La Procuraduría radicó una denuncia ante la Fiscalía por los graves hechos ocurridos el pasado 30 de abril, durante una jornada de protestas de la comunidad indígena Emberá, que asedió edificios del Ministerio del Interior y bloqueó la libre circulación de funcionarios.
En medio de estas manifestaciones, que el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó como un intento de secuestro, la Procuraduría advirtió una “inaceptable instrumentalización” de niños, niñas y adolescentes.
Retorno de la comunidad emberá, liderado por la Unidad para las Víctimas. Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo.
En una comunicación enviada a la fiscal Luz Adriana Camargo, el procurador Gregorio Eljach puso en conocimiento estos hechos, “en ejercicio de sus funciones preventivas y de control de gestión”.
Allí señaló que se habrían evidenciado menores expuestos en vías públicas, en condiciones de alta vulnerabilidad y sometidos a un riesgo inminente para su vida e integridad.
En el documento se lee que los menores habrían sido utilizados por adultos en el contexto de las protestas como “instrumentos de coacción” e incluso como “escudos humanos”, lo que, según el ente de control, los dejó en una situación de grave exposición. De hecho, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) tuvo que intervenir para encarar las alteraciones al orden público.
“Esta conducta constituye una flagrante vulneración del principio del interés superior de los menores de edad y contraviene de manera directa lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), normativas que exigen a la familia, la sociedad y el Estado garantizar su protección integral y prevalente”, señala la comunicación.
La Procuraduría advierte, además, que esta exposición no solo compromete su integridad, sino que los ubica en escenarios de riesgo derivados directamente de su participación forzada en las movilizaciones.
En la denuncia, el Ministerio Público señala además que el uso de menores en manifestaciones o alteraciones del orden público puede configurar conductas penalmente sancionables, de acuerdo con el artículo 188D del Código Penal, que tipifica el uso de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos.
“Se trata de una grave violación de los derechos humanos de la niñez que no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia”, advierte.
Niños Emberá Foto:Sergio Cárdenas – EL TIEMPO
En ese sentido, el ente de control instó a la Fiscalía a adelantar con “máxima celeridad” las investigaciones correspondientes, con el fin de identificar e individualizar a los responsables y adoptar las sanciones a que haya lugar, en aras de proteger de manera inmediata a los menores.
La Procuraduría concluyó rechazando categóricamente estos hechos y reiteró que continuará ejerciendo sus funciones de vigilancia e intervención en todo el territorio nacional, en defensa de la protección integral de la niñez.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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