Una propuesta impulsada por Donald Trump busca endurecer los requisitos para votar al exigir documentos que acrediten la nacionalidad, pese a que votar sin ser ciudadano ya es ilegal y extremadamente raro en Estados Unidos. Sobre el papel, la iniciativa parece inocua: establece controles similares a los de Colombia y otros países, donde es necesario inscribirse y presentar un documento de identidad para ir a sufragar.
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La ley exige demostrar la nacionalidad antes de poder registrarse para sufragar. Foto:EFE
Pero en Estados Unidos la propuesta ha desatado una verdadera batalla política entre republicanos y demócratas. Para estos últimos, se trata de una solución a un problema inexistente, cuyo objetivo real sería limitar el derecho al voto de los sectores más vulnerables e influir en los resultados electorales de noviembre próximo.
El debate gira en torno al SAVE America Act, una iniciativa aprobada la semana pasada en la Cámara de Representantes por un margen estrecho y que ahora enfrenta un camino mucho más incierto en el Senado.
Pero el presidente Donald Trump elevó la presión al máximo, calificándola como su “prioridad legislativa número uno” y amenazando con que no firmará ninguna otra ley hasta que esta llegue a su escritorio.
Incluso va más allá, dejando entrever con claridad sus intenciones. De acuerdo con Trump, la ley podría “garantizar” el triunfo republicano en las elecciones de mitad de mandato o ser su sentencia de muerte en caso de no ser aprobada.
Eso, cuando todos los sondeos señalan un triunfo demócrata en los próximos comicios, que les devolvería el control de al menos una de las dos cámaras, algo grave para Trump, pues complicaría su agenda en los últimos dos años de su mandato.
¿Existe realmente el fraude que Trump quiere frenar?
El argumento central del presidente es que la ley es necesaria para evitar que los inmigrantes indocumentados voten en las elecciones federales. También ha insistido, sin pruebas, en que los demócratas promueven ese tipo de fraude para alterar los resultados.
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Las licencias con Real ID o pasaportes serán documentos válidos para votar. Foto:Palm Beach County Tax Collector
Y su razonamiento tiene grandes grietas. En Estados Unidos, de entrada, ya es ilegal votar si no se es ciudadano. Es decir, no existe una zona gris ni una laguna jurídica que requiera tal claridad.
Es una prohibición vigente desde hace décadas, frente a la cual ya existen sanciones. Pero además, e igualmente importante, los casos de voto de no ciudadanos son extremadamente raros en el país.
Datos recopilados por el propio gobierno de Trump ofrecen una dimensión concreta del fenómeno.
De 49,5 millones de registros de votantes analizados recientemente mediante un sistema del Departamento de Seguridad Nacional, apenas unos 10.000 fueron remitidos para revisión por posible falta de ciudadanía.
Eso equivale a alrededor de 0,02 por ciento. Y ni siquiera está claro cuántos de esos casos terminaron siendo votos válidos.
En algunos estados, las cifras son aún más ilustrativas. En Florida, por ejemplo, solo 15 nombres sospechosos aparecieron en una base de datos de 176.000 votantes, y varios resultaron ser ciudadanos registrados por error. En Luisiana, el sistema identificó 403 posibles no ciudadanos entre 3 millones de inscritos, es decir, cerca de 0,01 por ciento.
Y aunque, como dicen los republicanos, un solo voto ilegal es un problema, no hay evidencia alguna de que se trate de un fenómeno extendido o capaz de alterar los resultados. Es visto, más bien, como una anomalía propia de cualquier sistema electoral.
La ley podría restringir el acceso al voto. Foto:iStock
Con ese telón de fondo, los críticos sostienen que la ley no apunta realmente a combatir el fraude, sino a restringir el acceso al voto. Es allí donde entra el concepto clave que usan expertos electorales y demócratas, y que en EE. UU. se conoce como “disenfranchisement”, es decir, privar del derecho al voto a ciudadanos elegibles mediante barreras administrativas.
La ley, de hecho, introduce cambios significativos que podrían alterar la forma en que millones de estadounidenses participan en las elecciones.
Lo primero es que endurece los requisitos de identificación a nivel nacional. Actualmente, quienes se registran para votar pueden demostrar su elegibilidad con un número de licencia de conducir, los últimos dígitos de su número de seguro social o mediante verificaciones administrativas.
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El proyecto obligaría a presentar, en persona, una prueba documental de ciudadanía, como un pasaporte, un certificado de nacimiento o una identificación militar. Esto limitaría el registro por internet o por correo y obligaría a los votantes a acudir físicamente a las oficinas electorales.
Además, impondría la obligación de presentar una identificación con foto emitida por el gobierno en los centros de votación y exigiría adjuntar copias de dicha identificación tanto para solicitar como para enviar los votos por correo. También ordena a los estados cruzar sus padrones con bases de datos federales y prevé sanciones penales para funcionarios electorales que no verifiquen adecuadamente la elegibilidad.
