La condena contra Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido con el alias de Castor y señalado como máximo cabecilla de la organización criminal Los Costeños, volvió a poner en el centro del debate la dinámica de las estructuras delictivas que operan en Barranquilla y su área metropolitana.
Esta semana un juez penal especializado de conocimiento de Barranquilla lo sentenció a 26 años y 4 meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que aceptó su responsabilidad en múltiples delitos cometidos durante la última década. Entre los cargos reconocidos figuran homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, fabricación y porte de armas de fuego y explosivos, además de amenazas a servidor público.
La investigación judicial estableció que alias Castor ordenó al menos 95 homicidios selectivos y diversos ataques armados que dejaron 38 personas heridas en Barranquilla y el municipio de Soledad. Estos hechos ocurrieron entre 2014 y 2024, en medio de una violenta disputa por el control de rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico y el dominio territorial en varios barrios del Atlántico.
Sin embargo, más allá del impacto judicial de la sentencia, expertos en seguridad advierten que el escenario criminal en la ciudad no cambiará de manera inmediata. La razón principal es que el propio Castor ya llevaba varios años privado de la libertad y aun así mantenía influencia dentro de la organización que fundó en 2012.
Un jefe preso que siguió dirigiendo
El profesor e investigador de la Universidad del Norte, Luis Trejos, quien ha estudiado durante años el fenómeno de las estructuras criminales en la región Caribe, explica que la condena no necesariamente altera el funcionamiento de Los Costeños.
Luis Trejo es el director del Centro de Pensamiento UN Caribe. Foto:Archivo particular
Según el analista, el primer elemento que debe tenerse en cuenta es que Castor no fue capturado recientemente. Su detención ocurrió en mayo de 2019 en Venezuela, tras huir de Colombia, y posteriormente fue extraditado en abril de 2023. Actualmente permanece recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.
A pesar de ese periodo en prisión, Trejos sostiene que la organización nunca dejó de operar ni perdió cohesión interna.
En su análisis, el investigador afirma que la privación de la libertad no implicó que Castor perdiera el liderazgo ni el control de la estructura criminal. Desde distintos centros de reclusión, el cabecilla habría seguido ejerciendo influencia sobre las decisiones estratégicas del grupo, especialmente en la administración de las rentas ilegales y en la resolución de disputas con otras organizaciones.
Ese fenómeno, explica Trejos, es frecuente en las estructuras criminales colombianas, donde los jefes continúan ejerciendo mando desde las cárceles mediante intermediarios o mandos regionales.
El surgimiento del Bloque Resistencia Caribe
Uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores es la aparición de una estructura paralela vinculada a Los Costeños.
De acuerdo con Trejos, desde el año pasado comenzó a tomar fuerza un grupo conocido como Bloque Resistencia Caribe, que estaría funcionando como una especie de alter ego de la organización original.
Este movimiento tendría una lógica estratégica. Según el analista, el objetivo sería separar formalmente a Los Costeños de los delitos más graves mientras se desarrollaban acercamientos con el Gobierno nacional en el marco de posibles diálogos sociojurídico en Barranquilla.
Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz, alias Castor. Foto:Archivo particular
La creación de esa estructura permitiría que la organización principal intentara desmarcarse de asesinatos, extorsiones y otras actividades ilegales, atribuyendo esos hechos a una agrupación diferente.
El riesgo, advierte Trejos, es que esa estrategia pueda ser utilizada para evadir responsabilidades penales.
Si el Estado acepta que el Bloque Resistencia Caribe es una organización distinta, Castor podría argumentar que los delitos cometidos recientemente no corresponden a Los Costeños sino a otra estructura criminal que ocupa los territorios que ellos supuestamente abandonaron.
Por esa razón, el investigador considera clave que las autoridades logren demostrar que ambos grupos forman parte de una misma red criminal.
El desafío para las autoridades
La reacción oficial tras conocerse la condena fue presentada como un logro importante en la lucha contra el crimen organizado en el Atlántico. Autoridades locales señalaron la decisión judicial como una señal contundente contra las estructuras delincuenciales que operan en Barranquilla y su área metropolitana.
Esta semana se conoció una nueva amenaza de Los Costeños. Foto:Redes sociales
Además, anunciaron el fortalecimiento de operativos policiales y la oferta de recompensas de hasta 15 millones de pesos para quienes entreguen información que permita capturar a integrantes de estas organizaciones.
No obstante, el principal reto para la Fiscalía y la Policía será demostrar la continuidad operativa de Los Costeños bajo nuevas denominaciones o estructuras.
Los investigadores deberán establecer si el Bloque Resistencia Caribe es efectivamente una organización distinta o si se trata de una fachada creada para mantener las mismas redes criminales mientras se intenta negociar con el Estado.
La historia reciente de esta estructura muestra que su capacidad de adaptación ha sido una de sus principales fortalezas. Los Costeños han sido señalados como uno de los grupos responsables de buena parte de la violencia urbana en Barranquilla, con presencia en varios municipios del Atlántico y con un fuerte control de economías ilegales.
Incluso en octubre de 2025, el propio Castor reveló en una entrevista radial la existencia de un acuerdo de “paz urbana” con la organización conocida como Los Pepes, que incluía el cese temporal de homicidios, hurtos y extorsiones hasta enero de 2026.
Ese tipo de pactos demuestra que las dinámicas criminales en la ciudad no dependen únicamente de la situación judicial de sus cabecillas.
Por eso, aunque la condena contra alias Castor representa un avance importante en el plano judicial, el verdadero desafío para el Estado será desmontar la estructura que él construyó y evitar que continúe operando bajo nuevos nombres o con mandos intermedios que mantengan intacto el negocio criminal en Barranquilla.
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