El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aseguró en diálogo con EL TIEMPO que la apuesta inicial del Ejecutivo con la ley de sometimiento puede ajustarse si existen alternativas viables en el Legislativo. Insistió en que las negociaciones requieren estabilidad normativa y acuerdos amplios para garantizar seguridad jurídica tanto a los actores del proceso.
Sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo 2026, ¿ya tienen listo el recurso contra la decisión?
Hay que revisar con cuidado el auto, cumplir las órdenes establecidas en la parte resolutiva, expedir el decreto transitorio y, con esos nuevos criterios, elaborar un nuevo decreto que, como el inicial, siempre esté orientado a la defensa del ingreso de los trabajadores y al concepto de salario vital consagrado en la Constitución, que nunca había sido desarrollado en anteriores gobiernos al momento de fijar el salario mínimo por decreto. Seguramente, esos serán los argumentos que se utilizarán en el recurso que presenten la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Agencia Jurídica del Estado, que es sujeto procesal en este caso.
Usted comentaba que se convocará la Comisión de Reforma de la Justicia y que se dejarán listas unas líneas de proyectos antes del 7 de agosto. ¿Cuándo será?
Lo primero que vamos a hacer, una vez se convoque la Comisión de Reforma de la Justicia, es realizar un estado del arte. Ya se ha avanzado en las comisiones y existen documentos borrador. Lo que voy a pedir es que, en un plazo de dos meses, esos textos se conviertan en documentos de trabajo. Hay propuestas de reforma, por ejemplo, en materia de congestión judicial, sistema penal acusatorio y algunos aspectos del diseño institucional de la Rama Judicial.
¿Se tiene en cuenta también la modificación a la Ley 600?
El sistema penal acusatorio hace parte de la Ley 600 y todo lo relacionado con la investigación penal requiere un énfasis especial. Si este punto no estuviera incluido en los documentos discutidos por la Comisión, propondría la creación de una subcomisión en la que participen, por ejemplo, la Sala Penal y las asociaciones de abogados litigantes en derecho penal, que conocen el tema en detalle. También está presente la Corporación de Excelencia de la Justicia, que cuenta con cifras muy relevantes sobre esta materia. Pediría que la Comisión avance en un lineamiento claro al respecto.
¿Alcanzan los seis meses que quedan de Gobierno para presentar un proyecto de esta magnitud?
Me gustaría que sí. Si no se alcanza a presentar el proyecto de ley, al menos que podamos dejar claro que existe una crisis en el sistema penal acusatorio, sustentada en cifras. Organismos como la Corporación de Excelencia y la propia Fiscalía han realizado análisis al respecto. Debemos revisar qué hacer, porque estos son temas que hoy son responsabilidad de este Gobierno, pero que deben abordarse a largo plazo. Mejorar el acceso a la justicia y reducir la impunidad deben ser políticas de Estado, no políticas de cada cuatro años.
Jorge Iván Cuervo Restrepo, ministro de Justicia. Foto:Mauricio moreno / el tiempo
¿Qué sucederá con la ‘paz total’, que en este momento no tiene un marco jurídico?
Es una prioridad. La próxima semana tengo una reunión con el Alto Comisionado para la Paz, quien ya me ha planteado las inquietudes que debemos abordar. La agenda legislativa contempla la aprobación del marco jurídico; el proyecto irá a primer debate. Escucharemos las observaciones de las distintas bancadas porque es fundamental que al final del proceso contemos con un marco jurídico para la paz, que brinde estabilidad y seguridad jurídica a quienes han optado por atender el llamado del Gobierno a las mesas de negociación.
¿Considera que avanzar en un proceso de paz sin un marco jurídico no fue perjudicial?
Habría sido ideal contar con él desde el principio. Sin embargo, estamos en este momento y la idea es concretar un marco jurídico que facilite las negociaciones. Esta es la forma como el Gobierno, hasta el último minuto, buscará la paz y una salida negociada a los distintos conflictos armados, incluso aquellos relacionados con grupos de alto impacto criminal.
¿Se va a insistir en la ley de sometimiento 2.0 o se presentará otro proyecto?
Cuando se llega al Congreso, el Gobierno presenta una apuesta inicial, que es el proyecto de ley radicado. Sin embargo, los congresistas también pueden proponer alternativas. Entiendo que existe un “plan B” presentado por algunos parlamentarios. Revisaremos ese proyecto.