¿A quién podría afectar más esta reforma electoral?
El segundo punto es, quizás, el más polémico. Millones de votantes elegibles hoy no cumplen esos requisitos o tendrían dificultades para hacerlo.
21,3 millones de personas en EE. UU. no cuentan con documentos que prueben fácilmente su ciudadanía. Foto:Embajada de Estados Unidos
Un estudio del Brennan Center y la Universidad de Maryland estima que cerca del 9 por ciento de los votantes, unos 21,3 millones de personas, no cuentan con documentos que prueben fácilmente su ciudadanía o no pueden obtenerlos con rapidez.
En 45 estados, además, las licencias de conducción no indican el estatus de ciudadanía, lo que complica su uso como prueba.
Los efectos potenciales ya tienen antecedentes. En Kansas, una ley similar aprobada en 2011 llevó a que cerca de 31.000 votantes elegibles, aproximadamente el 12 por ciento de los solicitantes, fueran rechazados en el proceso de verificación. La norma fue posteriormente anulada por un juez federal.
El impacto tampoco sería uniforme. Mujeres que cambiaron de apellido tras casarse, ciudadanos naturalizados, personas de bajos ingresos o con menor acceso a documentos oficiales podrían enfrentar obstáculos adicionales para registrarse o votar.
El tercer eje del debate se relaciona con la capacidad de los estados para aplicar la ley. La propuesta exige que los cambios entren en vigor rápidamente, incluso en medio de un ciclo electoral ya en marcha, y no contempla financiamiento adicional. Oficinas electorales locales, muchas de ellas con recursos limitados, tendrían que crear, en cuestión de meses, sistemas para verificar la ciudadanía, gestionar documentos y adaptar procedimientos.
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En EE. UU. no existe una cédula o un documento nacional único de identidad. Foto:EFE
Expertos advierten que eso podría generar caos administrativo. David Becker, director del Center for Election Innovation and Research, lo resumió de forma contundente al New York Times al señalar que la ley parece diseñada para “crear caos” en el sistema electoral y no para solucionar sus flaquezas.
En paralelo, varios estados han advertido que no cuentan con la infraestructura para cumplir con requisitos como la recolección y verificación de copias de identificación en votaciones por correo, lo que, en la práctica, podría restringir ese mecanismo.
El cuarto elemento es el contexto político en el que surge la iniciativa. Trump ha mantenido durante años la narrativa de que las elecciones están plagadas de fraude, en particular desde su derrota en 2020, pese a que múltiples investigaciones, tribunales y autoridades electorales han concluido que no hubo irregularidades.
Para sus críticos, el SAVE America Act se inscribe en esa estrategia más amplia de sembrar dudas sobre el sistema electoral y preparar el terreno para cuestionar resultados adversos.
También existe preocupación por el manejo de datos. La ley obligaría a los estados a compartir información de los votantes con el gobierno federal, lo que algunos expertos consideran un riesgo. Temen que errores administrativos habituales, como registros duplicados o inconsistencias en los nombres, puedan ser utilizados para alegar fraude inexistente.
¿La iniciativa puede prosperar?
Más allá de la controversia, el debate revela una característica estructural del sistema electoral estadounidense. A diferencia de muchos países, no existe una cédula o un documento nacional único de identidad.
Trump ha mantenido durante años la narrativa de que las elecciones están plagadas de fraude. Foto:Archivo
Es decir, los votantes utilizan una combinación de documentos, desde licencias de conducir hasta números de seguro social, y los estados tienen amplia autonomía para definir los requisitos. Esa diversidad es, precisamente, lo que, según críticos, hace que imponer un estándar federal rígido tenga efectos desproporcionados.
En el frente legislativo, el panorama es incierto. Los republicanos no cuentan con los 60 votos necesarios en el Senado para superar un filibusterismo demócrata, lo que, en condiciones normales, bloquearía la ley.
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Sin embargo, Trump ha planteado la posibilidad de eliminar ese mecanismo, una medida drástica que permitiría aprobar la legislación por mayoría simple, pero que cambiaría profundamente las reglas del juego en el Congreso.
Algunos republicanos han expresado reservas sobre ese camino, conscientes de que el fin del filibusterismo podría volverse en su contra si pierden el control de la Cámara.
Pero la presión que ejerce Trump es tan grande que nadie descarta que pueda ser aprobada.
Elecciones en Estados Unidos Foto:AFP
Así, lo que comenzó como una propuesta aparentemente técnica sobre la identificación de votantes se ha convertido en uno de los debates más intensos sobre democracia en el país.
En el centro de la discusión no solo está la seguridad electoral, sino el acceso mismo al voto y el equilibrio entre prevención de fraude y participación ciudadana.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
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