La divulgación de la resolución de la Fiscalía que levantó las órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín coincidió con la vacancia judicial de Semana Santa. Por esta razón, aunque se anunciaron acciones legales para frenar esta directriz, estas se interpondrán hasta el próximo lunes de Pascua, 6 de abril.
Una de las acciones anunciadas está liderada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien radicará una demanda de nulidad contra la resolución 0072 del 27 de marzo de 2026 ante el Consejo de Estado, con solicitud de medida cautelar de suspensión provisional para congelar sus efectos mientras el alto tribunal decide de fondo.
Los argumentos de Rendón y de otros demandantes —entre ellos grupos de ciudadanos— apuntan a que la orden de la Fiscalía, proferida a solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, es abiertamente ilegítima.
Consejo de Estado. Foto:Jesús Blanquicet
Sostienen que se sustenta en la Ley de Paz Total, que fue declarada parcialmente constitucional por la Corte, que supeditó el sometimiento de las bandas criminales a una ley que, a cuatro meses de terminar el Gobierno, sigue empantanada en el Congreso.
El Gobernador ha cuestionado estos acercamientos, liderados por la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, por tratarse de capos purasangre, que ya fueron condenados por delitos graves, razón por la que cualquier beneficio jurídico o gabela que se tramite, bajo los mecanismos ordinarios, sería sujeto de revisión jurídica por las altas cortes.
El mandatario local, además, alegó vicios como la falta de consulta con las autoridades territoriales, el riesgo inminente para víctimas, testigos, fiscales y jueces que participaron en la judicialización de estos criminales. Y la posible interferencia en el proceso electoral de mayo de 2026.
Andrés Julián Rendón, Gobernador de Antioquia. Foto:Jaiver Nieto Álvarez /ETCE
Aunque la Fiscalía aclaró que esta resolución no significa la excarcelación de estos cabecillas —jefes de los combos más sanguinarios del Valle de Aburrá—, los mandatarios locales (Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez) cuestionan cualquier beneficio a personas que, incluso tras las rejas, siguen ejerciendo control e influencia. Esto, advierten, podría “coartar el derecho al voto libre en zonas donde sus estructuras tienen control”.
Desde el lunes de Pascua, la pelota estará en el Consejo de Estado que, como ocurrió con la suspensión provisional del salario mínimo, podría frenar la resolución mientras decide si la tumba o si es legal. Una vez admitida la demanda, la decisión sobre una eventual medida cautelar podría tardar dos meses. Y el trámite de legalidad hasta un año.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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