La Defensoría del Pueblo emitió su octava alerta temprana de inminencia en lo que va de 2026, para advertir sobre los riesgos latentes que enfrentan varios pueblos indígenas en el departamento del Guainía, ante la violenta confrontación armada entre grupos ilegales en esa región del país.
La alerta temprana busca proteger a las comunidades Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani y Puinave, que habitan en la zona rural de la capital Inírida, y en las áreas no municipalizadas de Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual, territorios donde la población civil se encuentra en medio de la disputa entre estructuras armadas ilegales.
Según el órgano de control, permanecen en pleno conflicto el Frente José Daniel Pérez Carrero, del Eln, y el Frente Acacio Medina, de la disidencia Segunda Marquetalia de las extintas Farc. Las organizaciones buscan controlar rutas del narcotráfico y actividades de minería ilegal en esa zona del país.
El Eln busca tomarse los negocios ilegales de la zona selvática. Foto:Archivo EL TIEMPO
De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, la confrontación ha generado graves impactos en la vida de las comunidades indígenas. La entidad documentó que la disputa armada ha terminado en la imposición de regímenes de control social que están limitando la autonomía de los pueblos indígenas en sus propios territorios.
La Defensoría advirtió que los grupos armados han convertido los ríos, principales vías de movilidad en esta zona selvática, en corredores restringidos, donde impiden el libre tránsito para actividades de pesca y subsistencia. Esta situación ha generado confinamientos que ya afectan a miles de personas en la región.
La situación resulta especialmente crítica para la niñez indígena. Según la entidad, existe un riesgo constante de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados, además de la paralización de actividades educativas debido a amenazas contra docentes que trabajan en los resguardos.
Uno de los ríos del Guainía. Foto:Ejército Nacional
El organismo de derechos humanos, dirigido por Iris Marín, explicó que este escenario se enmarca en una realidad histórica que afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas en Colombia, especialmente a aquellos que habitan en regiones del sur del país con baja presencia institucional.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades en el sentido de que la Corte Constitucional, en 2009, reconoció que el conflicto armado representa una amenaza directa para la pervivencia física y cultural de varios pueblos indígenas, llegando a declarar a algunos de ellos en riesgo de exterminio.
Ante la gravedad de la situación, la Defensoría calificó como “extremo” el nivel de riesgo para la población civil en los territorios estudiados, debido a las graves violaciones de derechos humanos y posibles infracciones al derecho internacional humanitario.
Por tantio la Defensoría formuló 11 recomendaciones al Gobierno nacional e le pidió al Ministerio del Interior activar de manera prioritaria la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el fin de orientar la elaboración de planes de acción, hacer seguimiento a su implementación y promover la coordinación entre las entidades responsables.
Iris Marín, defensora del Pueblo. Foto:Defensoría
La Defensoría también le pidió al Ministerio de Defensa fortalecer la seguridad en los ríos, sobre todo en zona de frontera, y al tiempo le solicitó a la Unidad para las Víctimas, a la Gobernación de Guainía y a la Alcaldía de Inírida garantizar asistencia humanitaria para prevenir desabastecimientos en las comunidades que puedan quedar confinadas.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
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