El teniente coronel Jorge Alexander Mora Cortés, quien durante seis años estuvo al frente de la Unidad Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), habló en detalle con EL TIEMPO sobre su llamado a calificar servicios, las investigaciones que lideró contra funcionarios de alto perfil y la situación de seguridad que enfrenta tras su retiro.
Con 27 años de carrera en la Policía Nacional, 21 de ellos en la Dijín, sostiene que su salida se produjo en medio de procesos sensibles y en un contexto que, según afirma, compromete su integridad y la de su familia.
Coronel Jorge Alexander Mora, de la Policía. Foto:Archivo particular
Coronel, ¿cómo y cuándo se entera de que fue llamado a calificar servicios?
Yo me encontraba en Washington D.C., (Estados Unidos), bajo la figura de adjunto policial. De manera no coordinada me informan que debo viajar a Bogotá porque, por necesidades del servicio, iba a asumir otro cargo dentro de la institución. Me presentan la situación como una reubicación operativa. Viajo, me presento el miércoles de la semana pasada ante la Dirección General y, en lugar de recibir un nuevo encargo, me notifican que esas “necesidades del servicio” correspondían en realidad a mi llamado a calificar servicios, es decir, a mi retiro.
¿La notificación contenía motivación específica?
No. Formalmente cumple con los requisitos de ley. El llamamiento a calificar servicios es una facultad discrecional del Gobierno. Pero quiero dejar algo claro: discrecionalidad no significa arbitrariedad. El hecho de que sea una figura facultativa no autoriza decisiones con motivos ocultos. La arbitrariedad no puede estar por encima de la discrecionalidad.
El Exjefe anticorrupción de la Dijín, coronel Jorge Alexánder Mora Cortés. Foto:Cortesía
Usted estuvo seis años como jefe Anticorrupción de la Dijín. ¿Cuál fue el alcance de su gestión?
Estuve seis años como jefe del grupo Anticorrupción dentro de la Dijín. En total llevo 21 años en esa dirección y 27 en la Policía. Durante ese periodo investigamos y judicializamos a más de 2.000 funcionarios públicos. Estoy hablando de jueces, fiscales, alcaldes, gobernadores, magistrados de tribunal, generales de la fuerza pública, senadores y funcionarios del Gobierno nacional. Mi permanencia en ese cargo se dio con cinco directores generales distintos, en dos gobiernos diferentes. Nunca tuve cuestionamientos formales sobre mi labor ni restricciones en el ejercicio de la investigación.
¿Qué casos lideró directamente?
Estuve al frente de la investigación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, conocida como el caso UNGRD. También manejé el proceso de ‘Las Marionetas’, donde fue investigado el exsenador Mario Castaño. Adicionalmente, llevé la integralidad de la investigación por presuntas irregularidades en la administración de Daniel Quintero en Medellín. Y estuve al frente del caso de volteo de tierras en la Costa Caribe (Barranquilla), donde capturamos notarios y funcionarios públicos. En ese caso señalé que el brazo armado estaba vinculado a la estructura criminal conocida como ‘Los Costeños’.
En el caso UNGRD, ¿hasta dónde llegó la investigación bajo su dirección?
Mi última actuación directa fue la captura del entonces expresidente del Congreso, Iván Name. La investigación alcanzó niveles que incluyeron a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, además de otros nombres que posteriormente han sido informados por la Fiscalía. Después de mi salida, el proceso continuó bajo competencia de la Fiscalía General de la Nación.
Coronel Jorge Alexander Mora denuncia ante la CIDH riesgos en su seguridad. Foto:Archivo particular
¿Por qué viaja a Washington y bajo qué condiciones?
Viajo en 2025 como adjunto policial. Pero ese traslado no se da en un contexto normal. El 9 de diciembre de 2024, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, manifestó públicamente que mi esposa, mi hija y yo debíamos ser reubicados por razones de seguridad. Cuando una advertencia de esa naturaleza se hace pública por una autoridad de ese nivel, debe ser atendida. Estábamos en medio de investigaciones sensibles y existían alertas concretas y así mismo era reconocido como uno de los 10 líderes mundiales anticorrupción.
¿Qué ocurrió con su esquema de seguridad?
El esquema que me había sido asignado fue desmontado de manera paulatina entre octubre y noviembre. Hoy, tras mi retiro, quedo sin condiciones claras de protección. La Corte Constitucional ha reiterado que la seguridad no depende del cargo sino del nivel de riesgo. Y el riesgo subsiste cuando hay prófugos, estructuras con poder económico y político y procesos judiciales en curso.
