David Bier, experto en política migratoria del Cato Institute, acaba de publicar dos informes que cuestionan de fondo la estrategia migratoria de la administración de Donald Trump. El primero sostiene que, en su primer año, las restricciones han afectado más a la inmigración legal que a la ilegal.
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En paralelo, una segunda investigación revela que el gobierno está acumulando cientos de millones de dólares en tarifas de visados y permisos que no está procesando, lo que, según el analista, equivale a una “estafa” al cobrar por servicios que no se prestan. En entrevista con EL TIEMPO, Bier explicó sus hallazgos.
El primer informe sostiene que, durante este primer año, la Administración de Donald Trump ha detenido a más inmigrantes legales que ilegales. ¿Cómo llegaron a esa conclusión?
Lo que hice fue analizar el número de cruces fronterizos y detenciones en diciembre de 2024, y lo he comparado con la situación actual, que se ha reducido a unas 50.000 al mes. Luego comparé eso con la disminución en la expedición de visados a personas que vienen a Estados Unidos, así como con las entradas legales de personas que cruzan la frontera. Así que, si sumas la reducción en esas categorías, es más del doble de grande que la reducción en la inmigración ilegal.
Donald Trump junto a mandatarios latinoamericanos en cumbre ‘Escudo de las Américas’.
Foto: EFE
Pero no están teniendo en cuenta cifras como las detenciones de personas en situación irregular en Estados Unidos, sino solo a las personas que no pudieron entrar en el país. ¿Por qué?
Porque esto te permite saber cuántas personas están entrando al país y cómo lo hacen. Y eso era lo que queríamos mirar.
Según Cato, lo que hay detrás de todo esto es una estrategia ideológica para acabar con la migración por completo. ¿Por qué piensan eso?
Porque esto no es una casualidad. No es consecuencia de que la gente no quiera venir a Estados Unidos, sino más bien de que, al menos en lo que respecta a la inmigración legal, se impide su llegada debido a cambios en las políticas que les impiden entrar. La misión está claramente definida: reducir la inmigración legal tanto como sea posible, y eso es lo que estamos viendo.
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Tanto usted como Cato sostienen que eso es un error y que la inmigración legal es buena para el país. ¿Qué datos hay que lo respalden?
Bueno, nuestro informe, que analizaba el efecto fiscal de la inmigración, reveló que los inmigrantes redujeron el déficit en 14.500 billones de dólares durante los últimos 30 años, y solo unos 1.700 billones de esa cantidad procedían de inmigrantes ilegales, por lo que la gran mayoría proviene de inmigrantes legales. Y, si nos fijamos en sus contribuciones económicas, de nuevo, la historia es la misma. El impacto desproporcionado en el PIB y otros indicadores de vitalidad económica, el espíritu emprendedor, la innovación… todo ello se ve enormemente potenciado por los inmigrantes legales que llegan aquí.
¿Cuál cree que sería la consecuencia a largo plazo de aplicar este tipo de estrategia en Estados Unidos?
A largo plazo, esto se traduce en un menor crecimiento económico, una economía más pequeña y menos prosperidad para los estadounidenses. Y, en última instancia, un país más pobre y débil. Si nos fijamos solo en los próximos tres años, se trata de una reducción de 170.000 personas al mes. Estamos hablando de millones de personas menos que podrían venir y contribuir al país. Eso no es nada insignificante.
Persona bajo custodia de agentes migratorios en medio de un operativo migratorio en EE. UU. Foto: ICE.gov
Va a suponer una reducción enorme no solo de la población inmigrante, sino también de la población total de Estados Unidos. Podríamos ver una disminución de la población por primera vez en nuestra historia como resultado de esto, con graves consecuencias económicas, porque no vamos a poder sostener niveles altos de deuda y déficit sin nuevos trabajadores, mientras la población jubilada sigue creciendo.
