En medio del escándalo generado por las graves denuncias que hizo la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, el Gobierno emitió el decreto que ordena el traslado que $ 25 billones de pesos de recursos de los ciudadanos que decidieron cambiarse de régimen bajo la ventana de oportunidad establecida en la Ley 2381 de 2024 de AFP a Colpensiones.
La norma establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán transferir la totalidad de los ahorros individuales; en un plazo de 20 días deberán pasar el 50 % de esos 25 billones y en los próximos 10 días el 50 % restante.
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Hace dos meses, cuando se había publicado el borrador de decreto, Anif había lanzado una alerta sobre los posibles efectos negativos sobre el sistema pensional y la presión en las finanzas públicas que conllevaría esa operación.
La medida no tardó en generar reacciones en el Congreso. La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, fue una de las primeras voces en alzarse contra el decreto y cuestionó el momento en que se produce la operación. «El Gobierno se apropia de $25 billones de los ahorros pensionales en solo 15 días, justo cuando el CARF advierte un déficit fiscal que exige un ajuste de $70 billones», señaló la congresista, quien recordó que durante el trámite de la reforma pensional se logró incluir una disposición para que esos recursos permanecieran protegidos en el Banco de la República y solo se trasladaran cuando el afiliado alcanzara su edad de pensión, blindándolos para que no fueran «caja menor del gobierno de turno».
Publicación en X de la senadora Norma Hurtado. Foto:@normahurtados – X
Para Hurtado, el decreto no solo rompe ese acuerdo, sino que llega en un momento sospechoso: a tan solo 38 días de la primera vuelta presidencial. Por ello, hizo un llamado urgente al Consejo de Estado para que dicte la suspensión cautelar de la medida. «No se puede permitir que el patrimonio de toda una vida se convierta en el combustible de una campaña electoral», advirtió la senadora.
En la misma línea, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Óscar Darío Pérez calificó la decisión como de una gravedad «superlativa» y cuestionó el destino real de los recursos. Para el congresista, la ley es clara en que cuando un afiliado se traslada de fondo, los ahorros acumulados deben seguir siendo administrados por la AFP hasta el momento de la pensión, por lo que el decreto viola esa disposición.
Pérez también puso el dedo en la llaga sobre por qué los recursos no irían al Banco de la República, como lo exige la norma: «Seguramente estarán pensando en las elecciones», señaló, recordando que Colpensiones no administra portafolio de inversión. El representante anticipó que sobre el decreto lloverán demandas ante las cortes y urgió al Consejo de Estado a examinar de inmediato la pertinencia de la norma.
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Asofondos también expresó su «profunda preocupación» por la medida. Andrés Velasco, presidente de la asociación que agrupa a los fondos privados, advirtió que la operación agrava un entorno de inversión que ya venía deteriorado: según Velasco, los fondos no invierten más en Colombia no por falta de voluntad sino porque no encuentran oportunidades atractivas, en parte porque el desorden fiscal del Gobierno lo ha llevado a pagar tasas de interés del 14 % en deuda pública, lo que desplaza otros sectores productivos que históricamente fueron destino de esos recursos pensionales.
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