En los 14 meses que duró en el cargo, la fiscal general Pam Bondi encabezó una dramática transformación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que pasó de ser una agencia con relativa independencia a todo un “brazo armado” del presidente Donald Trump para ejecutar su agenda.
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A lo largo de ese período, cientos de fiscales e investigadores fueron destituidos por su supuesta falta de lealtad al mandatario, y cientos más abandonaron sus cargos de manera voluntaria en protesta por la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos.
Sin embargo, y pese a ello, este jueves Trump la destituyó de manera fulminante.
Si bien la explicación oficial es que Bondi deja el puesto para regresar al sector privado, la extraoficial es que el presidente llevaba meses frustrado por su incapacidad para obtener victorias judiciales contra sus “enemigos” y por el manejo que le dio al caso de Jeffrey Epstein.
Personas con pancartas exigiendo la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Foto: AFP
Aunque todo sumó, dicen las fuentes, fue esto último lo que terminó convirtiéndose en su mayor lastre político.
De ser una oportunidad para capitalizar el descontento entre la base conservadora, que durante años insistió en que la red de abuso del financiero condenado nunca fue plenamente expuesta, terminó convirtiéndose en todo un dolor de cabeza para Trump.
Bondi alimentó esas expectativas desde muy temprano. En febrero de 2025, en una entrevista televisiva, aseguró que la supuesta lista de clientes de Epstein estaba “sobre su escritorio” y que sería divulgada con prontitud. Días después, incluso organizó en la Casa Blanca un acto con influenciadores afines al gobierno en el que distribuyó carpetas tituladas ‘Archivos Epstein: Fase 1’.
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El problema fue que el contenido no ofrecía revelaciones sustanciales. Lejos de cerrar el capítulo, la maniobra desató nuevas sospechas. Meses más tarde, el propio Departamento de Justicia concluiría que no existía tal “lista” ni evidencia suficiente para imputar a nuevos implicados.
Ese giro, de prometer explosivas revelaciones a dar por cerrado el caso, alimentó la narrativa de un encubrimiento que en algunos sectores incluso alcanzó al propio Trump, quien en el pasado tuvo una extensa relación social con Epstein.
El caso Epstein: de promesa política a crisis de credibilidad
La presión política no tardó en escalar. Legisladores de ambos partidos, incluidos aliados republicanos, exigieron transparencia total. El Congreso terminó aprobando una ley que obligó al Departamento de Justicia a divulgar millones de páginas de documentos. Pero la entrega se hizo de manera fragmentada, con tachaduras y revelaciones parciales que, lejos de apaciguar el escándalo, lo prolongaron durante meses y lo convirtieron en una distracción permanente para la Casa Blanca.
En paralelo, Bondi avanzó en otro frente que también terminaría pasándole factura.
Desde su regreso al poder, Trump dejó claro, incluso en mensajes públicos dirigidos directamente a su fiscal general, que esperaba acciones rápidas contra figuras que consideraba responsables de sus problemas legales en el pasado.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (izquierda), y el presidente Donald Trump. Foto: Getty Images via AFP
Un mandato que chocaba con una tradición profundamente arraigada en EE. UU., donde el Departamento de Justicia opera con independencia. Aunque el fiscal general es nombrado por el presidente, históricamente ha operado con cierto margen de autonomía, precisamente para evitar la politización de las decisiones judiciales.
Bajo Bondi, esa línea se desdibujó. El Departamento abrió investigaciones y presentó cargos contra figuras como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal de Nueva York Letitia James.
También se iniciaron indagaciones contra el exdirector de la CIA, John Brennan; el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell; y congresistas demócratas acusados de incitación a la insurrección.
Sin embargo, los resultados fueron, en el mejor de los casos, limitados. Varias de esas causas fueron rápidamente desestimadas por los tribunales, ya sea por falta de pruebas o por errores procesales, incluyendo cuestionamientos sobre la legalidad de los fiscales designados para llevar los casos.
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En otros casos, los grandes jurados se negaron a emitir acusaciones formales. El contraste entre la ambición política de los procesos y su debilidad jurídica terminó por erosionar la credibilidad del Departamento.
A ello se sumaron otras decisiones que, según críticos y analistas, evidenciaron un debilitamiento institucional.
En materia migratoria, por ejemplo, el Departamento de Justicia respaldó agresivamente las políticas de deportación masiva impulsadas por la Casa Blanca, defendiendo interpretaciones legales expansivas que han sido cuestionadas por múltiples cortes.
En varios casos, jueces federales bloquearon medidas clave, señalando excesos o violaciones de procedimientos básicos.
La gota que rebasó la copa llegó esta semana, cuando la Corte Suprema de Justicia comenzó la revisión de una orden ejecutiva de Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento de los hijos de inmigrantes indocumentados o de personas en tránsito.
Kristi Noem también salió del gobierno por decisión de Trump. Foto: Getty Images via AFP
Durante la audiencia, que contó con la presencia del propio Trump y de Bondi, varios magistrados expresaron serias dudas sobre la viabilidad constitucional de la medida, lo que sugiere que la administración podría enfrentar otro revés significativo.
A la par de la salida de Bondi, la administración Trump también enfrentó recientemente la salida de Kristi Noem, quien se desempeñaba como secretaria de Seguridad Nacional. Su salida se produjo en medio de crecientes tensiones y cuestionamientos por el manejo de la política migratoria, especialmente por el endurecimiento de las medidas de control fronterizo y los desafíos legales que enfrentaron varias de esas decisiones en los tribunales (sumado al costo político de las mismas).
Una justicia alineada con la agenda de Trump y sin resultados sólidos
En ese contexto, el despido de Bondi no solo refleja un ajuste de cuentas interno, sino también las tensiones inherentes a un modelo de justicia altamente politizado.
Un editorial de The Washington Post, publicado este viernes, lo resumía con dureza. Según el Post, la fiscal no cayó por falta de lealtad, sino quizá por exceso.
En otras palabras, haber actuado como ejecutora de la voluntad presidencial no fue suficiente ni una buena estrategia para sostenerse en el cargo.
“Cualquiera que asuma el principal cargo de aplicación de la ley debería aprender de la gestión de Bondi: el camino de menor resistencia política no es necesariamente el que conduce al éxito en el gabinete de Trump. El próximo fiscal general tendrá que estar dispuesto a equilibrar los deseos del presidente con un criterio independiente para encaminar al Departamento de Justicia —una institución que debería estar a la vanguardia en la protección de los derechos individuales— hacia un mejor rumbo”, decía el editorial.
De momento, Trump ha designado como fiscal general interino a su número dos, Todd Blanche, un abogado que fue parte de su equipo de defensa personal y que comparte su visión combativa frente a las cortes. Blanche ha llegado a afirmar públicamente que la administración está “en guerra” con el poder judicial, una postura que anticipa una relación aún más tensa en los meses por venir.
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Mientras tanto, en Washington ya circulan nombres para ocupar el cargo de manera permanente. Entre ellos figura el actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, así como otros aliados cercanos al presidente en el Congreso y en el aparato judicial.
Sea quien sea el elegido, heredará un Departamento de Justicia profundamente transformado, bajo presión política constante y con su independencia, uno de sus pilares históricos, en entredicho.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
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