El cuarto estado de excepción constitucional en los tres años y seis meses del gobierno Petro –decretado la semana pasada por cuenta de la devastadora ola invernal que deja más de 90.000 familias afectadas en una época en la que, históricamente, los desastres eran los incendios forestales por el verano– deja varias lecturas sobre las que bien vale la pena la reflexión.
En primer lugar, la realidad palmaria: la crisis social y económica derivada de un fenómeno sobreviniente existe, y así se cumplen los mandatos del artículo 215 de la carta política para que el Gobierno pueda utilizar las facultades extraordinarias. En esta oportunidad, a diferencia de lo que pasó con la emergencia de diciembre, el presidente Petro y su equipo no tuvieron que forzar argumentos ni tratar de disfrazar como imposibles de prever situaciones que no lo son para argumentar la declaratoria.
LEA TAMBIÉN
Que la actual emergencia económica y social, pues, se justifica, no tiene mayor discusión. Lo cual no implica que no haya que cuestionar el para qué del estado de excepción constitucional. Con ‘cuentas de servilleta’, el presidente Petro dijo primero que se necesitaban 16 billones de pesos –¿es casualidad que fuera la misma cifra que quería recaudar con la emergencia del 22 de diciembre, suspendida por la Corte Constitucional?–, y, literalmente de un día para otro, la cifra bajó a la mitad, $ 8 billones. En todo caso, desde todos los sectores le siguen pidiendo al Ejecutivo que muestre la base de sus cálculos y que recuerde que la misma Corte, al tumbarle varias de las medidas que decretó el año pasado con la conmoción interior por la crisis humanitaria en el Catatumbo, le reiteró que puede buscar recursos para atender la emergencia, pero no para solucionar problemas estructurales que requieren el concurso de todo el Estado y soluciones tramitadas por las vías ordinarias.
LEA TAMBIÉN
¿Un estado de emergencia solo puede enfrentarse vía nuevos impuestos, varios de los cuales o fueron negados por el Congreso o se cayeron en revisión constitucional ordinaria? ¿Por qué se desecha la vía planteada por los gobernadores, el uso de las regalías disponibles, que podría incluso ser más expedita para contar con 6,5 billones para atender el desastre? Preguntas válidas de quienes cuestionan si, más que enfrentar la crisis, el gobierno Petro usa la emergencia para golpear aún más a sectores que no son de sus afectos, como la banca y el de hidrocarburos.
Uno de los grandes hitos de la carta del 91 fue cerrarle la puerta a la tentación autoritaria en la que caían casi todos los gobiernos al decretar, sin mayor justificación, el estado de sitio permanente que permitía la Constitución de 1886, arrogándose superpoderes con el consiguiente desmedro de los derechos ciudadanos.
Los resultados de la conmoción en el Catatumbo están lejos de lo que se prometió hace un año, pues allí siguen mandado el Eln y disidencias y la gente sigue viviendo en el miedo. La declaración del estado de emergencia para La Guajira no trajo el agua a las rancherías, pero sí les dio una gran oportunidad a Olmedo López y su banda de la UNGRD para robarse miles de millones de pesos.
LEA TAMBIÉN
Los estados de excepción son, literalmente, excepcionales. No pueden convertirse en el comodín de los gobiernos. Desgastarlos mediante su uso a conveniencia política, como pasó hace una década con las ‘tutelatones’ promovidas por el entonces alcalde Petro y sus huestes, es otra carga de profundidad contra la Constitución.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En X: @JhonTorresET
Deja una respuesta