En una decisión de 395 páginas, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años y dos meses de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos por el denominado ‘Cartel de la Toga’, convirtiéndose en le tercer expresidente de este alto tribunal en ser condenado.
En la sentencia, que contó con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, el alto tribunal lo encontró responsable, a título de coautor impropio, de los delitos de cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo (dos conductas), en concurso heterogéneo con el ilícito de concierto para delinquir, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva de la decisión.
Además, negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, de conformidad con los argumentos consignados en la parte motiva y, en consecuencia, ordenó librar la respectiva orden de captura, incluida la notificación roja a Interpol.
En la misma decisión, la Sala dispuso absolver a Bustos Martínez del delito de tráfico de influencias de servidor público.
Corte Suprema de Justicia. Foto:EL TIEMPO
El proceso está relacionado con las actuaciones de Bustos Martínez como magistrado de la Sala Penal de la Corte. Según la decisión, se concertó con un magistrado y un exmagistrado de la misma corporación, así como con abogados litigantes, entre ellos Luis Gustavo Moreno Rivera, con el propósito de abordar a aforados que tuvieran procesos de única instancia activos en la Corte y, a cambio de sumas de dinero, intervenir ilegalmente para obtener beneficios judiciales como archivos, autos inhibitorios y preclusiones.
“Lograban dilatar trámites, impedir la expedición de órdenes de captura e incluso evitaban la imposición de medidas de aseguramiento”, señaló la Corte. Y agregó: “Fueron contactados los senadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quienes, previo acuerdo, pagaron $2.000.000.000 y $1.200.000.000, respectivamente, con el propósito de obtener decisiones favorables en los procesos de única instancia que, por la denominada ‘parapolítica’, cursaban contra ellos en el despacho del entonces magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández. El exmagistrado Bustos Martínez recibió de Luis Gustavo Moreno Rivera $200.000.000 en efectivo, producto del pago ilícito efectuado por el entonces senador Besaile”.
El exmagistrado José Leonidas Bustos está fuera del país. Foto:
En la decisión también se hizo referencia a que, además de la entrega realizada por Moreno Rivera, se cuenta con el testimonio de Yeison Ricardo Pérez Pérez, empleado de la Joyería Cartier, ubicada en el centro comercial Andino, quien manifestó en diligencia adelantada en la Corte Suprema de Justicia, y trasladada a esta línea procesal, “que Moreno Rivera era cliente asiduo de esa joyería y que se refería a su acompañante (un señor calvo y gordo) como ‘el profe’, a quien identificó posteriormente como José Leonidas Bustos, en la medida en que empezó a aparecer recurrentemente en las noticias”.
Así las cosas, a partir del análisis de los tipos penales de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, así como de diversos elementos probatorios testimoniales e indiciarios, el alto tribunal concluyó probado que Bustos “se concertó con otras personas con el fin de abordar congresistas procesados en única instancia por la Corte para ofrecerles decisiones contrarias a derecho a cambio de sumas de dinero. La tarea de contactar a sus víctimas fue encomendada a los abogados Moreno Rivera y Pinilla Gómez, en una división de tareas en la que cada uno hacía aportes significativos para el cumplimiento del objetivo común”.
En la decisión, la Corte adviertió que en sus diferentes salidas procesales Luis Gustavo Moreno Rivera señaló a Bustos de “haber sido el creador de la empresa criminal, pues fue el que inicialmente lo relacionó con Gerardo Torres Roldán para que empezara a representar aforados ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de irlo posicionando en ese tipo de defensas y posteriormente lo contactó con Francisco Ricaurte, postulándolo como un brillante abogado penalista, que estaba en capacidad de representar a los potenciales clientes investigados por la mencionada Corporación y, finalmente, sugiriéndole que abriera, junto con Ricaurte Gómez la ‘oficina’ desde la cual se llevaron a cabo las actividades ilícitas”.
En la decisión también se resalta: “la acusación que obra prueba indiciaria relacionada con el delito de tráfico de influencias que ejerció Bustos Martínez, sobre el Fiscal General de la Nación de entonces, Eduardo Montealegre Lynett, para que la Fiscalía celebrara un contrato de prestación de servicios con Moreno Rivera, con el fin de que éste obtuviera recursos para financiar los gastos de la oficina de abogados”.
Redacción Justicia
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