A las primeras horas de la mañana, cuando el Tayrona debía estar cerrado, las filas de visitantes volvieron a formarse. La diferencia era evidente: no estaban frente a una ventanilla de Parques Nacionales Naturales (PNN), sino frente a una taquilla tomada por comunidades del entorno y autoridades indígenas kogui.
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La escena, inusual incluso para un parque acostumbrado a cierres periódicos, dejó al descubierto una crisis que ya no es solo ambiental ni solo de orden público: es una disputa abierta por el control, la gobernanza y el reparto de los ingresos de uno de los destinos más visitados de Colombia.
Hubo presencia de Policía y Ejército, pero no intervención efectiva. Los líderes cívicos y los “hermanos mayores” sostuvieron la toma como una acción pacífica y, al mismo tiempo, contundente: permitir el ingreso del turista, cobrar el valor estipulado y convertir esa recaudación en un mensaje de rechazo al manejo actual de la reserva.
“No nos vamos a retirar hasta que el Ministerio de Ambiente y la dirección del parque se reúna con nosotros y se plantee una propuesta que nos permita ser tenidos en cuenta como pueblo ancestral que ha habitado desde siempre en esta zona”, dijo Atanasio Moscote, gobernador del Cabildo Kogui del Magdalena.
La toma del parque en pleno cierre
Parques Nacionales justificó el cierre temporal por “condiciones de riesgo público” y falta de garantías para operarios y visitantes, en medio de denuncias de amenazas y bloqueos en sectores como Nenguange y El Zaino, la principal entrada. Sin embargo, en la práctica, el cierre fue desobedecido por una decisión comunitaria que planteaba operar el Tayrona sin la administración formal, pero con el flujo turístico intacto.
El escenario de un cierre prolongado proyecta un riesgo económico de $330.000 millones anuales. Foto:Suministrada a EL TIEMPO
En paralelo, persiste otro factor que agrava la tensión: el estado de la infraestructura por el invierno. Según la información disponible, algunos senderos y rutas de acceso a playas han sufrido afectaciones por las lluvias asociadas al frente frío. Aun así, los visitantes ingresaron “a sabiendas” de esas condiciones, empujados por la expectativa de vivir la experiencia natural y, en muchos casos, por el atractivo adicional de “ver y tener contacto con los indígenas”, como reconocen operadores en la zona.
La toma se acompañó de pancartas y una movilización “por la dignidad y derechos” de las comunidades del entorno, que se declaran históricamente marginadas pese a los altos ingresos del parque.
Qué piden: coadministración y reconocimiento económico
El reclamo central —y el que Moscote puso sobre la mesa— es una coadministración entre indígenas, campesinos y Parques Nacionales. No se trata solo de participación simbólica: lo que exigen es capacidad real de decisión sobre el manejo del destino y el acceso a beneficios derivados del turismo.
Los indígenas Kogui se tomaron las entradas del Tayrona cobrando directamente el ingreso. Foto:Suministrada a EL TIEMPO
El detonante inmediato, según los líderes, fue la demolición de estructuras que habían levantado para prestar servicios al turista y obtener ingresos. “Eso fue lo hizo cansarnos de los atropellos y tomar esta posición que mantendremos hasta que se nos reconozcan nuestros derechos sobre el parque”, sostuvo Moscote, desde la entrada tomada, mientras las autoridades permanecían en el perímetro sin lograr hacer cumplir el cierre.
La exigencia, sin embargo, carga una historia más larga. Lerber Dimas, defensor de derechos humanos consultado por EL TIEMPO lo resumió así: el Tayrona fue declarado parque en 1964, pero ese territorio “no era baldío”. Ya vivían allí comunidades indígenas, campesinas, pescadoras y también existían propiedades privadas con títulos antiguos. En su lectura, la institucionalidad se impuso con “favorecimientos” y “desconocimientos” que han sostenido una tensión acumulada por décadas.
