Chats en poder de la Fiscalía revelan que alias Calarcá, jefe de las disidencias, habría ordenado asesinatos y el reclutamiento de menores de edad mientras su estructura estaba sentada en la mesa de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. Las conversaciones, conocidas tras una incautación de dispositivos, son ahora pieza central de una investigación que llevó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a insistir en la reactivación de su orden de captura.
Uno de los episodios más graves documentados en los mensajes tiene que ver con el homicidio de un líder social. Según la Fiscalía, en los chats no solo aparece la orden para ejecutarlo, sino también el reporte posterior del crimen dirigido a ‘Calarcá’. “Hay un caso en particular que está manejando la Unidad Especial de Investigación que tiene que ver con el homicidio de un líder social. La orden para ejecutarlo aparece ahí en los chats y luego aparece la evidencia de su asesinato y cómo se le reporta a alias Calarcá”, aseguró Camargo en diálogo con El Espectador.
Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Foto:Ernesto Guzmán/Efe
En otro fragmento de las conversaciones, el presunto sicario, alias Chalá, habría enviado una fotografía de un hombre amarrado, quien, según los intercambios, sería Juan Gabriel Hurtado Betancour. Este material hace parte del conjunto de pruebas halladas en los dispositivos incautados durante un operativo previo.
Los hechos se remontan al 6 de enero de 2024, cuando las disidencias se encontraban en cese al fuego con el Gobierno. De acuerdo con los mensajes, ‘Calarcá’ habría ordenado el asesinato de uno de sus propios hombres, un excombatiente firmante del acuerdo, presuntamente por hablar mal de él.
Para la Fiscalía, el contenido de estos chats evidencia conductas “muy graves” incompatibles con la permanencia en una mesa de negociación bajo suspensión de órdenes de captura. “Tienen que ver con hechos de homicidios que habrían encargado, y que resultan conductas muy graves como para estar sentado en una mesa de negociación con una suspensión de orden de captura. En eso se fundamenta esa petición”, explicó la fiscal al medio referido.
El tema ya fue discutido entre Camargo y Otty Patiño, en medio del debate sobre la continuidad de los beneficios judiciales para integrantes de grupos armados vinculados a la política de ‘paz total’ del presidente Petro.
La fiscal Luz Camargo y el comisionado de paz Otty Patiño Foto:Archivo.
Las revelaciones se suman a otro episodio que hoy está bajo escrutinio: el retén militar del 23 de julio de 2024 en Anorí, donde una caravana con siete jefes de disidencias —custodiada por la Unidad Nacional de Protección— fue detenida por el Ejército. Aunque los ocupantes portaban material que, según la investigación, podría constituir delitos en flagrancia, la Fiscalía ordenó su liberación al considerar que eran gestores de paz y que no podían ser capturados.
En ese episodio también se menciona un presunto vínculo entre jefes de las disidencias, el general Juan Miguel Huertas y el funcionario de inteligencia Wilmar Mejía, un aspecto que hace parte de las líneas de investigación en curso.
A partir de estos elementos, la Fiscalía reabrió el expediente contra ‘Calarcá’ y avanza en nuevas indagaciones. Según Camargo, los hallazgos refuerzan la hipótesis de que, en paralelo a los acercamientos con el Gobierno, la estructura armada habría continuado —e incluso intensificado— prácticas como asesinatos, reclutamiento de menores y otras acciones criminales.
Redacción Justicia
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