Por unanimidad, la Corte Constitucional decidió la semana pasada no meterle mano a una de las ‘papas calientes’ que estaban a su consideración y sobre la que estaban puestos los ojos del país: el estudio de fondo del ‘decretazo’ con el que, a mediados del año pasado, el gobierno Petro pretendía embarcar al país en una consulta popular, a pesar de que ya el Senado, en uso de sus competencias legales y constitucionales, había negado esa iniciativa.
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Acudiendo a su propia jurisprudencia, el alto tribunal consideró que no había lugar al control de fondo porque, al haberse finalmente caído la consulta y derogado el polémico decreto que la convocaba (que el registrador Nacional se negó a ejecutar en su momento), se configuraba el fenómeno de sustracción de materia.
“Cuando ello ocurre, la regla es que no procede el ejercicio de control de constitucional a menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen proferir una decisión de mérito, con efectos retroactivos”, dijeron los nueve magistrados, dos de los cuales aclararon su voto pero estuvieron de acuerdo con la decisión de la mayoría.
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Argumentos jurídicos para inhibirse, pues, existían: al no haber finalmente producido ningún efecto ni en el mundo jurídico ni en el material, el polémico ‘decretazo’ inventado por el fugaz exministro Eduardo Montealegre no justificaba la atención de la Corte. Y frente a la decisión, como frente a todas las de la justicia, solo cabe el acatamiento pleno.
Lo cual no impide, ni más faltaba, el debate. Muchos sectores se quedaron esperando que la Corte sentara jurisprudencia sobre los límites que tienen este y cualquier gobierno frente a decisiones tomadas legítimamente por las otras ramas del poder público. En este caso, el Congreso.
La Corte en pleno no consideró una “circunstancia excepcional” que el Ejecutivo, en una actuación sin ningún precedente ni justificación, hubiera intentado saltarse olímpicamente lo que dicen la Constitución y la ley sobre el mecanismo institucional para convocar a una consulta popular. Tampoco el fallido intento del Gobierno para que el Consejo de Estado no pudiera abordar, como finalmente lo hizo vía demanda, el estudio del ‘decretazo’, buscando con ello que el control de la justicia se produjera sobre un hecho cumplido a pesar de su abierta incongruencia con la carta política. La no menos polémica emergencia económica convocada en diciembre, aprovechando justamente la vacancia de la justicia, y suspendida por la Corte en enero, cuando ya centenares de miles de millones de pesos en impuestos habían llegado a las arcas de un gobierno que no se cuida de aparentar que no está en campaña, fue una ‘jugadita’ que tuvo un primer antecedente en la idea de Montealegre.
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Las razones de la Corte son valederas. Pero no necesariamente marcarán el desenlace del partido sobre el ‘decretazo’ que se está jugando en otra cancha clave: la del Consejo de Estado. Esperemos que allí sí haya decisión de fondo.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En X: @JhonTorresET
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