Pocas horas después de la explosión del 28 de febrero en Teherán, fuentes israelíes y estadounidenses anunciaron (y los medios estatales iraníes confirmaron más tarde) la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
En las ciudades iraníes y entre las comunidades de la diáspora estallaron celebraciones espontáneas, una catarsis de la ira pública acumulada durante décadas de represión bajo el régimen, incluyendo la violenta represión de enero contra las más recientes protestas, en la que las fuerzas gubernamentales mataron o detuvieron a decenas de miles de manifestantes, según se ha informado.
Pero el impacto de la muerte de Jamenei no indica necesariamente el colapso del aparato político y de seguridad que dedicó casi cuatro décadas a construir. Esta estructura institucional de poder podría ser, de hecho, su legado más perdurable.
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Cuando el fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, murió en 1989, pocos expertos políticos imaginaban a Jamenei como un sucesor dominante o transformador. Según el artículo 109 de la Constitución iraní, el líder supremo debía originalmente ostentar el estatus de marja-e taqlid, o gran ayatolá, el nivel más alto de la autoridad religiosa chií, y una cualificación que Jamenei no poseía. Sin embargo, a los pocos meses de la muerte de Jomeini, se modificó el artículo 109. El requisito de alcanzar el rango eclesiástico supremo fue sustituido por cualificaciones políticas y religiosas más generales y se reforzó el modelo de un único líder supremo dotado de amplios poderes. Muchas personas creían que Jamenei desempeñaría un papel más simbólico, pero se equivocaron gravemente.
Alí Hoseiní Jamenei se desempeñaba como líder supremo de Irán desde 1989. Foto:AFP
Durante las décadas siguientes, Jamenei transformó gradualmente la posición de Líder Supremo, pasando de ser una autoridad supervisora a la estructura de mando central de la República Islámica. Su innovación política más significativa fue la reconfiguración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Mientras Jomeini insistía en limitar la intervención militar en asuntos políticos, Jamenei se basó en el artículo 110 de la Constitución —que otorga al líder supremo el mando sobre todas las fuerzas armadas— para cultivar un aparato de seguridad ferozmente leal.
Ya no era solo una institución militar, el CGRI bajo Jamenei se convirtió en un conglomerado político y económico integrado en casi todos los sectores importantes de la economía iraní, desde infraestructuras y construcción hasta telecomunicaciones, proyectos energéticos y comercio petrolero. El sistema creado por Jamenei fue uno en el que la lealtad militar, los intereses financieros y la supervivencia del régimen se reforzaron mutuamente. Su autoridad política se aseguraba tanto por la dependencia institucional como por la ideología.
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Un consejo ‘de bolsillo’
Para consolidar aún más su poder, Jamenei ejerció el control del Consejo de Guardianes, establecido en virtud del Artículo 91 de la Constitución con el objetivo de mantener el equilibrio institucional. El Consejo de Guardianes está compuesto por seis juristas islámicos nombrados directamente por el líder supremo y seis expertos legales nominados por el presidente del poder judicial y aprobados por el parlamento. Sin embargo, según el artículo 157, el líder supremo nombra al presidente del poder judicial, teniendo así la última palabra sobre los 12 miembros. Con el tiempo, la autoridad del Consejo de Guardianes para vetar a los candidatos parlamentarios le permitió, en la práctica, limitar el campo político solo a aquellos individuos considerados aceptables por el régimen.
Una dinámica similar se desarrolló en la Asamblea de Expertos. Según los artículos 107 y 111 de la Constitución, la Asamblea es responsable de supervisar al líder supremo y nombrar a su sucesor. Se supone que este órgano es uno de los pocos controles constitucionales de su autoridad. Pero en la práctica, los candidatos deben ser primero aprobados por el Consejo de Guardianes, lo que crea un circuito de retroalimentación en el que la influencia del líder supremo se extiende a la institución encargada de supervisarlo.
La Constitución iraní sí prevé un mecanismo legal para la sucesión del liderazgo. En caso de la muerte o incapacidad del líder supremo, se estipula que la autoridad ejecutiva se transfiere temporalmente a un consejo compuesto por el presidente, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes elegido por el Consejo de Discernimiento de Conveniencia. Sin embargo, esto presupone una independencia institucional, que Jamenei socavó con tanta eficacia.
Así, el sistema que Jamenei ayudó a crear sobrevivirá a su muerte. Las redes que rigen el poder judicial, las fuerzas de seguridad y las instituciones clericales siguen profundamente interconectadas. Durante el gobierno de Jamenei, la autoridad dependió cada vez más de una combinación de legitimidad religiosa, lealtad militar y control económico, todo ello anclado en mecanismos constitucionales que concentran el poder a la vez que preservan la apariencia de legalidad. El sucesor de Jamenei heredará no solo un cargo político, sino una arquitectura institucional diseñada para reproducir la autoridad centralizada.
El sistema que Jamenei ayudó a crear sobrevivirá a su muerte. Las redes que rigen el poder judicial, las fuerzas de seguridad y las instituciones clericales siguen profundamente interconectadas
Por lo tanto, Irán se enfrenta a un momento de profunda incertidumbre autoritaria, ya que ni el colapso del régimen ni una transición predecible parecen probables. Las instituciones de gobierno permanecerán intactas incluso si la legitimidad política se debilita y la sucesión se disputa, quizás de forma violenta. Sin reformas estructurales, la misma concentración de poder podría transferirse a un nuevo líder supremo, perpetuando el estancamiento político de Irán.
Un cambio significativo y duradero dependerá menos de quién suceda a Jamenei que de si se desmantela su legado institucional. Sin una reforma integral del poder ejecutivo, el sistema autoritario iraní simplemente se reequilibrará.
Pegah Banihashemi, jurista en derecho constitucional de la Universidad de Chicago, analista de las estructuras de poder en el Medio Oriente. © Project Syndicate – Chicago
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