La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia ante el agravamiento de la confrontación armada en los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, donde la disputa entre grupos armados ilegales y el uso de drones con explosivos han elevado al máximo el riesgo para la población civil.
El órgano de control, dirigido por Iris Marín, advirtió que el escenario de peligro responde, principalmente, a la disputa territorial por el control del corredor vial de Guambuyaco, un eje estratégico que conecta subregiones del departamento y facilita la movilidad de estructuras armadas, así como sus economías ilícitas.
En esa zona, el Frente Franco Benavides, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias, adelanta un proceso de expansión, el cual está chocando con el control que mantienen los grupos armados de los Comuneros del Sur y las denominadas Autodefensas Unidas de Nariño.
Miedo en zona rural de Nariño por explosivos de grupos armados. Foto:Policía Nacional
A esta confrontación se suma una segunda dinámica que la Defensoría calificó de extrema gravedad: el uso recurrente de drones modificados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes de entidades locales, incluida la misma Alcaldía de El Peñol.
“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.
Iris Marín, durante el Día Internacional de los Derechos Humanos Foto:Archivo
Los defensores públicos ya han podido constatar afectaciones a la población civil por explosivos, homicidios selectivos, así como el desplazamiento forzado masivo de 124 familias, entre ellas pertenecientes a población indígena.
La entidad también alertó sobre la consolidación de una “gobernanza armada” por parte de los grupos ilegales, que imponen reglas de conducta mediante vallas, banderas y hasta mensajes por WhatsApp.
Ataque registrado en zona rural de Nariño. Foto:Cortesía
Asimismo, la Defensoría evidenció como los grupos armados están presionando para la conformación de “guardias campesinas” para obstaculizar acciones de la Fuerza Pública.
Las niñas, niños y adolescentes enfrentan un riesgo elevado de reclutamiento forzado, señala la entidad, y pueden ser víctimas potenciales de combates en zonas rurales y explosiones en cercanías de escuelas y centros de desarrollo infantil.
“Los lugares en los que la Defensoría del Pueblo advierte riesgo son el casco urbano de El Tambo y los corregimientos San Pedro (veredas Aminda, Cascajal Bajo, Cafelina, Chagraurco, Los Limos, San Pablo Bajo y San Pedro) y El Azogue (veredas Pueblo Viejo, Ovejera, Azogue y La Cocha)”, señaló la entidad.
Y agregó: “Igualmente, el casco urbano de El Peñol y los corregimientos Las Cochas (veredas Guayabal, Humero, Cajabamba, Torrecilla y Las Cochas), El Peñol Centro (veredas Charguayaco, Perejil, Molinoyaco y La Cuchilla), Peñol Viejo (vereda Peñol Viejo) y La Toma (veredas Guayabillo, Papao, Nuevo Peñol y La Toma)”.
En las zonas rurales, campesinos denuncian contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han sido blanco de amenazas, instrumentalización y ataques contra las infraestructuras donde laboran.
Iris Marín solicitó pronta intervención de la Fuerza Pública y entidades de asistencia social. Foto:Defensoría
Ante este panorama, la entidad formuló 16 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales, entre ellas la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación de Nariño y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entre las prioridades, una estrategia antidrones para hacer frente a los mecanismos de guerra utilizados por los bandos en disputa.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
@SebasCote95
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