El Suroeste antioqueño, una región tradicionalmente asociada a la cultura cafetera, el turismo de naturaleza y el desarrollo agrícola, se encuentra desde hace años bajo una alerta máxima debido a una transformación alarmante en sus dinámicas de seguridad.
Entre los años 2010 y 2025, la subregión ha experimentado un brutal incremento de casi el 540 % en la tasa de homicidios, una cifra que expone una realidad innegable: el territorio se ha convertido en el nuevo epicentro de expansión para las estructuras del crimen organizado más poderosas de Antioquia.
Esta alerta, que dibuja un panorama sombrío para los próximos años, se desprende del más reciente y exhaustivo estudio presentado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), titulado ‘Dinámicas de violencia y crimen organizado en el suroeste antioqueño’.
Estudio presentado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) Foto:Alejandro Mercado
«El Suroeste pasó rápidamente de aportar más o menos el 3 % de los homicidios de Antioquia, a aportar cerca del 19 % de los homicidios del departamento. Y no estamos analizando 50 años, no, estamos analizando 2010-2025, o sea, ni siquiera son dos décadas. Eso nos habla de una escalada de violencia muy atípica y muy focalizada«, advierte Andrés Preciado, investigador asociado del ICP.
De hecho, con datos recopilados hasta octubre, la tasa proyectada se ubicó en 76,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta escandalosa cifra no solo triplica el promedio nacional, sino que supera con creces la tasa del Valle de Aburrá, a pesar de que el Suroeste cuenta con una población infinitamente menor a la del área metropolitana de Medellín.
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Sebastián Londoño Sierra, también investigador del ICP, complementa la magnitud de esta terrible desproporción demográfica frente al crimen: «Una décima parte de la población del Valle de Aburrá concentra casi la quinta parte de los homicidios totales hoy de todo el departamento. Un incremento de casi 540 %, en menos de 15 años tiene que llamar la atención. Sobre todo, con una desproporción en términos poblacionales. Ese es un asunto fundamental y da muy buenas pistas de las formas en que los actores criminales gobiernan, pretenden gobernar o subyugan y someten a las poblaciones».
El estudio revela que entre 2010 y 2015 la subregión pasó del 2,93% al 12,43 % de los homicidios en Antioquia. Para 2019 tuvo una reducción al 9,53 % y de allí en adelante se presentó un preocupante aumento para llegar al 18,63 % en 2025.
Homicidios en el Suroeste antioqueño Foto:Alejandro Mercado
Cuatro actores armados
¿Qué es lo que verdaderamente ocurre en esta próspera zona cafetera? La inseguridad en el Suroeste no responde a fenómenos aislados de delincuencia común, sino a la compleja y calculada confluencia de actores armados de enorme capacidad militar y económica.
En el territorio convergen el temido Clan del Golfo, principalmente a través de su aguerrida Subestructura Edwin Román Velásquez, así como estructuras de larga data provenientes del Valle de Aburrá, como La Terraza y La Miel, junto con bandas delincuenciales locales que se disputan a sangre y fuego el control territorial total.
Según revela el análisis del ICP, los indicios de no agresión y treguas que a veces se pactan en el Valle de Aburrá sencillamente no se reproducen en el Suroeste, convirtiendo a esta subregión en un campo de batalla cruzado y antagónico donde los deseos de hegemonía chocan de forma frontal.
Mapa del conflicto Armado en Antioquia Foto:ICP
Estos son los cuatro actores armados que se disputan el microtráfico, la extorsión y la minería ilegal en el territorio:
- Clan del Golfo: es la principal amenaza con una notoria expansión desde el Urabá y el Occidente. Controla el mercado local de drogas extorsión y minería y busca dominar el corredor hacia el Pacífico.
- La Terraza / Oficina de Andes: Opera como ‘Halcones del Suroeste, con presencia en Hispania, Andes, Betania y Jardín y mantiene una confrontación activa con el Clan del Golfo por el control territorial.
