Las preocupaciones por la independencia de los medios públicos, el aumento de agresiones contra periodistas y el acoso judicial fueron principales conclusiones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión publicada por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Estas alertas son, en gran medida, una compilación de casos a los que se les ha hecho seguimiento desde la sociedad civil.
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Los casos de presiones editoriales, estigmatización desde el poder y amenazas de grupos armados también han sido documentados por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y hacen parte de los insumos recogidos por la Relatoría de la CIDH. En ese contexto, EL TIEMPO habló con Sofía Jaramillo, directora de la organización, quien analizó los principales hallazgos del informe, expuso las alertas que han emitido y detalló los desafíos que enfrenta el país para garantizar un ejercicio libre y seguro del periodismo.
Sofía Jaramillo, directora de la Flip Foto:Flip
Entre las principales conclusiones de la CIDH se señala que el manejo del sistema de medios públicos, en particular RTVC, ha generado una posible falta de pluralismo informativo. ¿Qué reflexión hacen ustedes frente a estos hallazgos?
El informe de la Relatoría es muy claro en su preocupación por los desafíos persistentes en materia de independencia y pluralismo, y cómo estos afectan el debate público. Se refiere a reportes que han recibido —y que nosotros también hemos documentado— sobre presuntas presiones en el sistema público para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos del gobierno. Lo más importante es que estas preocupaciones son serias y que, en una democracia, los medios públicos deben fortalecerse para garantizar un espacio plural, diverso y con múltiples voces. Esa es una preocupación que compartimos desde la Fundación.
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Dentro de ese tema se menciona la necesidad de mayor transparencia en la gestión y uso de la financiación de los medios públicos. ¿Cómo mejorar en ese sentido?
La Relatoría resalta estándares claros: las decisiones sobre gestión, financiación y operación deben regirse por la transparencia y asegurar la participación de distintos sectores de la sociedad. Esto protege la autonomía editorial y evita que los medios públicos se utilicen como instrumentos del gobierno de turno. Los mandatos de servicio deben estar claramente definidos, la supervisión debe ser independiente y la financiación debe garantizar la estabilidad del sistema.
Instalaciones de RTCV en Bogotá. Foto:Google Maps
La CIDH también advierte sobre presiones a periodistas y líderes de opinión por parte del director de RTVC, Holman Morris, especialmente frente a quienes han investigado denuncias de presuntos casos de acoso laboral y sexual que lo involucran. ¿Cuál es la alerta que tiene la FLIP en este contexto?
Hay varias obligaciones por parte de los funcionarios públicos. Se necesita un ambiente propicio para que los periodistas ejerzan su labor. Esto incluye garantizar que las mujeres periodistas puedan trabajar libres de acoso dentro de las salas de redacción. No pueden ser víctimas de represalias ni perder sus investigaciones por denunciar estos hechos; ni en medios públicos ni en privados. También es fundamental que editores y directores no ejerzan presiones indebidas y que se respete la libertad para elegir fuentes, incluso si son críticas del gobierno. Todo esto hace parte de garantizar el ejercicio libre del periodismo.
El informe también habla de censura a nivel discursivo, con señalamientos desde el poder hacia periodistas. ¿Qué patrones han identificado ustedes?
Estas estigmatizaciones por parte de figuras públicas con alto poder son muy preocupantes. En 2025 documentamos 469 agresiones contra periodistas, muchas de ellas fueron amenazas y estigmatización. Se instala un discurso hostil que no cuestiona los hechos, sino que desacredita a los periodistas. Luego esto se amplifica en redes sociales y estaría escalando a amenazas reales y directas. En regiones como Arauca, Caquetá o Norte de Santander, esto termina en intimidaciones físicas y desplazamientos forzados. Muchas veces desemboca en autocensura, porque los periodistas priorizan su seguridad.
Grupos armados amedrantan periodistas en zonas de conflicto. Foto:Archivo
¿Cómo hacen ustedes el seguimiento de casos de amenazas a periodistas de parte de grupos armados?
Documentamos las agresiones y acompañamos a los periodistas en rutas institucionales con Fiscalía, Policía y la Unidad Nacional de Protección para evitar que las amenazas se materialicen. También articulamos con la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, preocupa que en contextos electorales estos riesgos aumentan: las agresiones relacionadas con elecciones casi se han triplicado frente al periodo anterior. Estamos activando alertas para garantizar un cubrimiento libre.
Persisten retos para alcanzar una prensa libre. Foto:Cortesía Flip
El informe menciona que en 34 municipios afectados por amenazas, el 35% de los medios evitó publicar información. ¿Qué se necesita para que el país avance frente a este problema?
Ese informe lo hicimos junto a la Fundación Gabo. Encontramos que el 24% de los medios recibió amenazas para suspender coberturas y el 35% dejó de publicar información por seguridad. Esto refleja autocensura como mecanismo de supervivencia. El problema es la impunidad: supera el 90% en agresiones contra periodistas. Esto hace que las amenazas sigan siendo un método efectivo para silenciar la prensa. Además, en muchas regiones los grupos armados y políticos instrumentalizan a los medios, lo que agrava la situación.
Otro punto es el acoso judicial contra periodistas. ¿Qué alertas han identificado?
Es una tendencia creciente. Se usa el sistema judicial de forma abusiva para intimidar periodistas, especialmente en épocas electorales. Funcionarios interponen tutelas o demandas para evitar investigaciones. El caso de Lorena Beltrán (quien investiga la presunta obtención de títulos falsos por parte de médicos que hacen cirugías estéticas) es emblemático: el acoso judicial la obligó a salir del país y la persigue incluso fuera de Colombia. Es una estrategia para silenciar la crítica y limitar el debate público.
El informe también reconoce avances en algunos casos, como el de Jaime Garzón y Jineth Bedoya. ¿Cuál es el estado de estos procesos?
Ha habido avances importantes, especialmente en la Corte Suprema de Justicia, que ha desarrollado estándares para investigar crímenes contra periodistas con enfoque de libertad de expresión. En el caso de Bedoya, por ejemplo, se han implementado medidas como el centro investigativo “No es hora de callar”. Sin embargo, sigue habiendo grandes retos en materia de justicia, con demoras, tropiezos y revictimización. La impunidad sigue siendo un problema estructural.
Finalmente, ¿qué otros retos considera la FLIP que enfrenta Colombia en materia de libertad de prensa?
Hay múltiples desafíos: la impunidad, la estigmatización, el pluralismo, el acceso a la información y la transparencia en la pauta oficial, que muchas veces se usa para influir en las agendas mediáticas. También está la crisis de financiación del periodismo, especialmente en regiones, y los retos en derechos digitales, como el acoso en línea contra mujeres periodistas. Además, el país aún tiene rezagos en la regulación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.
Paula Valentina Rodríguez
Redacción Política
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