Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones de la Iglesia Católica y el Estado colombiano, habló con EL TIEMPO sobre las dudas y aspectos que inquietan a la institución religiosa en esta época electoral.
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¿Cuál es el mensaje que envía la Iglesia y cuáles son las garantías que deben tener los colombianos en todas las regiones de cara a las elecciones?
Para poder llevar a cabo esta campaña electoral con éxito, como le conviene al país, el mensaje tiene que ver, primero que todo, con que las elecciones deben cumplirse de tal manera que las personas puedan votar de manera informada, libre, responsable frente al país y consciente. Decimos informada porque nosotros hemos verificado que en muchas zonas la gente todavía no tiene todos los elementos suficientes para votar, no sabe cómo es el proceso; en muchos casos, falta más pedagogía. Aunque se ha hecho un ejercicio pedagógico importante por parte de la Registraduría y organismos como la MOE, hacemos seguimiento al mapa de riesgo electoral y vemos que hay una cantidad de municipios en riesgo electoral grave por coacción, por presencia de actores armados ilegales o también por prácticas corruptas en el manejo de los votos.
¿Hay un punto que más les preocupe?
Vemos que hay una circunstancia particular, que son las circunscripciones electorales para la paz. Allí es muy importante hacer seguimiento; se va a elegir una cantidad importante de representantes a la Cámara: son 16. Ese grupo va a tener muchas posibilidades, pero son municipios que en este momento tienen dificultades grandes por las inundaciones. Estamos hablando de que la votación se va a hacer en zona rural, no en cascos urbanos. Mucha gente ya salió y no podrá votar por el hecho de no estar en el sitio. Tampoco se sabe bien cómo se van a ubicar las mesas. Hay un desafío grande, además de los problemas de cooptación que puede haber por parte de actores ilegales o de personas que no pertenecen propiamente al mundo de las víctimas en esos territorios.
La Iglesia tiene presencia en todo el territorio; ustedes están en terreno, viajando frecuentemente y hablando con la gente. ¿Sienten alguna especie de coerción o interferencia en la libre decisión de los ciudadanos?
Sí, sentimos que hay zonas donde la gente expresa preocupación frente al proceso electoral. Nos preocupa que el miedo sea un factor importante al momento de votar, que la gente no sienta que lo está haciendo de una manera plenamente libre. Vemos zonas en el suroccidente del país donde hay ese factor. Igualmente, lo vemos en algunas partes de Antioquia, en parte de Córdoba y también en zonas de la frontera con Venezuela. En varias regiones, vemos que la población se acerca al tema electoral con preocupaciones y siente que no hay plena información, ni tampoco una libertad completa. Es importante que la gente sepa cuáles son las opciones que hay, cuáles son las propuestas de país y, de esas propuestas, cuáles son las que más convienen para su región.
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El Gobierno, a finales de 2025, suscribió varios compromisos con distintos grupos armados en diferentes puntos donde tiene mesas de conversación, y uno de los puntos era respetar los procesos electorales. ¿La Iglesia ve compromiso real de esos grupos para respetar las elecciones?
Nos parece que es un paso muy importante. Tal vez allí faltó ponerle un doliente, es decir, un mecanismo de seguimiento, porque son zonas rurales, a veces muy apartadas. Hubiera sido importante también crear una especie de mecanismo de verificación que permitiera hacer seguimiento a ese compromiso. Todavía hay tiempo para retomarlo. Yo sé que en las mesas este tema no ha desaparecido y sigue presente. De esos espacios pueden surgir alertas tempranas y factores que nos lleven a hacer correcciones o a tomar medidas preventivas. La prevención es muy importante.
El clima de polarización ha marcado a Colombia en los últimos años. Hoy hay dudas sobre los resultados electorales y mensajes contradictorios. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia frente a esa polarización?
