La equidad en Colombia sigue siendo una meta esquiva, y la razón principal no es solo la falta de recursos, sino una estructura laboral deficiente. Un reciente estudio elaborado por Fedesarrollo y la Universidad de los Andes pone el dedo en la llaga: la pobreza persistente en el país es el resultado directo de una organización productiva que condena a la población más vulnerable al «rebusque».
Según la investigación, el 88 por ciento de los trabajadores en el cuartil de ingresos más bajos sobrevive mediante el autoempleo informal, generalmente en negocios de menos de cinco personas donde la precariedad es la norma.
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Las economistas Marcela Eslava y Marcela Meléndez, autoras del análisis, advierten que el país padece de un «enanismo productivo». Mientras que el autoempleo representa el 44 por ciento del trabajo total en Colombia, en países de ingresos altos esta cifra apenas llega al 10 por ciento.
Esta dependencia del trabajo por cuenta propia impide la movilidad social y frena el crecimiento económico, creando una brecha abismal entre quienes tienen un empleo formal y quienes deben generar sus propios ingresos día a día sin garantías de seguridad social.
El informe, revelado por Valora Analitik, también destaca una realidad cruda sobre el salario mínimo: este solo beneficia a 2,4 millones de personas, apenas el 10 por ciento de la población ocupada. Para 2024, las cifras eran alarmantes, con un 49 por ciento de los trabajadores ganando menos de un salario mínimo y un 29 por ciento percibiendo incluso menos de la mitad de esa cifra.
El 39 por ciento de los colombianos con menos recursos apenas logra terminar la primaria. Foto:Foto: Archivo particular / El Tiempo
Educación y costos
La brecha educativa profundiza la desigualdad laboral. Mientras que en el sector más rico de la población el 53 por ciento cuenta con educación superior o técnica, en el sector más pobre solo el 7 por ciento alcanza ese nivel.
De hecho, el 39 por ciento de los colombianos con menos recursos apenas logra terminar la primaria, lo que los deja sin herramientas para competir en un mercado que exige mayores competencias.
A este panorama educativo se suman barreras regulatorias que, según las autoras, «castigan» la creación de empresas productivas en Colombia:
Costos laborales: El país tiene los costos extra-salariales más altos de América Latina, representando un 60 por ciento del salario mínimo, casi el doble que en México (36 por ciento) o Chile (28 por ciento).
Carga tributaria: La tasa nominal de impuesto corporativo es del 35 por ciento, la más alta de la región, lo que dificulta la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.
Baja innovación: Colombia solo invierte el 0,3 por ciento de su PIB en ciencia y tecnología, fragmentando los programas de apoyo en intervenciones pequeñas y poco efectivas.
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Propuesta transformadora
Ante esta crisis, Eslava y Meléndez proponen que la solución no es simplemente redistribuir lo que ya existe, pues se corre el riesgo de repartir «una torta cada vez más pequeña». La verdadera salida radica en una transformación productiva integral bajo un liderazgo presidencial decidido y una reforma técnica de instituciones como el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
La estrategia sugerida incluye alinear el sistema educativo con las demandas reales del mercado y revisar de fondo las políticas tributarias y de seguridad social para eliminar los desincentivos al crecimiento empresarial. La meta es que los esquemas de transferencias del Gobierno funcionen como un puente hacia la formalidad y no como un ancla que mantenga a las personas en la informalidad.
En última instancia, el estudio concluye que no se trata de elegir entre crecer o reducir la desigualdad, sino de entender que ambas metas dependen de cambiar la forma en que Colombia produce y trabaja.
* Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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