La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia o ATI para los municipios de El Peñol y El Tambo, en el departamento de Nariño. La decisión se debe a la confrontación entre los grupos armados ilegales que han llegado al uso de drones que pueden causar grandes efectos en la población civil.
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Según el informe de la entidad, el escenario considerado de mucho peligro tiene dos dinámicas distintas.
El Tambo, Nariño. Foto:Mauricio de la Rosa
La primera consiste en la disputa territorial por el control de los grupos al margen de la ley del corredor vial de Guambuyaco, que es un eje estratégico que permite el acceso a los municipios ubicados en la cordillera Occidental, donde los mismos violentos ejercen las rentas ilícitas como producto del narcotráfico.
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“En esa zona, el frente ‘Franco Benavides’ (del ‘Bloque Occidental comandante Jacobo Arenas’, del disidente Estado Mayor Central) adelanta un proceso de expansión que choca con el control hegemónico y la coexistencia que mantienen los ‘Comuneros del Sur (grupo disidente de la guerrilla del Eln) y el grupo de crimen organizado Autodefensas Unidas de Nariño», indicó el mismo informe.
En cuanto a la segunda dinámica identificada por la Defensoría del Pueblo, advirtió que es de extrema gravedad.
El Tambo, Nariño. Foto:Mauricio de la Rosa
“Es el uso recurrente de sistemas aéreos no tripulados (drones), modificados con explosivos, y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, como la Alcaldía de El Peñol”, señaló.
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Ya hubo ataques
En la Defensoría recordaron que estos ataques que se registraron con mayor frecuencia en los meses de noviembre y diciembre del 2025, fueron perpetrados en los cascos urbanos y centros poblados, por lo que se han producido afectaciones en bienes de naturaleza civil en horarios laborales generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios y transeúntes.
Municipio de El Peñol. Foto:Archivo particular, redes sociales
La Defensoría alerta sobre la materialización de graves consecuencias por el conflicto armado.
Dijo que a la fecha han sido reportadas afectaciones de civiles por ataques con explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado de 124 familias indígenas desde El Peñol hasta la ciudad de Pasto registrado en diciembre del año anterior.
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De acuerdo con la entidad, los grupos armados ilegales ejercen una fuerte gobernanza armada, mediante la instalación de vallas y banderas; la imposición de pautas de conducta, a través de WhatsApp y panfletos, y la coacción para organizar guardias campesinas que se interpongan ante las acciones de la Fuerza Pública.
Niños, en riesgo de reclutamiento
La Defensoría también alertó a las autoridades que niños, niñas y adolescentes en los dos municipios se encuentran en riesgo de ser reclutados de manera forzada por los grupos armados ilegales, al igual que la población indígena que enfrenta amenazas a su autonomía.
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Más adelante indicó: “Para el caso de las y los habitantes rurales y campesinos, están siendo afectados por la contaminación de sus territorios con minas antipersonal (MAP) y restricciones a la movilidad. Y servidoras y servidores públicos y transportadores han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y ataques directos contra las infraestructuras donde desempeñan sus labores”.
Las recomendaciones
Después de exponer el dramático panorama de inseguridad y violencia en El Tambo y El Peñol, la Defensoría del Pueblo hizo un total de 16 recomendaciones a las distintas entidades del orden nacional y departamental.
En el caso del Ministerio del Interior, en esta cartera solicitaron coordinar una respuesta inmediata ante la alerta emitida, mientras que al Ministerio de Defensa le pidieron implementar estrategias antidrones y desminado militar en esa zona.
Por su parte, a la Unidad Nacional de Protección, UNP, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Defensoría los instó a fortalecer las medidas de seguridad para lideresas y líderes sociales, comunidades étnicas y menores de edad.
A su vez a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz solicitó verificar que estén siendo cumplidos los acuerdos especiales de desminado y no reclutamiento de menores y adolescentes en El Peñol y El Tambo, mientras que a la Gobernación de Nariño, el estamento del Ministerio Público le exigió disponer de los recursos financieros y la asistencia técnica necesaria, para que los dos municipios puedan implementar los proyectos de prevención necesarios.
MAURICIO DE LA ROSA
Especial para EL TIEMPO
Pasto
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