La otra cara de cerrar el sistema de inmigración legal es que siguen cobrando tarifas a la gente sin prestar ningún servicio. Y eso es una estafa. Es un fraude. Están quitando dinero a la gente y no cumplen la ley sobre lo que se supone que deben hacer con él.
Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de abordar esto? ¿Habría que volver a la política de Joe Biden de crear una cola legal para que la gente ingrese?
Sí. Biden podría haberlo hecho mejor. Desperdició buena parte de su mandato, pero en 2024 se redujo la inmigración ilegal y aumentó rápidamente la inmigración legal. Esa fue una buena fórmula. Deberíamos volver a ella.
Hablemos del segundo reporte. Según ustedes, la administración está llevando a cabo una especie de estafa al cobrar tasas a los inmigrantes por visados o permisos de trabajo sin llegar a concedérselos…
Sí. La otra cara de cerrar el sistema de inmigración legal es que siguen cobrando tarifas a la gente sin prestar ningún servicio. Y eso es una estafa. Es un fraude. Están quitando dinero a la gente y no cumplen la ley sobre lo que se supone que deben hacer con él. Están cogiendo el dinero que entra de los inmigrantes legales y luego se lo dan a gente para que haga investigaciones y detenciones de inmigrantes. Es un abuso de poder.
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A la gente le ha costado mucho conseguir que rindan cuentas. Cada persona afectada debe presentar una demanda individual para que se revise su caso. En algunos casos han tenido éxito, pero se tarda meses en obtener una decisión.
¿Estamos hablando de miles de millones de dólares?
Sí. Solo durante este año son más o menos 1.200 millones de dólares y se puede extrapolar esa cifra. Ahora va a haber mucha menos gente que presente solicitudes al ver lo que está pasando. Y la mayoría de estas personas que se ven afectadas ahora mismo presentaron su solicitud hace meses o años, antes de que salieran estas políticas. Y se va a poner peor.
Pero la administración dice que esto es solo una pausa mientras revisa las políticas. ¿Cree que hay algo más detrás?
Se trata de seguir impidiendo que lleguen más inmigrantes legales, que tendrían derecho a quedarse. Lo que quieren es que los inmigrantes que ya están aquí no sean tramitados, pierdan su estatus mientras esperan y tengan que abandonar el país. Forma parte de un plan. No es casualidad.
Estados Unidos ahora despliega a los agentes de inmigración del ICE en los aeropuertos. Foto: EFE
¿Qué pasa entonces con los ciudadanos estadounidenses que tienen el derecho legal de traer a sus cónyuges o padres?
Lo mismo. Se salen con la suya porque es muy difícil obligar al Gobierno a cumplir con su deber cuando no quiere hacerlo. Cuando los tribunales los bloquean, buscan otra forma de seguir adelante. El resultado es que la cola de personas en espera crece cada día. Incluso si todo se revirtiera en tres años, el daño ya estaría hecho.
Ni siquiera prometen eso. Están hablando de gastar aún más dinero en buscar a personas en la lista de espera para deportarlas. Hay algunas sentencias positivas, pero benefician solo a individuos concretos. No están revocando toda la política.
Como resultado, la concesión de tarjetas de residencia se ha reducido a la mitad. Y en el caso de solicitantes por motivos humanitarios, la tasa de rechazo supera el 90 por ciento.
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Es decir, no es que no estén procesando visas, sino que lo hacen a un ritmo mínimo…
Exacto. Es una gota en el océano. Pueden decir que algunos casos avanzan, pero en muchos de ellos las personas tuvieron que demandar. Incluso usan esos ejemplos para argumentar en contra de otras demandas. Cada proceso judicial toma meses y, para entonces, ya se ha perdido aún más tiempo.
Las probabilidades de que esto se revierta por completo en los próximos tres años son muy bajas. Si se bloquea una política, encontrarán otra forma de lograr el mismo resultado. No tengo muchas esperanzas de que esto cambie de manera sustancial.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
@sergom68
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