Por muchos años, incluso después de su salida de la Corte Suprema, Leonidas Bustos fue uno de los mandamases de la justicia colombiana. Magistrado de la Sala Penal en tiempos de la ‘parapolítica’, presidente de la Corte y catedrático de varias universidades, Bustos era considerado una puerta de entrada segura no solo a los despachos del Palacio de Justicia, sino a la Fiscalía, la Procuraduría y a los más altos estamentos del poder en Colombia.
LEA TAMBIÉN
Ese hombre que quitaba y ponía a su acomodo en la burocracia judicial del país fue condenado la semana pasada –por fin– como cabeza de lo que la misma Corte Suprema llamó “una pandilla criminal” que vendía, por sumas que podían contarse en miles de millones de pesos, actuaciones y decisiones judiciales.
Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Camilo Tarquino –también expresidentes de la Corte y también condenados por corruptos–, el entonces magistrado Gustavo Malo Fernández y el tristemente célebre exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera fueron los cerebros del ‘cartel de la toga’.
Fue una empresa delictiva montada exclusivamente para extorsionar a los delincuentes de cuello blanco en el país, entre ellos el exsenador Musa Besaile y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, reconocidos saqueadores del erario público.
LEA TAMBIÉN
La sentencia, que le impone 10 años de prisión, es contundente: “José Leonidas Bustos Martínez tenía pleno conocimiento de sus deberes constitucionales y legales, entre los cuales están actuar en todos sus actos públicos y privados con decoro, honradez, moralidad, probidad, responsabilidad y transparencia (…). De manera decidida prestó su concurso y voluntad para la conformación del grupo, sin importarle las nefastas consecuencias que una conducta de esa naturaleza conllevaría para la institucionalidad colombiana, en especial para la Rama Jurisdiccional, mancillada de manera grave en su buen nombre, en su reputación, en su prestigio, más cuando no se trataba de cualquier funcionario de la Corte, sino de uno que había tenido el privilegio de presidir en dos ocasiones consecutivas su Sala de Casación Penal y de fungir como su vicepresidente y su presidente precisamente en los años en los que estuvo en auge la asociación ilícita (años 2013 a 2015)”.
En las casi 400 páginas del documento se encuentran pasajes que nada tienen que envidiarles a las historias más truculentas de la mafia: regalos de relojes de lujo, centenares de millones de pesos entregados en efectivo a altas horas de la noche y veladas amenazas a congresistas y gobernadores que, a su vez, no eran precisamente angelitos, sino delincuentes que accedían al chantaje a cambio de una tabla de salvación, aparecen por toda la sentencia.
LEA TAMBIÉN
Con demoras, sí –más de 8 años después de que estalló el escándalo–, la justicia colombiana envía el saludable mensaje de que no hay intocables.
Ahora, lo que procede es que se activen todos los canales de cooperación judicial y diplomáticos para lograr que Canadá entregue al corrupto que, como Carlos Ramón González en Nicaragua, busca escapar de sus responsabilidades acudiendo al injustificado –e indignante– discurso de que es un perseguido político.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En X: @JhonTorresET
Deja una respuesta