El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó la apertura de un incidente de desacato promovido por la Personería Distrital de Barranquilla, al considerar que no se ha cumplido de manera efectiva la medida cautelar que ordenaba el cierre total del antiguo Puente Pumarejo, ante los riesgos para la vida e integridad de la ciudadanía .
La actuación judicial se origina tras la solicitud presentada por el Ministerio Público, que advirtió el presunto incumplimiento de la orden emitida el 9 de octubre de 2025, en la que se exigía a las autoridades competentes instalar cerramientos físicos y señalización que impidieran el tránsito peatonal y vehicular por la estructura.
Pese a los informes entregados por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), en los que se detallan acciones como instalación de señalización, patrullajes y socialización con la comunidad, el Tribunal concluyó que estas medidas no han sido suficientes para garantizar el cierre efectivo del puente, el cual continúa siendo utilizado por la ciudadanía .
Responsabilidad en funcionarios
En el auto, la magistrada ponente Carmen Rosa Lorduy González dispuso iniciar el incidente de desacato contra tres funcionarios del Invías: Carlos Andrés Mendoza Rondón, Fabián Ernesto Arango Pineda y Arnulfo Arias Sáenz, quienes estarían encargados de ejecutar las acciones necesarias para cumplir la orden judicial.
Así se ve el antiguo puente desde lo más alto de la estructura que lo reemplazó en el 2019. Foto:Vanexa Romero /EL TIEMPO
Asimismo, se les otorgó un plazo de 48 horas para que informen de manera detallada sobre el cumplimiento de la medida cautelar, en un proceso que busca establecer si existe responsabilidad por el presunto desacato.
El documento también recoge que, según el Invías, la ejecución total del cierre ha enfrentado dificultades por la oposición de comunidades cercanas, lo que ha requerido incluso acompañamiento policial para avanzar en las intervenciones.
Situación del puente
El antiguo Puente Pumarejo, oficialmente conocido como Puente Laureano Gómez, se encuentra en un avanzado estado de deterioro. Fue Inaugurado el 6 de abril de 1974 por el entonces presidente Misael Pastrana Borrero, esta estructura conectó los departamentos de Atlántico y Magdalena sobre el río Magdalena.
Puente Pumarejo. Foto:Agencia Kronos
El puente presenta vías averiadas, barandas caídas y asfalto afectado, lo que representa un riesgo inminente de desprendimiento de fragmentos para quienes transitan por él o bajo él, incluyendo embarcaciones de pesca y viviendas aledañas.
El Ministerio de Transporte ha anunciado que el antiguo Puente Pumarejo será demolido por fases a partir de 2026. Este proceso de deconstrucción se estima que durará aproximadamente cinco años y contará con una inversión de cerca de 146 mil millones de pesos, provenientes del presupuesto nacional y vigencias futuras.
La decisión de demolerlo se basa en estudios técnicos que confirman su deterioro estructural y la necesidad de garantizar la seguridad y navegabilidad del río Magdalena.
La demolición será parcial, enfocándose en retirar la parte central del puente, específicamente 467 metros entre los pilotes 15 y 22. La estructura restante podría ser aprovechada para futuros proyectos turísticos o miradores.
Un caso que escala en el ámbito judicial
La apertura de este incidente marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que involucra a múltiples entidades del orden nacional y territorial, en el marco de una acción popular que busca proteger derechos colectivos relacionados con la seguridad y el uso de la infraestructura.
De acuerdo con la normativa vigente, el desacato a una orden judicial en este tipo de procesos puede derivar en sanciones económicas e incluso arresto, lo que eleva la relevancia de la decisión adoptada por el Tribunal.
Con esta medida, la justicia administrativa busca determinar si las entidades responsables han actuado con la diligencia requerida o si, por el contrario, se configura un incumplimiento que amerite sanción, en un caso que pone en el centro el control institucional sobre obras y estructuras que representan riesgos para la comunidad.
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