La situación de los derechos humanos en Venezuela durante 2025 se mantiene en un estado de deterioro crítico, caracterizado por una política estatal de represión sistemática y una impunidad casi absoluta frente a crímenes de lesa humanidad. Estas son algunas de las conclusiones del informe de Amnistía Internacional titulado ‘La situación de los derechos humanos en el mundo: abril de 2026’.
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Según los datos recopilados, los poderes del Estado continúan coordinándose para perseguir y castigar severamente cualquier forma de disidencia, real o percibida, frente al gobierno de Nicolás Maduro.
Esta estrategia se ha traducido en cientos de personas víctimas de desaparición forzada o detención arbitraria, así como en prácticas de tortura y otras violaciones graves contra quienes ejercen la crítica política.
Los procesos penales contra estas personas avanzan sin las mínimas garantías judiciales, negándoles el acceso a una defensa de su elección y manteniéndolas bajo cargos infundados como “terrorismo” o “traición a la patria” ante tribunales carentes de independencia.
En este contexto, los periodistas y defensores de derechos humanos se mantienen como blancos centrales de la política represiva, enfrentando detenciones arbitrarias y ataques constantes a la libertad de expresión.
Foro Penal reporta que al menos 806 personas seguían privadas de libertad ilegalmente. Foto: AFP
Al finalizar el año, organizaciones como Foro Penal reportaron que al menos 806 personas seguían privadas de libertad ilegalmente tras las elecciones de 2024, muchas de ellas en régimen de incomunicación.
El control social se ha intensificado mediante el uso de herramientas tecnológicas como la aplicación VenApp, que fue desviada de su propósito original para facilitar denuncias contra disidentes. Asimismo, la aprobación de leyes restrictivas para las organizaciones no gubernamentales ha limitado drásticamente el espacio cívico, obligando a muchos activistas a trabajar desde el exilio mientras enfrentan la criminalización de su labor humanitaria.
A la par de la represión política, la crisis humanitaria compleja persiste con una fuerza devastadora, impulsando el éxodo de aproximadamente 7,9 millones de venezolanos desde 2015.
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La economía del país muestra signos de una erosión profunda del poder adquisitivo, con una inflación estimada en 269,9 por ciento y un salario mínimo mensual que equivale a menos de un dólar estadounidense, mientras que la canasta básica familiar supera los 500 dólares.
Esta precariedad se manifiesta en fallas recurrentes de servicios básicos como agua y electricidad, lo que ha generado miles de protestas sociales por derechos laborales y vivienda digna. A pesar de la gravedad de la situación, casi dos millones de personas siguen dependiendo de la asistencia de organismos internacionales para su supervivencia básica.
Delcy Rodríguez, encargada de Venezuela. Foto: AFP
En este contexto, y pese a los cambios políticos tras la salida de Nicolás Maduro del poder, Amnistía Internacional advierten que el aparato represivo del Estado no ha sido desmantelado, manteniéndose “totalmente vigente” bajo el gobierno interino. Esta continuidad se refleja en la persistencia de detenciones arbitrarias y en la vigencia de los instrumentos jurídicos que han sustentado la persecución política durante años.
En el ámbito institucional, la aprobación de la ley de amnistía impulsada por el gobierno interino permitió la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos. Sin embargo, su aplicación no ha sido automática y se tramita caso por caso ante tribunales, lo que ha generado cuestionamientos sobre su alcance y carácter selectivo. Más de 8.000 personas han sido beneficiadas por esta normativa, aunque cientos continúan privadas de libertad y algunas solicitudes han sido rechazadas o revisadas posteriormente
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Diversas organizaciones sostienen que, lejos de desmontar la estructura represiva, las medidas adoptadas han sido insuficientes para garantizar justicia y reparación. Incluso decisiones simbólicas, como el anuncio del cierre de centros de detención denunciados por violaciones a los derechos humanos, no se han materializado plenamente, lo que refuerza la percepción de continuidad en las prácticas de control estatal.
En el ámbito internacional, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos escaló significativamente tras la ejecución extrajudicial de al menos 110 personas en ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe, justificados por el gobierno de Donald Trump bajo la retórica de la lucha contra el narcotráfico.
Paralelamente, la justicia internacional ha experimentado cambios notables: la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional apartó al fiscal Karim Khan de la investigación sobre Venezuela por un posible conflicto de intereses, dejando el caso en manos del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang.
María Corina Machado y Edmundo González. Foto: Miguel Gutiérrez. EFE
Como respuesta, la Asamblea Nacional venezolana inició los trámites para retirar al país del Estatuto de Roma. En medio de este cerco institucional, la figura de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz, destacando internacionalmente la resistencia civil en un año donde la impunidad, la persistencia del aparato represivo y la falta de avances en derechos de minorías y protección ambiental completan un cuadro de vulnerabilidad extrema para la población.
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