El Parque Nacional Natural Tayrona está cerrado por decreto, pero sigue prestando servicios bajo una nueva normalidad.
Desde que Parques Nacionales ordenó su cierre oficial por faltas de garantías, los indígenas Kogui asumieron el control absoluto del territorio: administran los accesos, organizan la operación interna y toman decisiones sobre el funcionamiento diario de la reserva natural más emblemática del Caribe colombiano.
Incluso el último vigilante privado abandonó el lugar en las últimas horas. Hoy, según las propias comunidades, la autoridad dentro del parque recae exclusivamente en los llamados “hermanos mayores”.
Para ellos, no se trata de una ocupación. Se trata de recuperar lo que consideran suyo.
“Somos la máxima autoridad del Tayrona”
Juan Carlos Gil, vocero delegado de las autoridades indígenas, asegura que la permanencia en el parque es indefinida hasta que el Gobierno acepte dialogar bajo nuevas condiciones.
Visitantes llegan al Tayrona bajo la administración comunitaria indígena. Foto:Roger Urieles
“Nosotros desde el lunes estamos concentrados aquí de forma pacífica para abrir un diálogo formal con Parques Nacionales. Hasta que no se sienten con nosotros, vamos a permanecer aquí”, afirmó.
El líder indígena sostiene que la decisión nació tras la destrucción de una construcción comunitaria dentro del parque, lo que detonó el conflicto.
Pero la exigencia va más allá de ese episodio: los Koguis reclaman coadministración total del Tayrona.
Según Gil, esto significa tener voz y voto en todas las decisiones y participación directa en los ingresos económicos que genera el parque.
“Desde que el Tayrona empezó a funcionar, los Koguis nunca hemos recibido ningún apoyo económico. Ni hemos sido tenidos en cuenta en nada”, aseguró.
Un parque abierto pese al cierre oficial
Aunque el parque permanece oficialmente cerrado, la actividad turística no se ha detenido.
Turistas nacionales y extranjeros continúan ingresando, tomándose fotografías y recorriendo senderos guiados por miembros de la comunidad campesina que asumieron las funciones de guardaparques. En las entradas se informa que el pago no es una tarifa oficial sino un aporte comunitario.
Indígenas Kogui controlan el acceso al Parque Tayrona. Foto:Roger Urieles
Actualmente, los visitantes pagan aproximadamente: 50.000 pesos extranjeros y 30.000 pesos nacionales.
El dinero, según los líderes indígenas, se destina a alimentación, logística y sostenimiento de las comunidades concentradas dentro del área protegida.
Paulo Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento El Zaino, afirma que la operación funciona con normalidad.
“Son miembros capacitados de la comunidad que brindan información y acompañamiento a los visitantes. Todo funciona con completa normalidad”, explicó.
Los recorridos incluyen guianza obligatoria y verificación de seguros médicos debido a senderos inundados y zonas de riesgo tras las lluvias recientes.
Turismo dividido y pérdidas económicas
El cierre oficial ha reducido drásticamente la llegada de visitantes. Según Sánchez, por una de las entradas ingresaron cerca de 400 personas en un día, cuando normalmente pueden entrar hasta 2.000 turistas.
La caída del flujo turístico ya impacta la economía regional.
“Las pérdidas son incalculables. Cuando alguien viene a un hotel en la Troncal del Caribe, el objetivo siempre es entrar al Tayrona”, señaló el líder comunal.
La policía hace acompañamiento pero no interviene ante la toma de los campesinos e indígenas. Foto:Roger Urieles
El conflicto no solo afecta a quienes operan dentro del parque, sino a hoteles, restaurantes, transportadores y comerciantes de toda Santa Marta.
Aun así, algunos turistas respaldan la presencia indígena, argumentando que el Tayrona es un territorio ancestral que debe ser administrado por sus pueblos originarios.
“Nos encanta ver a nuestros hermanos mayores al frente de este lugar sagrado. Tienen todo el derecho de hacerlo”, dijo una turista bogotana que ingresó junto a su esposo e hijos.
Denuncias contra Parques Nacionales
Los Koguis cuestionan el manejo histórico del parque por parte del Estado. Aseguran que, pese a los ingresos diarios que genera el destino turístico, la infraestructura presenta abandono.
“Hemos visto caminos dañados, puentes caídos desde hace meses y cero inversión. Tienen esto abandonado y a nosotros siempre nos han tenido a un lado”, denunció Gil.
Las comunidades también rechazan las acusaciones oficiales que los vinculan con grupos armados ilegales.
“Queremos desmentir eso. Los Koguis somos hombres de paz y nunca hemos estado ligados a grupos armados”, afirmó el vocero indígena.
La tensión con el Gobierno
Parques Nacionales ha sostenido públicamente que la toma del parque es ilegal y ha advertido que las comunidades estarían actuando bajo motivación de estructuras armadas presentes en la región, una afirmación que los indígenas consideran peligrosa y estigmatizante.
Mientras tanto, la Policía mantiene presencia en los accesos, pero sin intervenir directamente en la administración ejercida por indígenas y campesinos.
El escenario permanece en un delicado equilibrio: un parque cerrado por decreto estatal, pero operando parcialmente bajo control comunitario.
Un conflicto que redefine el futuro del Tayrona
Los hermanos mayores insisten en que no abandonarán el territorio sin un acuerdo.
La exigencia busca su participación real en la administración del parque y reconocimiento político, territorial y económico.
“Si el parque quiere seguir funcionando, tiene que dialogar con nosotros y tenernos en cuenta en todo”, advirtió Juan Carlos Gil.
El Tayrona, símbolo natural de Colombia y motor turístico del Caribe, se encuentra hoy en una disputa que trasciende lo ambiental: enfrenta dos visiones de autoridad sobre un mismo territorio.
De un lado, el Estado y la legalidad institucional. Del otro, los pueblos ancestrales que reclaman autonomía sobre lo que consideran su templo sagrado.
Y mientras el diálogo no llega, el parque más importante del país sigue funcionando en una realidad paralela: oficialmente cerrado, pero administrado por quienes aseguran haber regresado para no volver a ser excluidos.
Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv
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