La bomba de tiempo: territorio, control y miedos
La toma ocurre en un tablero más complejo que un pulso administrativo. El mismo defensor advierte que el parque y su área de influencia arrastran una “gobernanza criminal” desde los años 80: control armado, regulación de economías y mediación violenta de conflictos, un factor que —según su análisis— hace que el cierre por sí solo no resuelva la raíz del problema.
A pesar de las restricciones, los turistas pagaron por entrar en la reserva natural. Foto:Suministrada a EL TIEMPO
La defensora de derechos humanos Norma Vera coincide en la necesidad de una revisión nacional: recuerda que el Tayrona está sobre la Línea Negra, territorio de significado espiritual para pueblos indígenas, y que el turismo masivo convive con rituales y pagamentos.
Para ella, el modelo de concesión y administración debe revisarse “de fondo”, porque no garantizó compensaciones proporcionales para los pueblos indígenas ni obligaciones suficientes en infraestructura y conservación. Aun así, advierte un riesgo: una “entrega completa” sin controles podría terminar capturada por organizaciones criminales en un territorio fragmentado.
En esa tensión, la toma comunitaria busca presentarse como acción de dignidad; para otros actores, es un síntoma de que la gobernanza del parque está rota.
Un golpe económico para Santa Marta
Mientras el debate se concentra en quién manda, el turismo contiene la respiración. Analistas en turismo estiman que para 2026 la ciudad podría mover más de un millón de visitantes y generar cerca de $510.000 millones en circulación económica anual. Y dentro de ese sistema, el Tayrona funciona como “ancla”: entre 60 % y 70 % del turismo llega directa o indirectamente relacionado con la visita al parque.
Atanasio Moscote, gobernador cabildo kogui – Magdalena. Foto:Suministrada a EL TIEMPO
El escenario de un cierre prolongado proyecta una cifra que explica el nerviosismo: $330.000 millones anuales en actividad económica en riesgo, unos $27.500 millones al mes y cerca de $900 millones diarios que dejarían de circular, principalmente fuera del parque: habitaciones vacías, tours cancelados y menor consumo en la ciudad.
Omar García, presidente de Cotelco en Magdalena, lo plantea en términos de cadena: “El Tayrona no es solo un destino turístico… muchas familias dependen de la operación del parque”, dice, y llama a “serenidad, responsabilidad y grandeza” entre comunidades, prestadores, autoridades y guardaparques.
Su preocupación no es menor: actualmente hay compromisos con viajeros nacionales e internacionales que compran paquetes con el Tayrona como centro de la experiencia.
García insiste en que el golpe se siente primero abajo: guías, transportadores, restaurantes, vendedores informales. “El que vende los jugos ahí al frente va a dejar de vender”, advierte. Y aunque señala que aún no se traducía en una ola masiva de cancelaciones, sí en la pregunta inmediata del visitante: “¿Entonces para dónde lo vamos a llevar?”.
Esa misma angustia la resume Darío Mosquera, representante de los guías turísticos en Santa Marta: la crisis los afecta “directamente” en su economía y piden al Gobierno nacional intervenir cuanto antes para evitar un daño mayor.
Un parque abierto, una institucionalidad en pausa
El Tayrona amaneció abierto después de anunciar el cierre. Esa paradoja es la postal de una disputa que ya escaló del desacuerdo a la acción directa. Los kogui y campesinos no solo protestan: administran con autoridad, cobran, ordenan el acceso y condicionan su retiro a una mesa con el Ministerio de Ambiente y la dirección del parque.
Los indígenas Kogui son quienes principalmente lideran las protestas contra el parque. Foto:Redes sociales
En el fondo, la pregunta ya no es si el Tayrona cierra o abre mañana. Es quién decide, con qué reglas y a favor de quién. Y en un territorio donde se cruzan historia, turismo, reclamos sociales y amenazas armadas, cualquier salida que ignore a alguno de los actores —comunidades, Estado, trabajadores, operadores— corre el riesgo de convertirse en una crisis aún más grande.
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Dicha crisis podría terminar incluso costando vidas, y así lo ha dicho uno de los líderes Kogui que participa en la protesta: “estamos dispuestos a morir por recuperar lo que nos quitaron”.
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Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv
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