El teniente coronel Jorge Mora Cortés, jefe del área Investigativa Anticorrupción de la Policía. Foto:Cortesía
¿Ha podido conversar con el actual director de la Policía sobre su salida y su seguridad?
No. Hablé con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien me notificó que debía salir de Washington. Pero he solicitado en varias ocasiones una reunión con el director general y no se me ha concedido. No buscaba discutir la figura administrativa del retiro. Buscaba claridad sobre mis condiciones de seguridad y las de mi familia. Después de 27 años de servicio, que no se me otorgue siquiera un espacio de diálogo es una situación que considero grave. Yo no le estoy pidiendo un favor a la Policía Nacional sobre mi seguridad, es una obligación constitucional de proteger a los que luchamos contra la corrupción. Pido garantías de seguridad tras mi llamado a calificar servicios.
Usted ha hablado de posibles accesos indebidos a bases de datos. ¿A qué se refiere?
Tengo conocimiento de que la contrainteligencia de la Policía ingresó a bases de datos con información personal mía y de mi familia. También se habrían consultado procesos judiciales que solo pueden ser verificados por la Fiscalía General de la Nación. Eso constituye una violación al Código Penal. Estamos hablando de perfilamientos. Ninguna entidad distinta a la Fiscalía o la Corte Suprema puede adelantar actuaciones que vulneren derechos fundamentales. He solicitado investigaciones ante la Fiscalía y la Procuraduría. Desde diciembre existe una noticia criminal aperturada.
Sede principal de la Dijín en Bogotá. Foto:@Dijínpolicía
¿Qué relación tiene el DNI con su caso y qué tipo de presiones asegura haber recibido?
Yo voy a ser preciso. La Dirección Nacional de Inteligencia no tiene funciones de policía judicial ni facultades investigativas dentro de los procesos penales que yo adelanté como jefe anticorrupción de la Dijín. Sin embargo, he tenido conocimiento de accesos a bases de datos relacionadas conmigo y con mi núcleo familiar, así como consultas sobre procesos judiciales que solo pueden ser revisados por la Fiscalía General de la Nación o por autoridad competente con control judicial previo y posterior. Eso no es un asunto menor. Si se llegara a comprobar que una entidad sin competencia investigativa accedió a información sensible, ello debería ser evaluado por las autoridades competentes.
Coronel, usted ha mencionado que las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, han tenido un impacto en su situación. ¿A qué se refiere exactamente?
Me refiero a pronunciamientos públicos en los que el presidente cuestionó los procesos investigativos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y, en términos generales, a fiscales, jueces e investigadores que participaron en esos casos. Cuando existen pronunciamientos públicos de altos funcionarios del Estado sobre procesos judiciales en curso, se genera un ambiente de señalamiento que trasciende lo político y puede afectar la seguridad de quienes lideramos esas investigaciones. No estoy diciendo que exista una orden directa contra mí. Lo que afirmo es que esas declaraciones, en el contexto de investigaciones sensibles que involucraban a altos funcionarios, producen un efecto institucional y social. Cuando se cuestiona públicamente la legitimidad de un proceso o la actuación de los investigadores, se crea una narrativa que puede derivar en estigmatización.
En medio de este contexto, ¿cuál es su principal preocupación?
Mi principal preocupación es mi seguridad. Que me retiren de la Policía es un hecho administrativo. Pero que me dejen sin condiciones de protección, después de haber liderado investigaciones contra estructuras criminales y funcionarios de alto perfil, es un asunto distinto. Quiero dejar absolutamente claro que me encuentro en plenas condiciones físicas y mentales, sin embargo, hay que tener en cuenta que la presión mediática, política y de otros actores inciden sobre mi seguridad y mi familia. Mi única preocupación es que se me garanticen condiciones adecuadas de seguridad. Cuando a un oficial le desmontan progresivamente el esquema de seguridad, lo dejan sin protección y lo exponen en medio de investigaciones sensibles, la situación es delicada. La amenaza no siempre se expresa con un mensaje directo. También se manifiesta cuando se cuestionan públicamente los procesos judiciales y se pone en duda la labor de fiscales, jueces e investigadores.
Instalaciones de la Dijín. Foto:Cortesía
¿Cree que su salida está relacionada con las investigaciones que adelantó?
Esa es una pregunta que deberán responder las autoridades judiciales y disciplinarias. Yo he acudido a instancias nacionales e internacionales. Lo que sí puedo decir es que durante cinco direcciones generales anteriores nunca tuve inconvenientes. Mi salida coincide con investigaciones de alto perfil y con decisiones similares frente a otros oficiales que estuvieron en la Dijín.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
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