En marzo de 2018, un equipo periodístico de El Comercio viajó a Esmeraldas, una provincia ecuatoriana que colinda con el departamento de Nariño, en búsqueda de pistas sobre el periodo de violencia que estaba viviendo la región. Eran el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, quienes se toparon de frente con la misma guerra, al ser secuestrados el 26 de marzo de ese año, hoy hace exactamente ocho años, por disidentes de las Farc de la servidumbre de Walter Patricio Arízala, alias Guacho.
El día del secuestro se perdió toda comunicación con los periodistas, los cuales fueron declarados como víctimas de desaparición. De inmediato, todos los reflectores se posaron sobre Guacho, quien entonces era el jefe de la estructura Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, con amplia presencia en la región. En contados días, las víctimas fueron ejecutadas sin piedad en zona rural de Nariño, lo que generó tensiones diplomáticas con Ecuador y una oleada de rechazo de ciudadanos de ambos países, por la crudeza del acto contra personas ajenas al conflicto armado. Entre quienes participaron del crimen, al parecer, está el disidente Carlos Arturo Landázuri Cortés, alias El Gringo.
Alias El Gringo. Foto:Archivo particular
Alias El Gringo es, ahora, un dolor de cabeza para las autoridades investigativas y judiciales a cargo del caso de los periodistas de El Comercio, pues ha buscado insistentemente salir de prisión. Este disidente, de quien se tienen imágenes públicas portando fusil, fue capturado en enero de 2024. La Fiscalía tiene la hipótesis de que participó en toda la cadena del crimen contra el equipo periodístico y lo imputó, recién en diciembre pasado, por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, trafico de armas de fuego, y homicidio agravado. Sin embargo, ante la demora por la definición de su situación jurídica, ya ha intentado dos veces quedar libre.
El último pronunciamiento fue del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto, el cual, el pasado 6 de marzo, negó la solicitud de alias El Gringo. En la sentencia se explica, en una tesis hasta ahora poco explorada, que el equipo periodístico fue conducido desde Ecuador a territorio colombiano bajo engaños y con el verdadero propósito de canjearlos por tres integrantes del grupo ilegal que habían sido capturados previamente por autoridades ecuatorianas.
“El secuestro se prolongó hasta abril de ese mismo año, cuando el grupo armado informó mediante comunicado que los había ejecutado ante la falta de acuerdo con el gobierno ecuatoriano y debido a la presión de las autoridades. Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, la orden de ejecución fue impartida por alias ‘Guacho’, líder del GAOR Oliver Sinisterra, y los homicidios se perpetraron en la vereda El Coco o Los Cocos, zona rural cercana a Tumaco – Nariño, donde los cuerpos fueron inhumados en una fosa”, se lee en la sentencia.
En ese contexto, Carlos Arturo Landázuri, El Gringo, fue identificado por la Fiscalía como uno de los principales responsables del secuestro y posterior homicidio de los ciudadanos ecuatorianos. A este criminal lo echaron al agua sus propios compañeros, quienes han caído a cuentagotas y que, en procesos de colaboración con la justicia, han relatado que se trataría de la mano derecha de alias Guacho y quien participó en la cadena de retención, traslado y ejecución de los periodistas.
Alias El Gringo. Foto:Archivo particular
Landázuri, El Gringo, presentó un recurso de apelación contra el fallo con el cual se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Su defensa señaló que la decisión vulnera el debido proceso y el derecho de defensa, dado que la audiencia se realizó sin la presencia de un abogado de confianza para el procesado, quien se encontraba incapacitado, por lo que en su lugar se designó un defensor público. Esta circunstancia, señaló, desconoció el derecho constitucional del procesado a ser asistido por su defensor de confianza, lo cual genera una irregularidad que afecta la validez de la audiencia.
Sin embargo, la bancada de las víctimas respondió que liberarlo representaría un grave riesgo para la sociedad, pues ejercía un rol de liderazgo dentro del denominado frente Oliver Sinisterra, lo que evidencia su capacidad criminal y posible redes de apoyo aun activas que puedan interferir en la investigación. Además, que podría escaparse fácilmente de la justicia y no comparecer al proceso, ante la gravedad de las penas y el carácter internacional del caso. En definitiva, que Colombia libere a El Gringo sería, en una palabra, revictimizante.
En medio de este panorama, el Juzgado consideró que existe información suficiente para creer que El Gringo tuvo participación en el secuestro y homicidio del equipo periodístico de El Comercio, como miembro activo y líder del frente Oliver Sinisterra. Asimismo, el Juzgado expresó su preocupación por una eventual libertad de El Gringo, pues en palabras sencillas es un peligro para la sociedad. Es altamente probable que esté vinculado a una organización criminal, que sea culpable de un número plural de delitos y que haya utilizado armas de fuego para ello. Al proceso fueron allegados tres testimonios que referencian que, incluso, habría dado las órdenes para enterrar los cadáveres.
Protesta por asesinato de equipo periodístico de El Comercio. Foto:EFE
“Resulta en extremo grave el desprecio por la vida de los secuestrados cuando se dejó por sentado en el proceso que, ante la falta de concesión de las exigencias del GAOR Oliver Sinisterra al gobierno ecuatoriano tendientes al canjeo de los retenidos, no se haya reparado en quitar la vida de tres personas que ninguna relación habían tenido con la confrontación planteada por ese grupo ilegal, pues eran personas totalmente ajenas a esta organización. Ante la gravedad de las conductas y el grave peligro que comporta la pertenencia del procesado al referido grupo ilegal, la prisión intramural se muestra como razonable”, concluyó el Juzgado.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
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