La polarización está acompañada de un hecho: se usan lenguajes agresivos que descalifican completamente al contendiente, calificándolo como enemigo y no como un sector con el cual existen diferencias. Eso se convierte en un factor de riesgo para que la polarización derive en violencia. Además, la desinformación hace parte de ese clima, toda vez que se difunden informaciones que no son completamente ciertas sobre otras propuestas políticas. El llamado ha sido a trabajar fuertemente en esto. Lo hemos hecho en los encuentros de la Iglesia con las autoridades y también en el pacto propiciado entre varias organizaciones con la Defensoría del Pueblo, para promover un clima de diálogo, entendimiento y discusión política respetuosa.
¿Y frente al presidente de la República, hay algún mensaje en particular?
Con el Presidente ha habido diálogo. Se hizo un encuentro con el Presidente y los directores de las altas Cortes junto con el cardenal. Allí se adquirió un compromiso del cual hemos hecho seguimiento. Creemos que desde las más altas esferas del Estado es fundamental propiciar que las elecciones se desarrollen de manera armónica con el Estado social de derecho y con el fortalecimiento de la institucionalidad, porque eso es lo que da credibilidad. Aquí hay dos factores clave: el respeto por la vida y por el derecho a participar sin coacciones ni miedo, y el derecho de los ciudadanos a presentar sus propuestas. Favorecer ese marco institucional ayuda a crear un clima de mayor entendimiento y respeto entre los colombianos.
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Hablemos de paz. ¿Ve usted futuro en las mesas de la llamada ‘paz total’?
Hay un grupo de mesas que continúan sus deliberaciones y su búsqueda de soluciones. Ha habido logros y acuerdos importantes, por ejemplo, en sustitución de cultivos, no solo erradicación, y en temas como la deforestación, que son muy sensibles. La paz se va construyendo y requiere demostraciones, ejercicios concretos y voluntad permanente para hacerla efectiva. Entramos en un proceso electoral y en una transición hacia un nuevo gobierno, y es importante fortalecer la voluntad de paz y el clima de convivencia en los territorios. Hoy, el clamor principal es reducir el impacto humanitario sobre las comunidades y avanzar en la creación de un clima de confianza. Esa credibilidad se gana cuando los grupos muestran un compromiso decidido de implementar lo acordado.
Faltando pocos meses para el cambio de gobierno, ¿eso es viable?
Va a depender mucho de los acuerdos y de la constancia con la que los grupos avancen en el cumplimiento de sus compromisos. Es fundamental que se muestre una decisión clara de implementar lo propuesto y de avanzar hacia las metas finales. También dependerá de cómo las nuevas autoridades aborden la continuidad del proceso. Todavía hay meses en los cuales los grupos pueden y deben demostrar su compromiso y avanzar hacia una implementación confiable para la sociedad.
¿Ustedes ven hoy a los grupos armados más fortalecidos que en el pasado?
Sí. Si uno mira los mapas, los grupos han crecido durante varios años. La pandemia fue un momento que favoreció ese crecimiento y ha habido una expansión territorial. También se han creado nuevas formas de relación con las comunidades. Todo esto muestra un fenómeno que requiere atención precisa y mayor participación de la ciudadanía y del conjunto de la nación. Es un tema que afecta a una parte importante del territorio nacional y debe ser asumido como un desafío colectivo.
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Con una economía tan permeada por el narcotráfico y otras rentas ilícitas, ¿es realista pensar en abandonar esa vía?
Las rentas ilícitas –cultivos de coca, minería ilegal, tráfico de personas– conforman un entramado muy complejo que permea la economía. Ese es uno de los grandes desafíos del país. Esto debe estar en el centro de cualquier negociación. Es fundamental involucrar a las comunidades y pensar el país en clave de desarrollo rural, de manejo responsable de sus riquezas naturales y de generación de economías legales. No se trata de ver a las comunidades como criminales, sino como poblaciones con un enorme potencial. El desafío es ofrecer alternativas reales y fomentar otro tipo de economía distinta a las rentas ilícitas.
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REDACCIÓN POLÍTICA
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