La administración de Donald Trump ha comenzado a dar pasos firmes hacia una nueva política de planificación familiar que se aleja del uso de anticonceptivos y podría tener implicaciones casi sísmicas en Estados Unidos.
Ese giro quedó plasmado en la nueva guía que acaba de publicar el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés), en la que se redefine el enfoque del gobierno en materia reproductiva.
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El documento prioriza los nacimientos por encima de la prevención de embarazos y promueve métodos “naturales de planificación”, como el seguimiento del ciclo menstrual, por encima de opciones más efectivas como la píldora anticonceptiva o los dispositivos intrauterinos.
métodos anticonceptivos Foto:iStock
Pero el cambio no es solo conceptual. Está aterrizado en otro documento -que acompaña esta guía- en donde se define cómo se repartirán los recursos federales en los próximos años y que se conoce como “Notice of Funding Opportunity” del programa Title X.
Allí se establecen las nuevas reglas para clínicas y organizaciones que dependen de estos fondos. Además, fija el punto de partida de esta transformación para enero de 2027.
¿Qué es el Title X y qué entidades dependen de los recursos fijados allí?
El alcance es enorme. Title X, creado en 1970, es el único programa federal dedicado exclusivamente a servicios de planificación familiar.
A través de él se financia una red de miles de clínicas que atienden a millones de personas cada año, en su mayoría de bajos ingresos y muchas sin seguro médico. Para esas familias, estos servicios no son un complemento, sino la principal vía de acceso a anticonceptivos, asesoría médica y control reproductivo.
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Bajo el nuevo esquema, sin embargo, el propósito del programa cambia de fondo. El lenguaje, que tradicionalmente ponía el acento en la prevención de embarazos no deseados, cede espacio a conceptos como la fertilidad, la formación de familias y las condiciones reproductivas. Es decir, la anticoncepción deja de ser el eje central.
Latinos buscan alternativas ante presiones migratorias. Foto:
Las implicaciones podrían ser inmediatas. Expertos en salud pública advierten que un redireccionamiento de recursos hacia métodos menos eficaces podría traducirse en un aumento de embarazos no planificados, con efectos en cadena sobre los sistemas de salud y la economía de los hogares más vulnerables.
En términos simples, millones de personas podrían ver reducido su acceso a las opciones que hoy utilizan para decidir tener hijos y cuándo.
La anticoncepción en Estados Unidos
Durante más de medio siglo, la anticoncepción ocupó un lugar relativamente protegido en la política estadounidense.
Desde que la “píldora” fue aprobada en 1960 por la FDA, su uso se expandió rápidamente hasta convertirse en una práctica común. Y, aunque las batallas culturales en torno al aborto se intensificaron, los anticonceptivos quedaron en gran medida fuera del blanco directo de los conservadores.
No por falta de oposición, sino por cálculo político.
Atacar frontalmente este método implicaba reforzar la idea de que se trataba de un intento de controlar la vida privada o la sexualidad de las personas, lo cual debilitaba el argumento central del movimiento antiaborto.
Corte Suprema de Estados Unidos. Foto:AFP
Episodios como la fallida nominación a la Corte Suprema de Robert Bork en 1987, tras cuestionar decisiones que protegían el acceso a los anticonceptivos, dejaron claro el costo de cruzar esa línea.
Además, los datos siempre jugaron en contra de esa estrategia. El acceso a la anticoncepción goza de un respaldo abrumador en EE. UU. Apenas una pequeña fracción de la población considera moralmente incorrecto su uso (el 8 por ciento) según encuestas del Pew Research Center. Ese consenso ayudó a mantener el tema fuera del centro de la guerra cultural durante décadas.
Lo que está cambiando ahora es ese equilibrio.
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El cambio cultural y del electorado en EE.UU. con relación a la píldora
La coalición que llevó a Trump de regreso al poder es más amplia y más exigente. Incluye no solo a conservadores tradicionales y activistas antiaborto, sino también a movimientos de bienestar que desconfían de la industria farmacéutica y a grupos pronatalistas que ven la caída de la natalidad como una amenaza económica y de seguridad nacional.
En 2024, la tasa de natalidad del país cayó a niveles históricamente bajos, de alrededor de 1,6 hijos por mujer. Para estos sectores, la anticoncepción forma parte del problema. Y reducir su uso, o al menos su protagonismo, se ha convertido en un objetivo político.
Al mismo tiempo, el terreno electoral ha impulsado la búsqueda de nuevas estrategias. Tras la decisión de la Corte Suprema de 2022 que eliminó la protección del aborto que ofrecía Roe vs. Wade, el tema se ha vuelto explosivo para los republicanos en muchos estados, donde han sido derrotados por mayorías que rechazan los nuevos límites.
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En ese contexto, centrar la atención en la guerra contra los anticonceptivos parece una vía alternativa para responder a su base sin asumir los mismos riesgos inmediatos.
A eso se suma un cambio cultural más amplio. La desconfianza hacia las grandes farmacéuticas, alimentada por crisis como la de los opioides, ha abierto espacio para cuestionar medicamentos ampliamente utilizados, incluida la píldora.
En redes sociales, influenciadores del mundo del bienestar amplifican mensajes que los presentan como «artificiales» o potencialmente dañinos, un discurso que ha ganado tracción en los últimos años.
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En ese entorno, la apuesta por métodos naturales encaja con múltiples agendas. Tiene respaldo religioso, se alinea con la desconfianza hacia los fármacos y promueve más nacimientos.
El problema es su efectividad.
¿Qué riesgos hay de reconfigurar el modelo de planificación familiar?
Métodos tradicionales, como el llamado «ritmo», pueden resultar en tasas de embarazo cercanas al 25 por ciento en un año de uso típico. Aunque nuevas aplicaciones y tecnologías han mejorado el seguimiento de la fertilidad, las instituciones médicas siguen considerándolo una de las opciones menos confiables frente a alternativas como la píldora o los dispositivos intrauterinos.
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El movimiento no está exento de riesgos políticos. Más del 90 por ciento de los estadounidenses respalda el acceso a anticonceptivos, y hasta ahora ni siquiera una Corte Suprema con mayoría conservadora ha mostrado interés en revertir ese derecho.
Pero el hecho de que la administración esté dispuesta a reconfigurar el sistema desde sus bases indica que el consenso que protegió este tema durante décadas se está desmoronando.
A partir de enero de 2027, cuando entren en vigor las nuevas reglas de financiación, EE. UU. podría comenzar a operar bajo un modelo distinto. Uno en el que la planificación familiar ya no gira en torno a facilitar el acceso a anticonceptivos, sino a incentivar los nacimientos. Y en el que una de las políticas públicas más estables del país vuelve, de nuevo, al centro de la batalla cultural.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington – @sergom68
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