El pasado 9 de febrero, dentro de uno de los cierres anuales del Parque Nacional Natural Tayrona, el Estado colombiano ejecutó uno de los operativos ambientales más delicados de los últimos años en el Caribe.
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No fue una intervención rutinaria ni una demolición menor: detrás había riesgos de seguridad, presión institucional y la sospecha de intereses económicos capaces de desafiar abiertamente la autoridad en una de las reservas naturales más protegidas del país. De hecho, lo que encontraron las autoridades superó cualquier expectativa.
La inversión está estimada en alrededor de 500 millones de pesos, Foto:Parques Nacionales Naturales de Colombia
En lugar de una ocupación improvisada, hallaron un complejo turístico prácticamente terminado, equipado para recibir visitantes sin contar con permisos ambientales ni títulos de propiedad. La infraestructura incluía techos de palma, baterías sanitarias, zonas de hamacas, áreas comerciales, duchas, mobiliario y sistemas de servicios básicos instalados en predios que, según la Procuraduría, pertenecen exclusivamente a la Nación. La inversión, estimada en más de 500 millones de pesos, encendió las alarmas.
Un operativo con respaldo nacional
La intervención fue liderada por el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), con participación de Parques Nacionales Naturales, Fiscalía, Procuraduría y fuerza pública. Según fuentes oficiales, el despliegue requirió apoyo nacional debido al riesgo que implicaba intervenir una estructura asociada a intereses económicos aún desconocidos.
Tras confirmar las irregularidades, se procedió al desalojo y demolición en el Tayrona. Foto:Cortesía Miguel Manjarrez
Funcionarios provenientes de otras regiones del país hicieron parte de la comisión para evitar presiones locales y garantizar la seguridad del procedimiento.
“En esas áreas intervenidas no existía propiedad privada ni comunitaria, sino únicamente propiedad del Estado”, afirmó el procurador judicial ambiental y agrario Ramón Laborde, quien aseguró que todas las actuaciones estuvieron respaldadas por actos administrativos y por la ley.
Parte de la infraestructura fue desmontada en el sector cercano a la entrada de Cañaveral, donde anteriormente funcionaba un museo. En otro punto se desestructuraron zonas de camping y servicios turísticos, además del decomiso de plantas eléctricas, motobombas y materiales de construcción.
Uno de los hallazgos más preocupantes fue el sistema sanitario, dado que los residuos eran vertidos directamente a una quebrada del parque, generando contaminación en un ecosistema de alta sensibilidad ambiental.
La sombra de un inversionista poderoso
Aunque durante el operativo algunos integrantes del pueblo kogui manifestaron su inconformidad y reclamaron la intervención, las autoridades descartaron que las comunidades indígenas fueran propietarias del terreno o responsables directas de la construcción.
Hasta servicios de baños y duchas se iba a ofrecer en el punto. Foto:Parques Nacionales Naturales de Colombia
“En ese sector no existe reconocimiento de territorio indígena y claramente no están en capacidad económica de financiar una inversión de esa magnitud”, explicó Laborde.
La hipótesis oficial apunta ahora a una persona o grupo con alto poder adquisitivo que habría utilizado líderes campesinos e indígenas como fachada para desarrollar el proyecto turístico dentro del parque. Hasta el momento no se ha identificado públicamente al responsable.
La Fiscalía General abrió una noticia criminal por ocupación indebida de áreas de especial importancia ecológica y otros delitos ambientales que podrían derivar en penas privativas de la libertad para quienes resulten involucrados.
El Tayrona, a horas de una nueva tensión
El operativo ocurrió días antes de la fecha prevista para la reapertura del parque, programada para el 16 de febrero tras el cierre tradicional entre el 1 y el 15 de ese mes. Sin embargo, el procedimiento abrió un nuevo frente de conflicto.
Los indígenas aseguran que bloquearán el ingreso de turistas como protesta. Foto:Cortesía Miguel Manjarrez
Autoridades indígenas kogui, bajo la orientación de uno de sus mamos, anunciaron que no permitirán el ingreso de turistas como protesta por lo que consideran un abuso institucional durante las demoliciones.
La advertencia genera incertidumbre sobre la reapertura de uno de los destinos turísticos más importantes del país, cuya operación impacta directamente la economía regional y miles de empleos vinculados al turismo.
Desde el Gobierno Nacional y Parques Naturales insisten en que la actuación fue legal, necesaria y orientada a proteger un ecosistema estratégico que no puede convertirse en escenario de explotación privada disfrazada de proyectos comunitarios.
El caso dejó al descubierto una tensión estructural que atraviesa al Tayrona desde hace años: la disputa entre conservación ambiental, derechos comunitarios y presiones económicas alrededor de uno de los territorios más valiosos del Caribe colombiano.
En la zona, luego del operativo solo quedaron escombros. Foto:Cortesía Miguel Manjarrez
Mientras avanza la investigación para identificar quién financió la construcción ilegal, el parque está en el limbo. La pregunta ahora no es solo quién construyó dentro del Tayrona, sino cómo una infraestructura turística casi lista logró levantarse en silencio dentro de un área protegida bajo vigilancia estatal.
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La respuesta podría revelar algo más profundo que una ocupación ilegal: la existencia de intereses capaces de intentar convertir un patrimonio natural de todos los colombianos en un negocio privado.
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A pesar de las pruebas, el procesado no aceptó los cargos. Foto:
Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv
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