En ocasiones es posible unificar iniciativas, pero primero debo analizar su naturaleza y el estado de discusión en el Congreso porque la paz y las negociaciones requieren consensos amplios en la sociedad. Los gobiernos ejercen liderazgo en las negociaciones, como ocurrió con el Gobierno de Santos y las extintas Farc. Sin embargo, esa decisión política debe ir acompañada de consensos y marcos jurídicos que brinden tranquilidad y seguridad jurídica, tanto a los actores como a los ciudadanos.
Sobre las bandas de alto impacto –‘clan del Golfo’, Eln y disidencias–, ¿qué pasará con esas organizaciones dentro de la ‘paz total’?
El Gobierno, como en general ocurre, realiza un mapeo de los distintos actores. Con aquellos que tienen una identidad más política en sus demandas se desarrolla un tipo de negociación, como ocurrió con las extintas Farc y como puede suceder con el Eln. Con otros grupos de criminalidad organizada, la estrategia histórica del Estado ha sido la desmovilización y la entrega de armas, como en el proceso de Justicia y Paz, que contempló penas inferiores a las previstas en el Código Penal. En este Gobierno, con algunos ajustes, el escenario es similar.
Pero los cabecillas de estos grupos —alias Chiquito Malo, ‘Iván Mordisco’ y ‘Pablito’— fueron mencionados por el presidente Petro en su reunión con Trump…
El ministro de Defensa fue claro: la orden del Presidente es continuar con las operaciones militares y policiales contra estas personas, incluso en medio de las negociaciones. Si se produce la captura de alguno de ellos, será el Presidente quien tome la decisión final, por ejemplo, una vez se resuelva el proceso de extradición en la Corte Suprema de Justicia.
‘Chiquito Malo’, ‘Iván Mordisco’ y ‘Pablito’ Foto:Archivo particular.
¿Se seguirán suspendiendo las extradiciones de los capos con cupo en la ‘paz total’?
El Presidente siempre tiene la última palabra sobre si se concreta o no la extradición, y esa decisión está asociada al cumplimiento de compromisos en la mesa de negociación, como los gestos de paz solicitados por el Gobierno. Es el caso de alias Araña, quien asumió el compromiso de erradicar cultivos ilícitos.
Pero estos grupos siguen delinquiendo y reclutando menores de edad. ¿Qué pasará?
El reclutamiento de menores debe ser un elemento central en las consideraciones del Gobierno. La decisión final del Presidente se convierte en un instrumento de negociación para incentivar avances en el proceso de paz, que es un propósito superior de este Gobierno. Hasta el 7 de agosto, el Gobierno seguirá apostando a la paz y a la negociación.
Como ocurrió con las Farc, se negocia en medio del conflicto. Ha habido ceses bilaterales al fuego y reducciones temporales de hostilidades. El Gobierno maneja ambos escenarios: negociación y operaciones militares. Es un dilema propio de estos procesos. Las mesas de negociación se mantendrán, se requiere el marco jurídico para la paz, pero las operaciones militares y policiales continúan, como lo ha establecido el Presidente y lo ejecuta el Ministerio de Defensa.
Con el informe Simci sobre cultivos ilícitos, el presidente Petro ha cuestionado la metodología. Usted dijo que sería partidario de su publicación con veeduría internacional. ¿Qué pasará?
No dije que se fuera a publicar; hay una confusión. Lo que está en discusión es la metodología. El Gobierno cuestiona la forma de cálculo, por ejemplo, sobre la potencialidad de las hectáreas o la comparación de productividad entre regiones como Putumayo y Catatumbo. Esa metodología puede ajustarse. No se publicará el informe porque hacerlo implicaría validar una metodología que está siendo cuestionada.
Entonces, ¿qué se le propondrá a la ONU?
Hay que sentarse con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la academia y otros actores para revisar cómo se ajusta la metodología. Mientras tanto, la Policía ha mejorado sus sistemas de medición en tiempo real y puede entregar informes mensuales sobre erradicación y crecimiento de cultivos. Ese es un insumo importante y un mensaje claro de que, pese al debate metodológico, el Gobierno mantiene una decisión firme de luchar contra los cultivos ilícitos, algo que también se reiteró en la visita del Presidente a Estados Unidos.
¿Qué pasará con el uso de drones para la erradicación?
Ese tema está siendo evaluado por el Ministerio de Defensa. El uso de drones podría reducir riesgos para los militares en zonas con presencia de minas antipersona. Muchos soldados y policías han perdido la vida en estas áreas. Desde mi punto de vista, podría representar una ventaja estratégica para disminuir la letalidad en las labores de erradicación, aunque es una decisión técnica que corresponde al Ministerio de Defensa.
Juan Diego Torres
Dielas@eltiempo.com
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