El debate sobre la reforma a la justicia tiene especial relevancia en la contienda electoral. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reactivó la Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia y señaló que la discusión debe partir de una visión amplia en la cual el sistema no se limite a la Rama Judicial, sino que abarque desde las instituciones y de manera integral el tratamiento de los conflictos. Los desafíos que identificó siguen siendo los mismos que llevan décadas sin resolverse: barreras de acceso, congestión judicial, impunidad, brechas territoriales y déficits de confianza ciudadana.
En ese contexto, los candidatos coinciden en el diagnóstico —un sistema lento, desigual y con altos niveles de impunidad— pero se distancian frente a las soluciones que proponen. Mientras algunos apuestan por reformas estructurales, otros se concentran en la modernización tecnológica, la especialización investigativa o la reorganización del sistema en niveles según la gravedad de los delitos.
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Paloma Valencia
Implementar la IA en investigación de casos
Candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Foto:Centro Democrático
Apuesta por una justicia más rápida, especializada y cercana a la ciudadanía. Para ello, plantea crear fiscales especializados en estructuras criminales, endurecer las penas para reincidentes, penalizar las prácticas dilatorias y capacitar al Estado para que cada captura termine en una judicialización efectiva.
Para reducir la congestión judicial (que hoy alcanza el 48,2 por ciento de acuerdo con su programa) propone articularse con la Rama Judicial usando herramientas de IA para investigar los casos.
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Frente al acceso a la justicia, pondría en funcionamiento juzgados itinerantes de respuesta rápida, construiría 50 nuevas casas de justicia en todo el país e implementaría brigadas móviles mensuales en corregimientos y veredas. Su objetivo es que “la justicia llegue a la gente en los momentos en que más la necesita”, especialmente en los territorios históricamente excluidos del sistema.
Abelardo de la Espriella
Fortalecer instituciones y evitar ‘autoritarismos’
Abelardo de la Espriella Foto:Universidad de La Sabana/ Escuela de Gobierno
Parte de una postura clara: ninguna negociación con criminales, defensa de la Constitución como límite del poder, garantizar la separación de poderes y la independencia judicial. En esa línea, plantea proteger a jueces e instituciones.
En materia de corrupción y judicialización, propone la creación de un bloque de búsqueda contra la corrupción dirigido directamente por el Presidente, con uso de inteligencia, análisis financiero, policía judicial y extinción de dominio exprés.
Su enfoque no apunta a reformas en la composición de las cortes, sino al fortalecimiento de la capacidad operativa para que las acciones contra el crimen no queden en la impunidad.
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“Colombia no necesita solo un cambio de gobierno, sino ser salvada de cuatro amenazas: autoritarismo, violencia criminal, corrupción política, penetración del narcotráfico y de las economías ilegales”, asegura en su plan.
Sergio Fajardo
Reformar el sistema de selección del Fiscal
El candidato Sergio Fajardo. Foto:Sergio Acero
Según la propuesta, crearía una jurisdicción nacional digital con un expediente electrónico único, audiencias virtuales y herramientas de inteligencia artificial para análisis de casos y detección de patrones delictivos.
Sumado a esto, habla de un plan nacional de descongestión judicial con calendarios procesales obligatorios, jueces itinerantes y tribunales especializados. También plantea una reforma institucional para fortalecer la presencia judicial en zonas rurales, ampliar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y profesionalizar la carrera de fiscales.
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Un punto central consiste en “despolitizar los órganos de control”, para esto impulsaría un nuevo sistema de selección del fiscal general, procurador, contralor y magistrados a través de convocatorias públicas, criterios técnicos, paridad de género y reglas claras que reduzcan la influencia política en el sistema.
Iván Cepeda
Nueva unidad para investigar corrupción
Iván Cepeda en Fusagasugá, Cundinamarca. Foto:Redes sociales
Su visión frente a las altas cortes se basa en el respeto a la independencia, pero también en la exigencia de una justicia más efectiva y cercana a los territorios, por lo cual plantea una reforma del sistema judicial.
Cepeda buscaría que el Congreso apruebe una jurisdicción agraria para resolver los litigios de tierras, así como articular el sistema de justicia indígena con el del resto del país. También plantea crear una política de memoria y verdad y fortalecer la justicia ordinaria para enfrentar la impunidad.
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Otro de sus ejes es la lucha contra la “macrocorrupción” a través de cinco pilares: prevención, investigación especializada, juzgamiento eficaz, presencia territorial y movilización ciudadana.
Para ello, crearía una unidad dentro de la Fiscalía que aborde las cadenas de corrupción como sistemas y no como casos aislados, con sentencias que reparen a los territorios afectados.
