Mientras el mundo discute la transición energética en lujosos salones de las grandes capitales de Europa y los EE.UU., en las profundidades de la Amazonía y el Pacífico colombiano se estaría consolidando lo que expertos y juristas denominan la «expresión más sofisticada del neoliberalismo: el mercado de bonos de carbono».
Un mercado que, bajo el manto del ‘lavado verde’ (greenwashing), estaría operado en una opacidad absoluta, sin regulación y, lo más grave, a costa de los derechos territoriales de comunidades indígenas, negras y campesinas.
La alerta es máxima la entregaron investigadores y expertos invitados a la II Conferencia Internacional para la Reformas Agrarias y el Desarrollo Rural, que cierra este fin de semana en Cartagena de Indias.
Según datos revelados por la clínica jurídica de la Universidad Javeriana y cifras actualizadas del Instituto Sinchi (2025), el panorama es desolador: 19 empresas ya controlan más de 19.5 millones de hectáreas en la Amazonía.
Esto significaría que el 75% de los territorios disponibles en esta región ya han sido negociados, incluyendo traslapes en 1.3 millones de hectáreas con Parques Nacionales Naturales.
Los bonos verdes son instrumentos de deuda emitidos por entidades públicas o privadas para financiar proyectos con beneficios ambientales, como energías renovables, transporte limpio o gestión de residuos. Sus fondos se destinan exclusivamente a iniciativas sostenibles, ayudando a combatir el cambio climático, pero estarían impactando a comunidades indígenas ante la falta de claridad sobre beneficios e impactos.
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de la Corte Constitucional
El problema es de distribución de usos. Al controlar lo que se puede o no hacer en el bosque, la empresa se convierte en el dueño real, sin importar quién tenga el título. Esto vacía de contenido la propiedad colectiva
Tomas Vergara Investigador del Centro de Alternativas para el Desarrollo, Cealdes.
ICARRD+20: Bonos de Carbono Foto:John Montaño/ EL TIEMPO
Históricamente, las comunidades étnicas han luchado por el derecho a la Consulta Previa.
«Sin embargo, ante la gravedad del mercado de carbono, la Corte Constitucional ha elevado el estándar a un nivel sin precedentes en la jurisprudencia de extractivismo: el Consentimiento Previo, Libre e Informado con poder de veto», recuerdó el abogado Joaquín Garzón, investigador de clínica jurídica de la Universidad Javeriana
Garzón pone sobre la mesa el caso emblemático es la sentencia del Piraparaná. «La Corte identificó que estos proyectos no solo eran contratos comerciales, sino amenazas a la supervivencia física y cultural. Las empresas, bajo la promesa de «conservación», restringían las «chacras» (cultivos de subsistencia), prohibiendo a los indígenas sembrar sus propios alimentos», señaló.
«No es solo consulta; es el poder de decir no. Por primera vez la Corte reconoce que la amenaza es tal, que las comunidades pueden vetar estos proyectos», explica el jurista que acompañan estos casos, y quien habló en Cartagena ante delegados y representantes de comunidades indígenas y campesinas, colombianas e internacionales.
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Amazonía colombiana Foto:Procolombia
El despojo moderno por cuenta de los bonos de carbono, no siempre implicaría quitar la tierra físicamente; implicaría expropiar su uso del teritorio. Es lo que los expertos invitados a Cartagena llaman una nueva estrategia de acaparamiento, y como ejemplo ponen dos ejemplos en los territorios:
El caso Buenaventura: Una empresa reclama 19.000 hectáreas superpuestas a los consejos comunitarios de Mayorquín y Raposo, con títulos de propiedad privada ‘avalados desde Bogotá’.
El caso Tolima: Comunidades campesinas que reforestaron bosques para recuperar la flora y la fauna tras la explotación mineral, hoy ven cómo sus bosques son mercantilizados por terceros sin su consentimiento.
«El problema es de distribución de usos. Al controlar lo que se puede o no hacer en el bosque, la empresa se convierte en el dueño real, sin importar quién tenga el título. Esto vacía de contenido la propiedad colectiva», añade Tomas Vergara, investigador del Centro de Alternativas para el Desarrollo, Cealdes.
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¿A dónde va la plata?
El río Puré, en la amazonía. Foto:Cortesía
«La trazabilidad financiera de los bonos revela una injusticia estructural. Mientras las empresas contaminantes ahorran millones en impuestos al comprar estos bonos, las comunidades locales reciben apenas entre el 28% y el 35% del valor real del bono», añade Vergara.
El resto del margen, según el investigador, se queda en una cadena de intermediarios y desarrolladores, muchos de ellos con capitales provenientes de las mismas industrias petroleras y mineras que buscan compensar sus emisiones sin dejar de contaminar.
Según el investigador, lo más perverso de este negocio es que los intermediarios y desarrolladores con entre el 65 y 72 por ciento.
Ante la falta de normativa clara frente a los bonos verdes, el Estado colombiano habría dejado de recaudar aproximadamente 2.6 billones de pesos (entre 2017 y 2025) debido al mecanismo de no causación del impuesto al carbono.
Paises, como Noruega, son los que más aportes hacen a las naciones potencialmente diversas ambientalmente como Colombia.
Estos millonarios recursoso que deja de recibir la nación, a juicio de los expertos, podría, por ejemplo, financiar la sostenibilidad del proceso de paz y las áreas protegidas, pero hoy se queda en el sector privado a cambio de «bonos chimbos», según Vergara.
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Un estado de cosas inconstitucional
Niño huitoto de la comunidad La Chorrera, considerada la más grande de la Amazonía Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
Sobre la mesa también se puso el caso de regiones como el Guaviare y Vaupés, donde las comunidades estarían firmando contratos fiduciarios de una complejidad técnica extrema, traducidos a lenguas indígenas, sin entender que están entregando el control de su territorio por hasta 100 años.
Ante este escenario, la propuesta jurídica es radical: «Colombia está ante un Estado de Cosas Inconstitucional en el mercado de carbono, similar a las crisis de salud o cárceles», sostiene el abogado Joaquín Garzón.
«Si vamos a regular esto, debe ser con la rigurosidad de la industria financiera o aeronáutica. No puede haber un mercado donde nadie sepa quiénes son los accionistas o cómo se distribuye cada centavo», advierte Vergara.
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Así, la Amazonía estaría prácticamente vendida en un mercado sin ley.
La única herramienta inmediata es el ejercicio del poder de veto y la denuncia del greenwashing.
El aire y la atmósfera son bienes públicos, y tratarlos como un ‘negocio de agiotistas’ está poniendo en jaque el último pulmón del mundo y los derechos de quienes lo han cuidado por milenios.
Además, te invitamos a
ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
JOHN MONTAÑO
Corresponsal de EL TIEMPO
Cartagena
En X: @PilotodeCometas
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