De firmarse como decreto, el Plan de Acción de Derechos Humanos del gobierno del presidente Gustavo Petro tendría vigencia hasta 2036. Es decir, abarcaría a los próximos dos gobiernos y parte de un tercero, que quedarían guiados por esta hoja de ruta que, según se expuso, fue construida en colaboración con organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos. Estos son los ejes.
“El PNADH se constituye como el instrumento de planificación que articula la acción del Estado en esta materia en el país. Su objetivo general es garantizar la promoción, protección y goce efectivo de los derechos humanos. Se plantea como una política pública de Estado de largo plazo (2026–2036), orientada a asegurar la continuidad, coherencia y sostenibilidad de los esfuerzos institucionales, y a superar la fragmentación institucional y territorial”, justificó el Gobierno.
En 2024, 158 líderes sociales fueron asesinados en Colombia. Foto:ONU
La superación de la pobreza
Una de las políticas públicas gira en torno a la superación de la pobreza. Las acciones contempladas reiteran la construcción de obras de infraestructura, la erradicación del hambre y la reducción de todas las formas de discriminación.
Además, el plan contempla metas como la implementación del programa nacional de alfabetización básica de jóvenes y adultos y el fortalecimiento de la atención primaria en salud.
“Diseñar e implementar, en centros poblados y zonas rurales dispersas de los municipios priorizados, programas de construcción, ampliación o mejoramiento de infraestructura, dotación física y talento humano para el funcionamiento de centros comunitarios. Estos espacios deberán integrar, al menos, una institución de educación preescolar; una institución educativa de básica primaria y secundaria; una huerta escolar; un restaurante escolar; un puesto de salud con servicios esenciales —como consultas generales, promoción de la salud, vacunación y programas preventivos—; un comedor comunitario; áreas para actividades deportivas, artísticas y recreativas; y un espacio para la prestación periódica de servicios de atención y protección social a cargo de entidades nacionales, departamentales y municipales”, señala una de las actividades.
La tenencia de la tierra
Otro de los ejes tiene que ver con la tenencia de la tierra, partiendo de la reforma rural integral que prometía formalizar 3 millones de hectáreas a campesinos, una meta que aún está a más de 2,3 millones de hectáreas de cumplirse.
“Implementar el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en los municipios priorizados, garantizando la participación activa de las comunidades en la identificación de necesidades para el mejoramiento de las vías terciarias en sus territorios”, fija una de las tareas.
Este programa, introducido como política pública a través del Plan Nacional de Desarrollo de 2023, ha sido cuestionado por la Contraloría por su baja ejecución. Según cifras a agosto de 2025, y frente a una meta de 33.000 kilómetros de vías terciarias, apenas se había avanzado un 7 %.
Las tareas para fortalecer la justicia y luchar contra la impunidad y la corrupción
Entre las principales actividades a desarrollar en este bloque está la puesta en marcha de la esperada Jurisdicción Agraria, el sistema de justicia especializado en conflictos particulares de la Colombia rural.
Esta jurisdicción está a tan solo una ley, que todavía no aprueba el Congreso, para ser una realidad. Por esa razón se les pide incidencia a las altas cortes y a las entidades territoriales de orden municipal y departamental, para que referencien a los parlamentarios la importancia de contar con un nuevo sistema de justicia enfocada en los conflictos de tierras.
Consejo de Derechos Humanos de la ONU Foto:UN Photo/Antoine Tardy
“Garantizar el acceso efectivo y equitativo al derecho a la justicia mediante la expansión de la presencia institucional de la administración judicial en municipios medianos y pequeños; el establecimiento de un sistema de selección de jueces basado en méritos y competencias, con evaluaciones objetivas que minimicen la influencia política”, es otra de las tareas, cuyo doliente es el Consejo Superior de la Judicatura.
El texto propone, asimismo, diseñar e implementar campañas públicas sostenidas y participativas para transformar las percepciones que normalizan la corrupción y fortalecer una cultura ética que valore lo público y promueva la integridad.
Estas estrategias deben incorporar expresiones artísticas, saberes locales y medios comunitarios, como teatro, muralismo, narración oral, radio y arte digital, para movilizar la conciencia ciudadana y generar cambios culturales. Esa es una tarea entregada al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y a RTVC Sistema de Medios Públicos.
De otro lado, el plan nacional propone crear e implementar un sistema integral de indicadores de desempeño y transparencia para evaluar periódicamente la oportunidad, eficiencia y calidad de las decisiones judiciales; así como la satisfacción de los usuarios del sistema y el trato hacia poblaciones históricamente discriminadas, mediante métricas objetivas y verificables.
También fueron llamadas entidades a fortalecer el control social a la gestión de los asuntos públicos mediante una estrategia de formación que le brinde a las personas y organizaciones sociales, nuevas y mejores herramientas para poder denunciar, de manera efectiva, actos de corrupción.
Por último, se propuso aprobar e implementar un nuevo documento CONPES para el Sistema Penitenciario y Carcelario, que logre superar la grave y masiva violación de derechos humanos que se vive al interior de las cárceles desde 1998.
Sobre la reconciliación, la construcción de paz y la transformación de conflictos
Entre las acciones que se tienen planeadas está implementar una estrategia para el fortalecimiento de las autoridades municipales y departamentales para la prevención del reclutamiento forzado de menores de edad para la guerra.
Murales en defensa de los Derechos Humanos en Cali Foto:Juan Pablo Rueda
La entidad responsable es la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Asimismo, al Ministerio de Educación se le encomendó implementar un esquema de ampliación y resignificación del tiempo escolar, para fortalecer los entornos protectores frente al riesgo latente de reclutamiento.
Al Ministerio de Defensa, por su parte, se le pidió garantizar la protección y el respeto de la población civil que vive en territorios con presencia de grupos armados irregulares, mediante la adopción de directrices claras para funcionarios civiles, militares y de Policía.
Estas orientaciones buscan evitar declaraciones o actuaciones estigmatizantes contra las comunidades, impedir que sean tratadas como actores del conflicto y promover un lenguaje institucional protector y no militarizado hacia la ciudadanía. Ello va acompañado de una garantía de asistencia humanitaria a comunidades afectadas.
El documento propone, asimismo, fortalecer la comprensión del Acuerdo Final de Paz de 2016, para lo cual se convocó a RTVC Sistema de Medios Públicos y al Centro Nacional de Memoria Histórica.
Asimismo, el plan establece acciones que fortalezcan el proceso de reincorporación de personas firmantes, promover el diálogo y la negociación permanente para la superación de conflictos armados, mantener el enfoque de Paz Urbana en dichos procesos, diseñar rutas de reparación constantes a favor de las víctimas, y privilegiar el componente restaurativo de las sanciones propias ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Redacción Justicia
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