El primer trimestre de este año ha estado marcado por la violencia hacia los líderes sociales en Colombia, especialmente en Antioquia.
Los datos revelan una radiografía desgarradora de la seguridad en el país, evidenciando que el ejercicio del liderazgo social sigue siendo una sentencia de muerte en vastas regiones del territorio.
Los primeros 90 días del 2026 han estado marcados por un recrudecimiento de la violencia letal que, según las cifras oficiales, tiene al departamento de Antioquia como el epicentro absoluto de una crisis humanitaria que parece no encontrar freno institucional.
Homicidios Foto:Archivo EL TIEMPO
Los reportes más recientes compartidos por la Defensoría del Pueblo, alimentados también por el observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), arrojan un balance extremadamente alarmante para el arranque del año.
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, el país fue escenario de 35 masacres que dejaron a su paso un saldo de 133 víctimas mortales.
La cadencia de esta violencia es aterradora: enero registró 13 de estos eventos, febrero presentó una ligera disminución con 9 casos, pero marzo volvió a disparar las alarmas igualando la cifra del primer mes con otras 13 masacres. La dispersión geográfica de este derramamiento de sangre alcanza a 18 zonas del país, incluyendo a Bogotá, demostrando que la criminalidad opera con capacidad a lo largo y ancho del mapa nacional.
Entre enero y marzo, 34 lideresas y líderes sociales han sido asesinados. Desde enero de 2016 la cifra asciende a 1.699 casos.
A este panorama se suman 3 firmantes de paz asesinados y 35 masacres que dejaron un saldo de 133 víctimas.
Cada caso representa una afectación grave a… pic.twitter.com/Dg6Cs4BjrV
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 18, 2026
Dentro de este desolador panorama, Antioquia concentra las peores cifras. Según los datos consolidados en la infografía de Indepaz y la Defensoría del Pueblo, este fue el departamento más golpeado con seis masacres durante este primer trimestre. Le siguen, con la mitad de los casos (tres masacres cada uno), los departamentos de Atlántico, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Pero la violencia en Antioquia no solo se manifiesta en homicidios colectivos indiscriminados; también tiene un enfoque selectivo y letal contra quienes defienden las comunidades.
LEA TAMBIÉN
Un segundo reporte de la Defensoría del Pueblo, centrado exclusivamente en el asesinato de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos durante el mismo periodo, vuelve a ubicar a Antioquia en el primer, y deshonroso, lugar.
De los 17 departamentos afectados por estos crímenes selectivos en los primeros meses del año, Antioquia registra la cifra más alta con ocho homicidios. Detrás se ubican zonas históricamente convulsas como Cauca (4 casos), Arauca (4 casos) y Nariño (3 casos), mientras que Huila, Putumayo, Atlántico y Magdalena reportan dos casos cada uno.
Violencia contra líderes sociales Foto:Forjando Futuros
Para entender la magnitud real de lo que ocurre en Antioquia y en el resto del territorio nacional, es imperativo mirar el acumulado histórico y las dinámicas subyacentes.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, más de 1.900 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Colombia, según datos de Indepaz.
El reciente informe ‘Violencias discursivas y riesgos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia’, elaborado por la Fundación Forjando Futuros, advierte que esta crisis está lejos de amainar, documentando 1.180 agresiones contra defensores entre 2024 y 2025 (con 727 casos en el primer año y 453 en el segundo).
Estas cifras evidencian la persistencia y el escalamiento de un entorno de altísimo riesgo. Solamente durante el año 2025, 187 líderes y lideresas sociales fueron asesinados, crímenes que se concentraron principalmente en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, territorios donde confluyen disputas territoriales, presencia de múltiples actores armados y el peso de economías ilícitas.
Sin embargo, el riguroso análisis de la Fundación Forjando Futuros plantea que esta hemorragia social no puede entenderse únicamente a través de la lente de los factores armados o territoriales. Existe un arma silenciosa pero igualmente letal que precede a las balas: la estigmatización.
El documento advierte que los discursos de odio y la desinformación han contribuido directamente a recrudecer la violencia que termina provocando la muerte de estos liderazgos.
Violencia contra líderes sociales Foto:Forjando Futuros
Estas violencias discursivas presentan a las lideresas y líderes sociales como enemigos del desarrollo, como actores ilegítimos o, en el escenario más peligroso, como aliados encubiertos de los grupos armados ilegales.
Al sembrar la duda sobre la legitimidad de su labor, estas narrativas facilitan y justifican los escenarios de agresión física. Lo más preocupante es que estas dinámicas se amplifican a través de ciertos medios de comunicación y en las redes sociales, donde circulan de manera sistemática campañas de desprestigio que incrementan exponencialmente la exposición al riesgo de los defensores.
La Fundación hace un llamado urgente a reconocer estas violencias discursivas como un factor estructural de riesgo que debe ser enfrentado para garantizar la vida y la libertad de opinión en el país.
Deja una respuesta