En medio del proceso judicial que enfrenta Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, por una investigación de contrabando que durante dos años estuvo en manos de un grupo especializado de la Policía, un nuevo capítulo quedó consignado en la Fiscalía. Varios oficiales de contrainteligencia denunciaron haber recibido amenazas tras la acusación formal presentada en noviembre de 2025.
La advertencia no quedó en rumores internos. El 15 de noviembre del año pasado, el mayor Kevin Castaño Flórez radicó una denuncia formal luego de recibir en su celular personal un mensaje intimidante enviado por WhatsApp. Según su relato, conocido por EL TIEMPO, a las 11:53 de la mañana ingresó un texto dirigido a “coroneles y mayores”, en el que se anunciaban represalias por las actuaciones adelantadas dentro del expediente.
El mensaje advertía que “llegó la hora de mi venganza”, que “van a sufrir ustedes y sus familias” y que “ya empezamos a tocarlos y no vamos a detenernos”. En otro apartado señalaba que quienes lideraron la investigación “se pusieron a mover arenas que ustedes no conocen” y que ahora “van a pagar”. El texto hacía referencia a decisiones que ya estarían en curso y a acciones que no se detendrían.
Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El Tiempo
Minutos después, la mayor Lorena Fonseca se comunicó con Castaño para confirmar si había recibido el mismo mensaje. En una llamada grupal, el entonces teniente coronel Sergio Alberto Peñaranda confirmó que el contenido también había llegado a su celular, al igual que al de la teniente coronel Julie Ruíz Solórzano. Todos integraron la cápsula investigativa conformada por funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía y del área anticorrupción de la Dijín que lideró la judicialización del caso.
“Recibo un mensaje al WhatsApp a mi celular personal donde me indica que llegó la hora de la venganza y que iban a hacer hasta lo imposible por joder nuestras carreras”, declaró el mayor Castaño ante la Fiscalía y añadió que la coincidencia en los destinatarios lo llevó a concluir que no se trataba de un hecho aislado sino de un mensaje dirigido al núcleo del equipo investigador.
El oficial informó de inmediato a su superior directo y dejó constancia escrita de lo sucedido. Debido a que el 15 de noviembre era festivo, esperó al siguiente día hábil para comunicarse con la Fiscalía Quinta Especializada contra la Corrupción y poner en conocimiento los hechos. “Tomo esta decisión en consecuencia a la investigación que se viene adelantando contra la organización de Diego Marín”, señaló en su declaración.
La coronel Julie Ruiz. Foto:Cortesía
El papel de ‘la Inmaculada’
En su versión, el mayor explicó que, según información de inteligencia conocida durante la investigación, Diego Marín habría intentado contactar a integrantes de la banda ‘la Inmaculada’ para atentar contra él, ofreciendo una suma de mil millones de pesos. “Se supo por inteligencia que en su momento pretendía contactar a ‘la Inmaculada’ para asesinarme”, afirmó el oficial en su denuncia.
En ese contexto, las autoridades analizan si los mensajes guardan relación con esa estructura y con su jefe, Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, por los presuntos nexos con el entorno de Marín.
La denuncia también menciona que el 16 de noviembre se conocieron decisiones administrativas dentro de la institución, entre ellas el traslado del teniente coronel Peñaranda a El Plateado, Cauca, y la finalización de la comisión en el exterior de la teniente coronel Solórzano. Para el mayor, esos movimientos coincidieron con la recepción de las amenazas.
“Quedaríamos expuestos a la decisión del mando institucional”, indicó en su relato.
‘Pipe Tuluá’ se declaró no culpable en EE. UU. Foto:Sergio Cárdenas / EL TIEMPO.
Al momento de la denuncia, Castaño se desempeñaba como jefe de la comisión del área investigativa anticorrupción en la Dirección de Contrainteligencia. Desde esa posición continuaba impulsando procesos relacionados con corrupción asociada al contrabando y con presuntos vínculos de funcionarios activos y retirados de la Fuerza Pública con organizaciones criminales. “Sigo adelantando investigaciones relacionadas con corrupción asociadas al contrabando”, manifestó.
El registro digital de los mensajes fue entregado como elemento probatorio dentro de la denuncia. Los oficiales que recibieron el mismo texto fueron señalados como testigos. El mayor afirmó que las amenazas buscaban generar desestabilización y presión sobre su continuidad laboral. “Primero desestabilizarme emocionalmente, segundo una advertencia en el sentido de que si sigo trabajando va a haber repercusiones laborales”, declaró.
Como medida preventiva, indicó que cuenta con disposiciones de seguridad adoptadas por un comité institucional. “Tengo medidas extraordinarias de seguridad, debo andar con chaleco antibalas y tengo asignación de arma de fuego”, señaló.
La Fiscalía adelanta la verificación del origen de los mensajes y su posible relación con la banda ‘la Inmaculada’ y los presuntos vínculos entre alias Pipe Tuluá y Diego Marín Buitrago, mientras el proceso judicial por contrabando continúa en curso.
Redacción Justicia
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