- La Miel & San Pablo: De origen en el sur del Valle de Aburrá, sería aliada del Clan del Golfo y es la conexión entre el área metropolitana de Medellín y el Suroeste cercano. Opera el tráfico local de estupefacientes en varios municipios.
- La Erre & Carne Rancia: Surgidas entre 2019 y 2020 tras una ruptura interna. Confrontan al Clan del Golfo y entre sí intensificando la violencia homicida en la subregión.
Potencial de la subregión
La vía 4G Pacífico 1 Foto:Agencia Nacional de Infraestructura
De acuerdo con los investigadores, este fenómeno migratorio del músculo delincuencial se debe, en gran medida, al estancamiento o agotamiento de rentas y territorios en otras áreas ya saturadas.
Londoño añade una lectura crucial a esta dinámica: «mientras la situación de violencia en el Valle de Aburrá se controla, de alguna manera ya no hay más territorio de expansión criminal… no hay una renta más que explotar en el Valle de Aburrá, pues eso va a generar que efectivamente el actor criminal busque otras zonas de expansión».
Y esa expansión agresiva busca capturar, monopolizar y exprimir rentas ilegales que van mucho más allá del simple tráfico local de estupefacientes o el llamado microtráfico. La extorsión generalizada y el interés de control sobre la explotación ilícita de minerales, especialmente frente a desarrollos recientes en infraestructura vial (como las autopistas de cuarta generación), han puesto al Suroeste firmemente en la mira de las mafias.
Homicidios en el Suroeste antioqueño Foto:ICP
Preciado lo resume indicando que se trata de «una subregión que tiene un valor geoestratégico creciente… ha crecido en inversión, que tiene unas autopistas que han avanzado en conectividad… efectivamente el valor geoestratégico crece para todos lados. Crece para el lado legal y crece para el lado ilegal».
En este escenario de abundancia, el Clan del Golfo y los Grupos de Delincuencia Organizada buscan establecer una firme «gobernanza criminal», controlando de facto las economías en total ausencia de una respuesta estatal que logre disuadirlos eficazmente.
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La ‘Paz Total’ también influye
A la par de esta agresiva expansión de los clanes, las decisiones políticas a nivel nacional han jugado un papel que muchos analistas tachan de determinante en el agravamiento de la crisis regional.
El concepto y aplicación de la política de ‘Paz Total’, impulsada por el actual Gobierno nacional, ha tenido un profundo impacto en la operatividad de la fuerza pública, generando severas críticas desde distintos sectores técnicos, judiciales y políticos.
Cartel de los más buscados del ‘clan del Golfo’ Foto:archivo
Claudia Carrasquilla, concejal del distrito de Medellín y con una amplia trayectoria como exfiscal contra el crimen organizado, no oculta su enorme frustración respecto a la parálisis operativa: «Me duele mucho ver en este momento cómo hemos disminuido esa capacidad de operaciones en contra del crimen organizado. Desafortunadamente el tema de la ‘paz total’ puso un freno de mano a las investigaciones tanto en la Fiscalía General de la Nación como en la Policía Nacional y en los centros de investigación».
Carrasquilla indica que hay un desconsuelo que impera al interior de las entidades judiciales frente a la imposibilidad práctica de avanzar en las macro-judicializaciones que antes desmantelaban clanes enteros.
«Es muy lamentable escuchar a compañeros fiscales cuando se les dice que las operaciones no pueden seguir adelante, que no se pueden hacer efectivas ni materializar muchas de las órdenes de captura contra muchos de los cabecillas de estas estructuras criminales y aquí es donde los indicadores de violencia siguen subiendo y la operatividad es muy difícil o se hace muy complicada», señala Carrasquilla.
Claudia Carrasquilla Minami, concejala del Centro Democrático. Foto:Concejo de Medellín.
