La instalación de cámaras de seguridad en fachadas, entradas, pasillos y establecimientos comerciales es legal en Colombia y se ha convertido en una medida frecuente ante los altos índices de inseguridad.
Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación advirtió que su uso debe ajustarse a la ley, ya que las grabaciones pueden ser requeridas por las autoridades judiciales y su manejo indebido puede generar consecuencias jurídicas.
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Las cámaras de seguridad forman parte del entorno urbano, especialmente en sectores donde la infraestructura oficial de vigilancia resulta limitada.
Las imágenes captadas pueden ser solicitadas por autoridades judiciales. Foto:Secretaría de Seguridad de Bogotá
Instalación de cámaras de seguridad: lo que permite la ley
De acuerdo con la normativa vigente, no existe prohibición para que particulares instalen cámaras de seguridad en sus viviendas o establecimientos comerciales.
No obstante, las imágenes captadas pueden ser solicitadas por autoridades judiciales como material probatorio dentro de investigaciones o procesos penales.
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La Fiscalía General de la Nación ha señalado que las grabaciones realizadas en espacios públicos o en accesos a inmuebles son legales cuando su finalidad es garantizar la seguridad.
Sin embargo, precisó que deben ser utilizadas con responsabilidad y conforme a la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales y al Código de Procedimiento Penal, según indicó La Notaria 19.
La Superintendencia de Industria y Comercio está facultada para imponer multas. Foto:iStock.
En situaciones urgentes relacionadas con un hecho delictivo, la Policía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) o la Fiscalía pueden solicitar las grabaciones sin orden judicial previa, con el fin de evitar la pérdida o alteración de la evidencia.
En casos no urgentes, la policía judicial debe presentar la orden de un fiscal delegado para recopilar los videos.
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Entrega de videos y posibles sanciones
Si un ciudadano se niega a entregar las imágenes solicitadas, el fiscal puede acudir ante un juez de control de garantías y la persona podría enfrentar una acusación por obstrucción a la justicia.
Para la entrega del material, las autoridades recomiendan no alterar, editar ni borrar los videos; suministrar una copia de seguridad en USB, CD o mediante almacenamiento en la nube; y solicitar una constancia de recibido.
Asimismo, está prohibido difundir las imágenes en redes sociales u otros medios, con el fin de proteger la privacidad de las personas que aparezcan en las grabaciones.
El uso indebido de las cámaras que vulnere el derecho a la intimidad puede generar sanciones administrativas.
La Superintendencia de Industria y Comercio está facultada para imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a quienes incumplan las disposiciones sobre protección de datos personales.
*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.
JOS GUERRERO
REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL
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