La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia empató en la discusión de la acusación contra cinco congresistas y un excongresista vinculados al saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Se trata de Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
La Fiscalía revisó los ingresos de congresistas a la sede de la UNGRD en la era Olmedo. Foto:UNGRD
Los magistrados se reunirán nuevamente la próxima semana para elegir a los conjueces y el 11 de marzo para destrabar el debate y definir la situación jurídica de los parlamentarios, a quienes el magistrado ponente, Misael Rodríguez, propone llamar a juicio y enviar a prisión.
El magistrado argumentó que los procesados, al ser figuras políticas con influencia regional y nacional, podrían influir en el juicio en caso de prosperar la acusación que propone.
Su tesis se desprende de los mismos hechos por los que fueron imputados: la supuesta compra, a través de cupos indicativos y contratos de proyectos para sus regiones, de su voto favorable a los proyectos del Gobierno que se tramitaban en el Congreso. Especialmente en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de la que hacían parte algunos de ellos.
El magistrado ponente ya había sometido a votación una ponencia que pedía dictar medida de aseguramiento contra los cinco congresistas en ejercicio (exceptuando al exrepresentante Juan Diego Muñoz). Fue derrotada en la Sala en agosto pasado.
Era un documento de 500 páginas en el que consignó como pruebas los testimonios de los exdirectores de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla; de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz; de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y Diego Guevara, así como del exministro de Comercio Luis Carlos Reyes.
Este último sostuvo que había puesto en conocimiento del presidente Gustavo Petro irregularidades en la repartija de contratos y en la asignación anómala de presupuesto de Hacienda, mucho antes de que estallara el escándalo de corrupción.
Dos candidaturas se enredarían si la Corte envía a la cárcel a los congresistas del caso UNGRD. Foto:Archivo
La prueba reina son los chats del celular de la exasesora de Hacienda María Alejandra Benavides, que dan cuenta de una serie de reuniones que sostuvieron los ministros salpicados con los congresistas investigados, en las que se habría acordado su apoyo a proyectos como el de endeudamiento.
La discusión en la Sala, sin embargo, tuvo otros planteamientos jurídicos que derivaron en el empate 3 / 3.
Uno advierte un supuesto vicio de procedimiento que anularía el proceso adelantado hasta el momento y devolvería el expediente a reparto. Se trata de la investigación contra Wadith Manzur, que llevaba el despacho del magistrado Héctor Alarcón y que, supuestamente, fue reasignado sin cumplir con el debido procedimiento.
La otra postura que se juega es la de negar la medida de aseguramiento en contra de los cinco parlamentarios porque aparentemente no habría pruebas sobrevinientes o nuevas justificaciones para que sean apartados de sus funciones públicas, ahora en condición de llamados a juicio.
Actualmente, Wadith Manzur y Karen Manrique están aspirando a reelegirse en sus curules. Con el aplazamiento de la decisión de fondo, la definición de su situación jurídica estaría atravesada por las elecciones del domingo 8 de marzo, en las que podrían volver a ser designados como congresistas.
Entrevista con el abogado Juan David Riveros. Foto:
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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