Tras un año de incertidumbre sobre el futuro de los recursos que Estados Unidos entrega a Colombia para la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo económico, este 2026 luce igualmente turbio y lleno de interrogantes sobre el respaldo que se le ofrecerá al país.
Operativo militar entre Colombia y Estados Unidos. Foto:Mauricio Moreno / EL TIEMPO
De recibir en promedio unos 400 millones de dólares anuales (en 2023, 2024 y 2025), para este año en curso Colombia solo tiene “asegurados” 77 millones de dólares. Eso, en gran parte, se debe a que el Congreso, a diferencia de ciclos anteriores, aprobó un presupuesto en el que le otorga una amplia discrecionalidad a la administración de Donald Trump a la hora de asignar los montos y su destino.
Hace algunas semanas, el legislativo aprobó finalmente un gigantesco paquete presupuestario que incluía fondos para financiar al Departamento de Estado y las operaciones en el extranjero con unos 50.000 millones de dólares. La cifra, si bien terminó por debajo de los niveles del año pasado (60.000 millones de dólares), sí fue muy superior a los 31.500 millones de dólares que había solicitado la administración Trump.
LEA TAMBIÉN
Es decir, pese a los recortes que el republicano había anunciado e implementado en todos los programas de ayuda al extranjero, el legislativo restituyó o mantuvo gran parte de la asistencia al extranjero.
En esa cifra global, estarían incluidos los recursos para Colombia. Sin embargo, en esta ocasión, gran parte de los recursos no fueron asignados de manera directa, como solía suceder.
Las cuentas de la administración Trump para Colombia
En el texto de la ley, firmada por Trump y analizada por EL TIEMPO, el Congreso asignó 25 millones de dólares para programas que buscan defender los derechos de los afrodescendientes en el país y otros 15 millones de dólares para los derechos humanos.
De la certificación de EE. UU. contra las drogas dependerá que se desembolse más dinero. Foto:Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto
Asimismo, se incluyen 37 millones de dólares para Asistencia Militar Extranjera (Foreign Military Financing), que son los recursos directos para las fuerzas militares.
Aparte de eso, hay una pequeña partida de 20 millones de dólares para combatir la minería ilegal. No obstante, se trata de un fondo compartido con Ecuador y Perú.
¿Habrá dinero de EE. UU. para combatir el narcotráfico?
Si bien la ley aprueba el gasto de por lo menos 1.400 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico (en una cuenta que se conoce como ICLE, o para el Control Internacional de Narcóticos) en esta ocasión ninguno de esos recursos está expresamente autorizado para Colombia.
En años anteriores, hasta 200 millones de dólares eran dirigidos directamente a este rubro para el país. En esta ocasión, serán destinados para los casos de Ecuador (30 millones de dólares) o Centroamérica y el Caribe (170 millones de dólares).
Esto, por supuesto, no quiere decir que Colombia no recibirá fondos para la lucha contra el narcotráfico ni que se haya suspendido la cooperación en esta materia. De hecho, continuó durante el año pasado y se espera que algo similar suceda en 2026.
La diferencia es que ahora será el Departamento de Estado, que preside el secretario de Estado Marco Rubio, el que determinará cuánto dinero se destinará y a qué agencias y países específicamente.
LEA TAMBIÉN
Lo mismo sucede con otros montos que antes eran específicos para el país en áreas como el desarrollo social y la migración.
En términos contables, habrá que esperar hasta comienzos de 2027 para conocer el monto real que EE. UU. invirtió en Colombia durante el año en curso.
En años anteriores, hasta 200 millones de dólares eran destinados para combatir el narcotráfico. Foto:iStock
Las condiciones para que Colombia reciba la ayuda de EE. UU.
Lo que sí precisó el Congreso, como en años anteriores, fueron las condiciones que deberá cumplir el país para que se asignen estos recursos.
En el reporte que acompaña la ley, los legisladores subrayan el respaldo de Washington a la cooperación con las Fuerzas Armadas colombianas y la Policía Nacional “consideradas piezas centrales en los objetivos compartidos de seguridad, combate al narcotráfico y fortalecimiento institucional”.
Sin embargo, establecen que, antes de gastar fondos en el país, se deben cumplir ciertos procesos:
- El secretario de Estado deberá presentar un informe ante el Congreso que detalle el estado de la relación bilateral y evalúe en qué medida las políticas actuales del Gobierno colombiano se alinean con los intereses nacionales de Estados Unidos, en particular con el compromiso con el Estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico.
- Un desembolso del 25 por ciento de los fondos previstos para la lucha contra las drogas también dependerá de una certificación del Departamento de Estado en la que se constate que el país ha reducido los cultivos y la producción de coca, ha continuado cooperando con EE. UU. en materia antinarcóticos y ha seguido extraditando a narcotraficantes.
- Otro 20 por ciento de la ayuda para los militares está condicionada a que el Departamento confirme que la Jurisdicción Especial para la Paz y otras autoridades judiciales están imponiendo sentencias a responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidos mandos con responsabilidad de comando, se está avanzando en la reducción de amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, y se está protegiendo a comunidades afrocolombianas e indígenas, incluyendo el respeto a sus territorios y derechos colectivos.
- En el ámbito militar, el Congreso exige que oficiales de alto rango señalados de manera creíble por ordenar, cometer o encubrir ejecuciones extrajudiciales, otras violaciones graves de derechos humanos o actividades de vigilancia ilegal sean investigados y procesados por estos delitos.
LEA TAMBIÉN
EE. UU. evaluará el desempeño de la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto:Cortesía JEP
Este miércoles, la embajada de Colombia en EE. UU. publicó un comunicado en el que agradece el apoyo específico otorgado a las comunidades afro y a la defensa de los derechos humanos, y resalta el mensaje general de los legisladores cuando indican que la cooperación antinarcótica es vital para ambos países.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
@sergom68
Deja una respuesta