El Parque Tayrona no cerró esta vez por mantenimiento ni por ritual ancestral. Cerró porque la autoridad perdió garantías de seguridad.
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La Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, emitida por Parques Nacionales Naturales de Colombia, ordenó el cierre inmediato del área protegida por condiciones de riesgo público, prohibiendo el ingreso de visitantes y operadores turísticos hasta que se restablezcan la gobernanza y la seguridad dentro del parque.
La decisión no responde únicamente a lluvias o afectaciones ambientales. El documento oficial revela un escenario más grave: amenazas directas, bloqueos, ingreso irregular de visitantes y control territorial en disputa dentro de uno de los parques naturales más importantes del país.
Amenazas y tensión dentro del parque
Según la resolución, la situación escaló tras la intervención realizada el 11 de febrero en el sector de Cañaveral, donde autoridades ambientales adelantaron operativos para desmontar infraestructuras construidas ilegalmente dentro del área protegida y recolectar pruebas judiciales por ocupación indebida y delitos ambientales.
Los indígenas Kogui son quienes principalmente lideran las protestas contra el parque. Foto:Redes sociales
Después del procedimiento comenzaron las intimidaciones. Videos difundidos en redes sociales incluyeron amenazas directas contra la jefatura del parque, mientras funcionarios denunciaron actos intimidatorios en los accesos: personal obligado a quitarse uniformes, restricciones para ingresar y presiones que pusieron en riesgo su integridad.
Parques Nacionales advirtió que la situación generó un riesgo inminente para la vida y seguridad del equipo institucional encargado de la protección ambiental.
El procurador Ramón Laborde señala que aunque quienes enfrentan a los guardaparques son líderes campesinos y comunidad indígena, cada uno de ellos está respaldado por un grupo armado que opera en la región.
“En sus palabras aseguran que están apoyado por los de la Sierra. Eso obviamente es un riesgo para los funcionarios que han decidido echarse a un lado para no poner en riesgo sus vidas”, indica Laborde, quien ratifica que no hay mínimas garantías de seguridad ni para los que operan el parque como para los turistas que lo visitan.
“Con violencia buscan apoderarse de la reserva natural”, insiste el procurador. Precisamente ante este panorama la solución urgente fue cerrar inmediatamente el parque en su totalidad, y solicitar a las instituciones gubernamentales y fuerza pública que ayude a recuperar el control de la administración del Tayrona.
Bloqueos y cobros irregulares
La crisis escaló el 16 de febrero. Desde tempranas horas se registró un bloqueo en la entrada principal de El Zaino por parte de algunos miembros de comunidades locales e indígenas, quienes impidieron el ingreso del personal oficial.
El operativo y demolición les pareció un abuso. Foto:Cortesía Miguel Manjarrez
El informe de Parques Naturales señala además que se realizaron cobros no autorizados a visitantes y se permitió el ingreso sin las garantías de control establecidas por la entidad.
Horas después, las protestas se extendieron a los accesos de Calabazo y Neguanje. Ante la pérdida de control operativo, funcionarios de Parques Nacionales tuvieron que abandonar las instalaciones, dejando suspendida la supervisión directa del área protegida.
La resolución también cita la Alerta Temprana 020 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, que identificó el territorio del Tayrona como escenario de riesgo por posibles violaciones a derechos humanos.
El documento advierte sobre la presencia de estructuras armadas ilegales que ejercen control social y dominio territorial en zonas protegidas, afectando especialmente a servidores públicos encargados de la protección ambiental.
Este contexto, según Parques Nacionales, agrava la situación y explica la decisión de cierre como medida preventiva para evitar afectaciones a la vida, la libertad y la seguridad tanto de trabajadores como de visitantes.
Cierre total e indefinido
La medida ordena: (I) prohibición absoluta del ingreso de turistas y operadores ecoturísticos; (II) suspensión de venta anticipada de boletería; (III) coordinación con Policía, Ejército y Guardacostas para garantizar el cumplimiento del cierre e (IV) instalación de mesas de diálogo con instituciones y actores comunitarios.
Se cree que hay grupos ilegales detrás que estarían instrumentalizando a las comunidades. Foto:Parques Nacionales Naturales de Colombia
El parque permanecerá cerrado hasta que exista un concepto técnico favorable de la Oficina de Gestión del Riesgo que certifique la recuperación de las condiciones de seguridad y gobernanza. No hay fecha de reapertura.
Según las comunidades, Parques Nacionales administra la reserva sin generar beneficios reales para quienes históricamente han habitado el territorio. Julián Nolavita, Santiago Nolavita y el mamo kogui José Martín Zalavata califican la gestión de la entidad como abusiva y en contra de los intereses de los habitantes de la región.
Los dirigentes aseguran que buscan participación dentro de un modelo de turismo comunitario enfocado en generación de ingresos locales, restauración ambiental y protección de ecosistemas como manglares y arrecifes coralinos.
También exigen al Gobierno Nacional rendición de cuentas sobre la gestión del Tayrona durante la última década y mayor autonomía en la toma de decisiones. Para muchos habitantes, el Tayrona simboliza una contradicción: un territorio que produce riqueza turística mientras poblaciones vecinas siguen enfrentando necesidades básicas.
Impacto ambiental, económico y social
Parques Nacionales reconoce que la decisión afecta la economía local y el turismo, pero sostiene que el cierre busca evitar consecuencias mayores en un territorio considerado sujeto especial de protección ambiental.
Este destinos turístico es uno de los más emblemáticos no sólo del Magdalena, sino de toda Colombia. Foto:Mateo Chacón – EL TIEMPO
La entidad convocó al Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta y autoridades indígenas para acompañar la recuperación del control institucional. Lo que queda claro es que sin garantías de seguridad, no habrá turismo.
El Tayrona, creado oficialmente en 1964 para proteger su biodiversidad y patrimonio natural, enfrenta hoy una crisis que trasciende lo ambiental.
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El cierre no solo refleja un problema de conservación, sino una disputa por autoridad, control y gobernanza en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Colombia.
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