La Corte Constitucional le dio luz verde —con ajustes— al proyecto de ley estatutaria que obliga a los congresistas a rendir cuentas al final de cada legislatura.
. En la sentencia C-028 de 2026, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández, el alto tribunal avaló la mayor parte de la iniciativa, pero declaró inconstitucionales algunos apartes relacionados con financiación y acceso a medios.
Congreso de la República Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
Se trata del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado, que busca “promover una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Congreso y la ciudadanía”, y convertir la rendición de cuentas en un mecanismo estructural de la democracia participativa.
La Corte ejerció control y concluyó que, en términos generales, el proyecto sí desarrolla el derecho fundamental a la participación ciudadana, en materia de control político de la gestión de los congresistas.
La ley obliga a cada parlamentario a presentar, dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre de cada legislatura, un informe de gestión en formato digital, de datos abiertos y en lenguaje claro.
Ese documento deberá incluir proyectos de ley y actos legislativos presentados. Así mismo, proposiciones y constancias, debates de control político y mociones de censura promovidas, entre otras tareas que cumplió durante su periodo.
Además, cada congresista deberá convocar, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del informe, un espacio de diálogo público —virtual o presencial— para explicarlo y responder preguntas de ciudadanos y organizaciones sociales.
Sin embargo, declaró inconstitucional el parágrafo 4 del artículo 4, que garantizaba a los congresistas “libre y gratuito acceso a los medios públicos y comunitarios” para divulgar sus informes. La Corte concluyó que esa disposición no superaba el principio de necesidad.
Además, tumbó una expresión del artículo 8 que establecía que los congresistas o las bancadas “deberán garantizar los recursos” para realizar los espacios de diálogo público.
La Corte verificó que la iniciativa cumplió con los requisitos de las leyes estatutarias: cuatro debates en una sola legislatura y mayorías absolutas.
Con los ajustes ordenados, el proyecto deberá regresar al Congreso para que se corrija conforme a la sentencia. Luego será enviado al presidente de la República para su sanción.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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