Juan Carlos Granados, magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien evitó enfrentar un juicio en la Corte Suprema de Justicia por supuestamente aceptar sobornos de Odebrecht, resolvió investigar a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que decidieron absolver, en segunda instancia, al expresidente Álvaro Uribe por su caso de soborno a testigos.
En una decisión fechada el pasado 9 de febrero, el magistrado ordenó abrir investigación disciplinaria contra Miguel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo Pinto por presunta violación al régimen de inhabilidades.
El magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados. Foto:CNDJ
El caso de Granados lleva engavetado cuatro años
Cuando estaba a punto de ser acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema, Granados —exgobernador de Boyacá y excontralor de Bogotá— fue postulado y elegido magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Con su posesión, el fuero trasladó los procesos penales en su contra a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia señalada por su lentitud y por el peso de las mayorías políticas en sus decisiones. Desde entonces, el expediente permanece “dormido” desde hace más de cuatro años.
En 2021 llegaron a la Cámara dos actuaciones: una quedó en el despacho del representante conservador Juan Carlos Wills y otra en el de la congresista del Pacto Gloria Arizabaleta. De acuerdo con fuentes de la Comisión de Acusaciones, ambos expedientes siguen activos y “no tienen riesgo de prescripción por la acumulación de conductas punibles”.
Pese a ello, los procesos no han tenido avances sustanciales. Si se mantienen los acuerdos internos, Granados, actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, podría asumir la Presidencia de esa corporación el próximo año sin que se haya definido su situación jurídica.
Juan Carlos Granados Becerra, exgobernador de Boyacá. Foto:Néstor Gómez
Al magistrado se le investiga por presuntamente intentar beneficiar a la multinacional Odebrecht en una licitación de un contrato vial a cambio de 200 millones de pesos. Por estos hechos fue imputado en 2018 por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.
El trámite ante la Corte Suprema registró aplazamientos. La audiencia de acusación fue diferida durante más de tres meses, pues Granados sostuvo que no contaba con abogado y que no había logrado un acuerdo con Darío Bazzani sobre sus honorarios. La Corte le advirtió que, si no resolvía su defensa, el proceso continuaría con un defensor de oficio. Sin embargo, tras su llegada a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el expediente pasó al Congreso y quedó estancado.
La acusación conocida por este diario señala que, “(…) siendo candidato a la gobernación de Boyacá para el periodo 2012-2015, en el año 2011, participó activamente en una reunión efectuada en la casa de quien para esa época fuera parlamentario (Plinio Olano), en la que además participaron el representante de Odebrecht en Colombia, Luiz Alberto Bueno Junior, y Federico Gaviria Velásquez, exponiéndole al candidato su plan de gobierno, haciendo énfasis en lo relacionado con el proyecto de la vía Duitama-Charalá-San Gil”.
Juan Carlos Granados, exgobernador de Boyacá. Foto:EL TIEMPO.
El acuerdo de este entramado criminal fue el supuesto ‘apoyo’ de Odebrecht a la campaña de Granados Becerra con 200 millones de pesos que, según la Fiscalía, fueron entregados en efectivo “al parlamentario en una reunión posterior realizada en ese mismo lugar”.
A cambio, la firma sería favorecida en proyectos de infraestructura en Boyacá durante la administración del ahora magistrado, específicamente “en el proyecto vial Duitama–Charalá–San Gil, que conecta los departamentos de Boyacá y Santander (…)”.
El otro dosier, el 5573, que también está engavetado en el Congreso, se relaciona con un supuesto tráfico de influencias por su mediación en el contrato para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre, en su entonces rol de gobernador y presidente de la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
“Probablemente inclinó su deber en favor de Odebrecht y/o Plinio Olano en el proceso contractual de la vía Duitama–Charalá. Esto conlleva a la comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público, por su posible injerencia, al integrar la junta directiva de la CAR, en el contrato para la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bogotá; en concreto, para lograr la precalificación de Odebrecht en dicho proceso (…)”, se lee en el documento.
EL TIEMPO se comunicó con el magistrado Granados Becerra para conocer su versión sobre los avances de los procesos en su contra, pero no obtuvo respuesta.
Redacción Justicia
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