El borrador de decreto que ordenaría trasladar cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones desató una fuerte controversia. La propuesta, que aplica a los ahorros de afiliados que aprovecharon la ventana pensional para cambiarse al régimen público y están a menos de 10 años de pensionarse, ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y sobre el destino real de esos recursos. Mientras el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en entrevista con EL TIEMPO, enfatizó en que esos recursos no se usarán para cubrir necesidades fiscales inmediatas e insiste en que «el dinero es sagrado y no se usará para gasto corriente», expertos advierten que el mecanismo podría contradecir lo aprobado en la reforma pensional y afectar la sostenibilidad futura del sistema.
De acuerdo con presidente de Anif, José Ignacio López, en la práctica los dineros ingresarían a la unidad de caja del Presupuesto General, lo que abre interrogantes sobre su manejo efectivo. “El gobierno dice que esto se va a usar, pero realmente lo que estaría recibiendo son unos recursos que dan unidad de caja al presupuesto, pues pueden terminar en gasto corriente”, afirmó.
César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, plantea dudas sobre la viabilidad práctica de blindar esos recursos.
“Yo creo que es muy difícil ver la manera como el gobierno va a poder garantizar eso. A mí realmente me parece difícil, entendiendo el presupuesto de Colpensiones y que el dinero se considera fungible, así que puede utilizarse para diferentes usos”, afirmó.
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“Nosotros, el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Hacienda garantizamos que esos recursos son sagrados, constituyen el ahorro de los ciudadanos y están destinados a garantizar los derechos pensionales de las personas que se han trasladado”, reiteró Sanguino.
El Ejecutivo sostiene que el traslado no implica un desvío de recursos y que la finalidad sigue siendo el respaldo de las pensiones futuras. En ese sentido, insiste en que no habrá utilización distinta a la prevista dentro del nuevo esquema pensional.
De acuerdo con López, la discusión no solo es fiscal, sino jurídica. “Hay un decreto que va en contra de la ley y por eso nos parece que ya desde el punto de vista jurídico muy simple no debería aplicarse”, señaló.
El experto recordó que los artículos relacionados con la ventana de oportunidad de traslado fueron declarados exequibles y establecen que los recursos deben permanecer en las cuentas individuales hasta que se consolide la pensión. Desde esa perspectiva, un traslado anticipado modificaría el diseño aprobado por el Congreso.
Corte Suprema ratifica que Colpensiones no debe otorgar pensión de vejez bajo régimen de transición Foto:Archivo
Más allá del debate legal, el economista plantea un efecto estructural sobre la sostenibilidad del sistema. Explicó que los recursos provenientes de los traslados eran considerados una especie de cuota inicial para el fondo de ahorro del pilar contributivo que administrará el Banco de la República.
“Este ahorro de los traslados era muy importante porque era como la cuota inicial del fondo del ahorro”, indicó. Ese fondo fue diseñado para acumular recursos que respalden el pago de pensiones en el largo plazo.
Hay otra alerta que lanza Anif y es que la medida puede trasladar mayores costos de endeudamiento para el Gobierno. De acuerdo con López la reforma tenía una consistencia interna basada en que ciertos flujos y traslados quedaran como ahorro. “Si le quitamos el traslado, al comienzo el sistema no va a ahorrar casi nada y eso es un juego que se va a empezar a abrir con los años”, explicó.
El escenario, entonces implicaría que futuros gobiernos enfrenten mayores presiones fiscales para cumplir con el pago de pensiones. “Cuando uno no ahorra y tiene que hacer compromisos, le toca sacar la plata de otro lado”, afirmó, al advertir que podrían requerirse mayores esfuerzos fiscales.
De acuerdo con el centro de pensamiento económico, se estima que cerca del 70 por ciento de los 25 billones de pesos, aproximadamente 17,5 billones de pesos, estarían invertidos en títulos de deuda pública. «Para dimensionarlo, esta cifra es equivalente a cerca de un tercio de lo que el Gobierno espera colocar este año en el mercado por ese concepto (60 billones). Para cumplir la medida, las AFP se verían obligadas a vender estos títulos en un periodo corto, generando una oferta masiva que presionaría a la baja sus precios y como consecuencia un aumento en las tasas de interés», señalan.
Según analiza Anif, tasas más altas significan que al Gobierno le resulta más costoso endeudarse, en un momento en que el servicio de la deuda ya representa una carga significativa dentro del Presupuesto General de la Nación,
Si los recursos no se mantienen como ahorro, advierte, el sistema podría enfrentar dificultades futuras. “Si esta plata no se empieza a ahorrar, eventualmente el día de mañana podemos estar en un escenario muy complicado”, dijo, al señalar que la sostenibilidad quedaría comprometida si se generan obligaciones sin respaldo acumulado.
El borrador de decreto señala que los recursos pasarán de las AFP a Colpensiones. Foto:iStock
Pabón explicó que, desde el punto de vista presupuestal, una vez los recursos ingresan al sistema público, pierden trazabilidad individual estricta. “Por lo tanto, yo creo que es difícil lograr que se garantice que sea para lo que realmente están esos ahorros, que es para los pensionados”, agregó.
En su análisis, más allá de la intención declarada por el Ejecutivo, el reto es operativo y fiscal. “Diría que me parece difícil no ver el mecanismo claro y directo en el corto plazo para asegurar eso”, señaló.
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