El caso no comenzó con un contrato millonario u obra inconclusa, sino con una hoja de vida. El pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación el viernes pasado no gira alrededor de recursos desviados o sobrecostos, sino sobre la habilidad de un funcionario para ocupar un cargo clave en una empresa pública.
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El foco está en la designación de Luis Orlando Castro Acosta como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare (Empoaguas), un nombramiento que se concretó en enero de 2024 y que, meses después, terminó convirtiéndose en asunto disciplinario.
El embalse La María es la principal fuente de captación de Empoaguas en San José del Guaviare. Foto:Cortesía EmpoAguas
Para llegar a ese cargo no bastaba con experiencia general en el sector público, según dicta el documento expedido por la Procuraduría. El manual de funciones era claro: quien asumiera la gerencia debía acreditar formación profesional en áreas técnicas específicas, como ingeniería ambiental, sanitaria, civil, industrial o química; o contar con estudios de posgrado directamente relacionados con ese campo.
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Sin embargo, lo que encontró el ente de control al revisar el perfil de Castro fueron títulos que, presentados como respaldo académico, correspondían a especializaciones en gestión de agronegocios y en derecho del medio ambiente.
Formaciones que, en el concepto del Ministerio Público, aunque vinculadas al mundo rural y a temas ambientales, no encajaban en el perfil técnico exigido para dirigir una empresa encargada de operar servicios de agua y saneamiento.
Planta de agua de Empoaguas en San José del Guaviare. Foto:Archivo particular
El segundo punto señalado por el órgano de control apareció cuando el análisis se trasladó del papel académico a la experiencia profesional. Castro había reportado más de dos años como director técnico de Asoproagro, entre septiembre de 2018 y septiembre de 2020. Ese periodo era clave para completar el tiempo mínimo requerido.
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Sin embargo, al contrastar la información, la Procuraduría encontró que su rol como director técnico estaba asociado a un convenio específico entre el Instituto Sinchi y la asociación, cuyo alcance temporal iba de septiembre de 2018 a septiembre de 2019. Es decir, un año y no los dos reportados.
El papel que jugó el exsecretario Arroyo
La investigación también se extendió a Miguel Arroyo Arroyo, entonces secretario Administrativo y de Desarrollo Social del municipio, quien tenía entre sus responsabilidades la revisión de los documentos previos a la posesión.
Sede de la Procuraduría General de la Nación. Foto:Procuraduría
Para el ente disciplinario, su rol no era accesorio. Arroyo habría avalado la hoja de vida sin advertir, o sin detener, las inconsistencias que hoy están bajo cuestionamiento.
En junio de 2025 se abrió la indagación previa. Dos meses después, en agosto, la Procuraduría dio el salto hacia la investigación formal. Se recopilaron certificaciones, se contrastaron documentos y se evaluó la correspondencia entre requisitos y soportes, material con el que el despacho concluyó que había mérito suficiente para formular cargos.
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El problema de fondo, según la hipótesis disciplinaria, no es solo que el gerente pudiera no cumplir con el perfil exigido, sino que aun así accedió al cargo y fue posesionado.
El pliego de cargos plantea, en esencia, dos posibles fallas que ahora deberán examinarse en la fase de juzgamiento: el acceso a la gerencia sin reunir las condiciones técnicas requeridas y la validación administrativa de ese nombramiento.
Sede de la Procuraduría General de la Nación. Foto:Jesús Blanquicet
La pregunta que queda abierta es si lo ocurrido fue resultado de una revisión deficiente o de una presentación ajustada estratégicamente para cumplir requisitos formales.
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