Además, la exfiscal subraya la urgente necesidad de retomar investigaciones estructuradas e inteligentes: «Me parece muy importante volver al tema del inventario criminal… Solamente vamos por los cabecillas y sabemos que si nosotros capturamos un cabecilla, pues el segundo está ahí para subir o sucederlo simplemente, pero si nosotros vamos sobre toda la estructura criminal, pues creo que serían los recursos más eficientes para combatir estas estructuras».
Por su parte, Juan Espinal, representante a la Cámara por Antioquia, apunta sin rodeos a la desarticulación del apoyo del Estado central en las regiones más asediadas por la criminalidad.
«Cuando uno ve el acumulado, un 540 % en los últimos 15 años en el aumento de homicidios… yo creo que eso es un problema estructural y el problema viene del gobierno», asevera Espinal. «Otro problema adicional es que el gobernador y los alcaldes están completamente solos en el accionar versus que el Gobierno Nacional tomó la decisión de disminuir las horas de vuelo para operaciones del ejército y de la policía al año de 50.000 a 20.000 horas de vuelo«.
Más violencia, menos capturas
Capturas en el Suroeste Foto:ICP
Esta alarmante desconexión institucional de la que hablan los líderes políticos es directamente respaldada por los datos estadísticos que muestra la investigación del ICP.
Paradójicamente, a pesar de que existe un incremento evidente en la violencia homicida y en las incautaciones de armas letales, en la subregión del Suroeste se registra un declive sostenido en el volumen de capturas desde el año 2019. Andrés Preciado lo explica contundentemente haciendo alusión a los diálogos gubernamentales: «Si la paz total no pasaba por Antioquia, ni iba a ser paz ni iba a ser total… seguimos con ese desbalance entre la negociación y la persecución, el protagonismo de la negociación fue en detrimento de la persecución de grupos armados«.
Conclusiones
Ante este panorama tan sumamente desalentador para la ciudadanía, las conclusiones de fondo de los expertos instan a ejecutar un cambio estructural inmediato en la forma de abordar la política de seguridad y defensa a nivel país.
Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), enfatiza enfáticamente que las dinámicas sanguinarias en el Suroeste no surgieron de la noche a la mañana ni son meramente coyunturales.
Suroeste antioqueño Foto:CEET
Más bien, estas nacen como el producto de sistemas criminales adaptativos complejos que han sabido leer las debilidades del Estado.
«Hay unas lógicas que exigen que el país empiece a pensarse una nueva doctrina de seguridad, una nueva política de seguridad y defensa, se desarrollen nuevas capacidades, se hagan inversiones», sostiene Chacón.
El director del ICP fue absolutamente categórico sobre cuál debe ser la estrategia a futuro, distanciándose de raíz de las soluciones simplistas y reactivas basadas únicamente en aumentar la cantidad de uniformados en las calles sin tecnología de respaldo.
Eso es más costoeficiente que simplemente prometer que vamos a ampliar el pie de fuerza, que entre otras cosas es que un policía a usted no lo pide por Temu
Carlos Augusto ChacónDirector del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP)
«¿Qué vamos a necesitar en el próximo gobierno? Que se invierta en inteligencia, inteligencia estratégica, inteligencia criminal, inteligencia financiera. Eso es más costoeficiente que simplemente prometer que vamos a ampliar el pie de fuerza, que entre otras cosas es que un policía a usted no lo pide por Temu. Usted se demora formando un buen policía mínimo 2 años», argumenta el experto.
Para Chacón y el panel de investigadores, la solución real, integral y definitiva radica en dinamitar la logística criminal y, simultáneamente, promover sólidas oportunidades de mercado para las poblaciones acorraladas por la ilegalidad.
«Vamos a necesitar dar golpes importantes a toda la cadena de valor y suministro, rompiendo nodos… Para afectar los centros de poder criminal donde hoy están ubicadas esas estructuras y entender cómo están funcionando esas cadenas logísticas».
ALEJANDRO MERCADO – @AlejoMercado10
Periodista de Nación
Medellín
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