años y que ahora se hace llamar ‘Ejercito Gaitanista de Colombia’ (Egc), aumentó su presencia en algunas regiones.
La situación se complicó aún más luego de que varias facciones disidentes de las Farc buscaran unificarse bajo dos bloques, el ‘Estado Mayor Central’ y la ‘Segunda Marquetalia’, pero al final terminaron fragmentándose en medio de disputas territoriales.
Ejército desplegó tropas en Catatumbo, región que ha vivido una crisis humanitaria por la guerra. Foto:Ejército.
Aunque el acuerdo logró poner fin al histórico conflicto armado con las Farc, el panorama ya estaba poblado por otros actores que se convertirían en obstáculos de la paz. Ni las ofensivas militares lanzadas en ciertas regiones al final de la administración Santos ni las medidas duras adoptadas bajo el gobierno de Duque lograron contener la situación.
Durante las negociaciones de La Habana, los cultivos de coca se expandieron exponencialmente, lo que intensificó las críticas al proceso. Hacia el final de su mandato, Santos lanzó el programa voluntario de sustitución de cultivos acordado con las Farc, que se centró en pagos directos a casi 100.000 familias para erradicar la coca. Esto, además de generar incentivos perversos, dejó de lado el enfoque territorial holístico del acuerdo que conectaba la erradicación con reformas rurales de fondo, sin las cuales el esfuerzo se hizo insostenible en el mediano plazo.
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A pesar de oponerse al acuerdo, el presidente Duque reconoció la obligación del Estado de implementarlo y priorizó un punto de la agenda rural: los programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdet), destinados a transformar 16 regiones identificadas como las más afectadas por la guerra, economías ilegales, pobreza estructural y debilidad institucional.
Municipios PDET desarrollaron proyectos productivos. Foto:Agencia de Renovación del Territorio
Su esfuerzo por cumplir los compromisos asumidos con cientos de miles de habitantes de estas zonas que participaron en la definición de estos planes fue notable. Sin embargo, su enfoque permaneció desconectado de otros componentes del acuerdo y de su política de seguridad.
Ante el problema de la coca, Duque optó por la erradicación forzada, logrando niveles récord de coca erradicada mientras mantenía a regañadientes el programa de sustitución voluntaria de Santos. Al menos 400.000 hectáreas de coca fueron destruidas en su gobierno. Pero el impacto neto fue insignificante, los cultivos siguieron creciendo. Las comunidades vieron a un Estado empecinado en destruir sus siembras, pero incapaz de cumplir con las alternativas prometidas, lo que profundizó la desconfianza.
Erradicación manual de cultivos de coca en Córdoba. Foto:Policía
Cuando Duque dejó el cargo en 2022, la frustración pública era alta. La pandemia y las protestas sociales generalizadas reflejaron el enorme descontento de la gente frente a la inequidad, los compromisos incumplidos de inclusión y la construcción de paz estancada. Gustavo Petro aprovechó este sentimiento con una plataforma progresista y una promesa de cumplir y profundizar el acuerdo de 2016.
Límites de la ‘paz total’
Su política emblemática de la ‘paz total’ buscaba negociar simultáneamente con múltiples actores armados, desde el Eln hasta bandas urbanas. El objetivo era, ante todo, reducir los impactos humanitarios que estaban sufriendo las comunidades en muchas regiones, pero también lograr reformas territoriales y, en últimas, pacificar el país.
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Pero la política carecía de estrategias claras, marcos legales y disciplina operativa. Los críticos –incluido el expresidente Santos– advirtieron que abrir tantas conversaciones a la vez tenía el riesgo de diluir la capacidad estatal y ralentizar la implementación del acuerdo original.
Las advertencias resultaron premonitorias. Hoy, la ‘paz total’ se ha convertido en un gran fracaso. Los principales grupos armados –Eln, disidencias y el ‘clan del Golfo’– se fortalecieron bajo los ceses del fuego inicialmente concedidos. Su expansión territorial ha sido significativa y sus filas han crecido un 85 %. Estos grupos cuentan con al menos 25.000 miembros (frente a los 6.500 de 2017) y avanzan en medio de disputas por controlar territorios y rentas ilegales, mientras que la presencia del Estado y su legitimidad local siguen en declive.
El ex comisionado de Paz Danilo Rueda instaló en la cárcel de Itagüí una mesa de diálogo con bandas Foto:Jaiver Nieto. Archivo EL TIEMPO
Por otro lado, Petro ha priorizado la reforma agraria y ha logrado avances importantes en la formalización y compra de tierras. Pero el impulso dado por Duque a los Pdet se frenó considerablemente. La estrategia frente a la coca volvió a cambiar: se detuvo la erradicación forzada y se introdujo un nuevo plan de sustitución voluntaria, el cual superpuso compromisos sobre los adquiridos al final del gobierno Santos que aún siguen sin cumplirse. Según estimaciones recientes, los cultivos superan las 250.000 hectáreas.
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En medio de un cambio radical de la política exterior estadounidense bajo el nuevo mandato de Donald Trump, el gobierno Petro fue descertificado por Estados Unidos, que señaló el mal desempeño del país en la lucha contra las drogas. Esta medida fue un reflejo del incremento de las tensiones entre Washington y Bogotá y de la erosión de la alianza estratégica de larga data que había sido fundamental para los avances en seguridad de Colombia y para la implementación del acuerdo de paz.
Aún hay oportunidad
En las regiones más afectadas por la violencia, la población insiste en un mensaje: el acuerdo de paz tiene las herramientas adecuadas para transformar sus territorios. Lo que ha faltado es una implementación sostenida y coordinada.
Colombia enfrenta una paradoja sorprendente. La mayor parte de la sociedad reconoce que las reformas estructurales establecidas en el acuerdo de 2016 siguen siendo urgentes. Pero el proceso se ha quedado atrapado en disputas políticas, prioridades cambiantes y un entorno de seguridad transformado por nuevas dinámicas criminales. La ventana de oportunidad se está cerrando, incluso cuando la necesidad de una implementación a largo plazo se hace más evidente.
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Sin embargo, la esperanza no ha desaparecido. En muchas zonas rurales, las comunidades continúan participando en la planificación local, claman por presencia estatal e insisten en el cumplimiento de promesas hechas hace casi una década. Su persistencia sugiere que, aunque el proceso de paz pueda estar flaqueando, la aspiración de paz sigue viva, y que Colombia aún tiene la oportunidad de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde.
(*) Directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Este artículo es una versión editada del original.
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