Claudia López
Transformar el sistema en tres niveles de justicia
Claudia López. Foto:Sergio Acero Yate
Propone reformar el sistema en tres niveles distintos, pues argumenta que no se les pueden dar las mismas garantías judiciales al crimen organizado y a la delincuencia común.
El primer nivel sería una justicia contra las mafias de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, liderada por una “fiscalía antimafia”; todo el capital ilegal recuperado se reinvertiría en las regiones.
En el segundo nivel estaría la justicia ordinaria para la delincuencia común, con sanciones fuertes a la reincidencia y el uso de armas.
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El tercero, una justicia restaurativa para conflictos sociales y faltas a la convivencia, coordinado con alcaldías y servicios sociales.
Para operar este modelo, crearía el Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana y transformaría la Procuraduría, destinando sus funcionarios y recursos a fortalecer la “fiscalía antimafia”, la Fiscalía en los territorios y el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
Carlos Caicedo
Con su propuesta ‘Te pagamos por estudiar’, asegura que, al otorgar un salario educativo a los jóvenes —con garantías de transporte y alimentación para evitar la deserción—, busca cerrarles el paso a la delincuencia común y al sicariato, fenómenos que, de acuerdo con él, alimentan directamente la congestión del sistema judicial. En ese sentido, garantizar que se queden en el sistema educativo es la forma más efectiva de transformar la realidad de la criminalidad en el país.
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Sondra Macollins
Con cinco reformas fundamentales, buscaría “devolverle legitimidad y eficiencia al sistema”: transformar el modelo procesal hacia un verdadero sistema de partes, transitar hacia un derecho penal centrado en el autor, reformar estructuralmente el sistema penitenciario, garantizar una resocialización efectiva y promover la reinserción productiva de quienes han cumplido sus condenas. Además, propone que los nombramientos en la Fiscalía sean meritocráticos.
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Mauricio Lizcano
El candidato plantea enfocarse en la modernización tecnológica del sistema judicial. En ese sentido, habla de digitalizar procesos, reducir el uso de papel y simplificar los trámites para que los ciudadanos tengan más garantías. A su vez, fortalecería la Fiscalía, especialmente su capacidad investigativa y la expansión del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en todos los municipios y pueblos del país, priorizando las zonas con mayor violencia.
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Gustavo Matamoros
En materia judicial, su propuesta se concentra en restaurar el fuero militar, pues lo identifica como una figura política necesaria para juzgar a las Fuerzas Armadas en asuntos relacionados con el combate y el enfrentamiento a la criminalidad acorde con ello. Por otro lado, para garantizar seguridad, Matamoros habla de un fortalecimiento institucional multidimensional, pero no plantea reformas adicionales del sistema de justicia ni de la Fiscalía.
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Santiago Botero
Su plan de justicia incluye decretar el estado de conmoción interior, convocar un referendo para modificar el Código Penal e invertir en la Rama Judicial. Asimismo, plantea que los jueces serían seleccionados por mérito y no por cuotas políticas.
Por otro lado, propone incorporar la cadena perpetua para secuestradores, asesinos y extorsionistas y pena de muerte para corruptos, violadores y asesinos seriales. Además, construiría tres megacárceles, eliminaría las rebajas de penas y la casa por cárcel.
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Luis Gilberto Murillo
Según su plan, buscaría reducir en un 35 por ciento los tiempos de atención judicial en casos de baja y mediana complejidad mediante la digitalización de procesos, la justicia virtual y el fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
En materia de cobertura, propone que el 90 por ciento de la población tenga acceso a servicios de justicia en su territorio o de manera virtual para 2030, con énfasis en zonas rurales y apartadas. También habla de fortalecer la articulación entre justicia y Fuerza Pública para mejorar la respuesta institucional frente al crimen organizado y, de esta manera, reducir la impunidad.
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Roy Barreras
De acuerdo con su plan de gobierno, Barreras identifica que el problema central en materia de justicia consiste en la “puerta giratoria”, pues la mayoría de las capturas resultan en impunidad. Por ese motivo, propone implementar un expediente digital único interoperable que elimine los trámites en papel y los traslados.
Sumado a esto, invertiría 0,8 billones de pesos para contratar equipos de descongestión integrados por abogados y, de esta manera, evacuar procesos con más de cinco años de mora. Frente a la implementación de tecnología en el sistema, asegura que “el juicio será 100 por ciento humano”.
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Miguel Uribe Londoño
Su propuesta buscaría crear un bloque de búsqueda para combatir la extorsión en todo el país. Por otro lado, plantea que integrantes de grupos armados sean capturados y llevados ante la justicia ordinaria, pues es crítico de la JEP. No plantea reformas estructurales de la Fiscalía; por el contrario, reconoce la labor de sus investigadores en el caso del magnicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay.
Elena Bermúdez Rivera
Redacción Política
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