En medio de la tormenta política en la que se le convirtió a su gobierno la muerte del niño Kevin Arley por falta de medicamentos de la intervenida Nueva EPS, el presidente Gustavo Petro volvió a sacar del armario uno de los fantasmas recurrentes en sus discursos y trinos: el de un supuesto riesgo de fraude en las elecciones, desmentido no solo por las autoridades electorales, sino por analistas y observadores independientes como la MOE.
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No es una narrativa nueva. El Gustavo Petro elegido en cuatro campañas al Congreso, a la alcaldía de Bogotá (el segundo cargo de elección popular más importante del país) y que en el 2022 se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia del país, sostiene que el sistema electoral colombiano no es confiable. Incluso, en el 2024 llegó a decir que era más transparente el venezolano, el mismo controlado por el hoy preso dictador Nicolás Maduro para robarse las elecciones de julio de ese año.
Gustavo Petro en el consejo de ministros del 10 de febrero desde Montería. Foto:Presidencia
Repetidamente, Petro ha apuntado contra el protocolo de manejo de los formularios E14 (las actas de escrutinio), contra los software utilizados por la organización electoral y contra la contratación de la empresa Thomas Greg & Sons para el apoyo a la Registraduría en la logística del proceso democrático. Es la misma empresa a la que trató de bloquear en el espinoso tema de la fabricación de los pasaportes.
Para algunos analistas, la nueva arremetida contra la legitimidad del sistema electoral colombiano, reconocida internacionalmente, debe enmarcarse en una estrategia al menos parcialmente encaminada a distraer la atención del país sobre la crisis de la salud, encarnada en la muerte de Kevin. Pero también hay preocupación porque detrás de los ataques sin pruebas o parcializados de Petro contra la Registraduría, a la que incluso llamó a desobedecer, haya una eventual intención de poner en duda los resultados de las jornadas electorales que empiezan este 8 de marzo y frente a las que el mandatario no se ha cuidado por ocultar sus parcialidades.
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Los ataques a la Registraduría y a la organización de los certámenes democráticos habían entrado en pausa por varios meses, con ligeras menciones en algunos de sus discursos en plaza pública. Sin embargo, esta semana volvió a retomar su costumbre con todos los fueros. Comenzó con un simple trino cuestionando la directriz del registrador Hernán Penagos sobre dejar en blanco los espacios de los formularios E14 en los que no había votos, aseveró que eso favorecía el fraude. Luego fue subiendo el tono, como se mostró en su discurso en plaza pública del jueves.
Hernán Penagos, registrador nacional, en rueda de prensa. Foto:Registraduría.
“Si al mismo tiempo a esa que le dieron el derecho inconstitucional de guardar privadamente los datos de Colombia le dan al mismo tiempo el derecho de hacer los cómputos electorales, estamos ante un 100 % de riesgo de fraude. Y yo tengo que denunciárselo a ustedes, de frente”, afirmó Petro, haciendo referencia a un viejo conocido en su narrativa, Thomas Greg & Sons, a la que volvió a relacionar con los temas de cedulación a pesar de que no es así.
En la noche del viernes fue más allá y llegó a sugerir en sus redes sociales que hubo intentos de fraude en la elección en la que resultó ganador en primera y segunda vuelta. “En las elecciones del 2022, descubrimos que cada 5 minutos aparecía una mesa fantasma sumando votos. A eso se le llama iteraciones. El software lo tenía en sus algoritmos, y no se permitió a los partidos ver su código fuente. El preconteo fue alterado y pusieron a ganar a Hernández cuando yo llevaba amplia ventaja” fue su versión. También dijo que iba a poner esa información en manos de la Fiscalía, la misma entidad a la que cuestionaba hace una semana porque supuestamente estaba actuando con intereses políticos al anunciar la imputación contra Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro en el 2022 y hoy presidente de Ecopetrol, por violación de topes electorales y la opaca compra de un millonario apartamento.
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Ese tono también ha sido asumido por los cercanos al Gobierno, que activaron la narrativa del posible fraude. El registrador Hernán Penagos ha evitado entrar en confrontación directa con el Presidente. Su mensaje se ha centrado en señalar que la entidad se ha fortalecido en su gestión para que los resultados del 2026 no tengan ningún tipo de duda. También se ha centrado en defender la independencia de la entidad que dirige: “Desde la Registraduría estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras y nadie le va a decir a la Registraduría cómo se llevan a cabo las elecciones porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”.
El presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Foto:Néstor Gómez EL TIEMPO
Desde la Procuraduría, que es la entidad que vigila el actuar de todos los funcionarios públicos, hubo un espaldarazo pleno a la Registraduría y una clara advertencia a los jurados de votación sobre cuál es la voz que debe acatarse en materia electoral. José María Sarmiento Ortiz, procurador delegado para la Vigilancia Técnica y Operativa en lo Electoral, subrayó que los jurados ejercen una función pública transitoria y están sujetos al control disciplinario del ente de control: “Si se llegase a presentar una discrepancia entre el Registrador y el Gobierno, el Registrador es quien puede evaluar qué se puede ajustar y qué no. El tema es que el proceso electoral ya está en marcha”, dijo Sarmiento.
Veedurías y analistas dicen que, más allá de debates políticos, es contraproducente que un Presidente siembre dudas sobre el sistema electoral sin aportar mayores pruebas. Desde la MOE (ver entrevista) se ha recordado que directrices como la que expresó Gustavo Petro sobre los formularios E14 trajeron complicaciones en los comicios pasados. “Las instancias del Estado tienen unos protocolos. Cualquier otra instrucción facilita el fraude y quita confianza en los resultados electorales”, dice Alejandra Barrios, directora de esa veeduría.
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“La desconfianza en los procedimientos electorales es típica de los gobiernos autoritarios de tinte populista”, señala Gonzalo Araújo, analista y cofundador de la firma Orza. En esa lógica, añade: “Sorprende que el Presidente haya sido elegido con las mismas reglas e instituciones en diversos cargos de elección popular y nunca cuestionó en esos momentos el rol de las instituciones garantes de las reglas y el conteo en lo electoral”.
Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar en marcha por el salario mínimo. Foto:NÉSTOR GÓMEZ – EL TIEMPO
Gabriel Cifuentes, columnista de EL TIEMPO, también cuestionó la postura presidencial, sobre todo al centrar las marchas del pasado jueves en una supuesta defensa del voto: “Un llamado a las calles en esta época solo tiene un propósito político: una intervención en política cuestionable desde lo ético y lo legal”, afirma. También destacó las garantías entregadas por la entidad liderada por Hernán Penagos: “La Registraduría ha dado todas las garantías, no existen factores objetivos para cuestionar el desarrollo de sus funciones”.
La oposición también tiene alarmas encendidas. “En una democracia sólida, el Gobierno no puede convertirse en juez del proceso electoral. Esa función corresponde exclusivamente a las autoridades electorales, que deben actuar con autonomía e independencia, y cuyo trabajo debe ser respetado por todos los poderes públicos”, dice el precandidato presidencial David Luna. Otros sectores advierten el riesgo de que se esté preparando un posible desconocimiento de los resultados de la contienda ante un posible resultado adverso al Pacto Histórico y sus candidaturas. “Colombia no puede aceptar llamados desde la Presidencia que pongan en riesgo la transparencia electoral”, señaló el Centro Democrático.
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JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política
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