Mientras el presidente Gustavo Petro ha pasado las dos últimas semanas tratando de desacreditar la organización electoral, sugiriendo un posible fraude electoral por supuestas deficiencias en los softwares y formularios, los verdaderos riesgos para la democracia están mostrando la cara en las regiones: amenazas y vetos de los actores armados que tuvieron o tienen asiento en la ‘paz total’, trasteo de votos y uso de contratación oficial para apalancar campañas y, advierten observadores y analistas, la clara participación del Gobierno en la puja electoral a través de declaraciones de altos funcionarios y de decisiones públicas.
El alza del salario mínimo por encima de todos los parámetros técnicos y en el anuncio de una nueva rebaja en el precio de la gasolina, justo en la misma semana de las votaciones para Congreso, son mencionados como ejemplo de esa intención.
“El fraude electoral está en la compra de votos, en la financiación ilegal, la trashumancia y el constreñimiento”, expresó el registrador Hernán Penagos durante la penúltima sesión de la Comisión de Garantías Electorales, espacio en el que respondió uno a uno los cuestionamientos del gobierno Petro sobre los softwares que se usarán para el preconteo y escrutinio de los votos del 8 de marzo.
Registrador, Hernán Penagos Foto:RNEC
En ese mismo espacio, los partidos también le hicieron saber al Gobierno que la principal preocupación no es por la organización de las elecciones; confían en lo hecho por la Registraduría, sino que denunciaron las conductas que estarían incidiendo en la previa al proceso democrático.
“Las elecciones no están en riesgo por el software o el formulario, sino por la desinformación”, dijo Rodrigo Romero, copresidente de la Alianza Verde, que apuntó hacia otras situaciones que pueden afectar el voto libre: “la intervención directa de los grupos armados. Hay regiones donde se va a constreñir. Creemos en la capacidad de la Fuerza Pública, pero sabemos que las elecciones están en riesgo en algunas regiones. En vez de pensar que la Registraduría se va a robar las elecciones, pensamos que se están haciendo los esfuerzos para la transparencia de las elecciones”.
Y es que, más allá de los señalamientos sin fundamento del primer mandatario, las alertas están por los delitos electorales que estarían ocurriendo y cuyas denuncias están pasando de agache o simplemente no se están haciendo. Hasta el momento, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, han llegado 230 quejas a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel). De estas, se han tipificado 348 posibles delitos electorales.
Según estas cifras, las principales denuncias son por posible intervención en política de los servidores públicos, con 113 casos. Precisamente las cabezas de los partidos advirtieron sobre la posible intervención irregular de funcionarios del nivel local y nacional. “Los funcionarios de alto nivel se echan un discurso y el llamado es para que la Procuraduría haga algo porque están interviniendo en política, eso también pone en riesgo”, dijo la cabeza de los ‘verdes’ en el encuentro de garantías electorales.
También están las denuncias ciudadanas, que en las últimas semanas han aumentado, como en el caso de un carrotanque en Aguachica, Cesar, con publicidad política a favor de Alfredo Ape Cuello (Partido Conservador) y Didier Lobo (Cambio Radical). Se ha denunciado un supuesto uso electoral del suministro de agua potable, incluso con alerta de posible entrega del líquido a cambio de apoyos políticos en un momento en el que el municipio está teniendo problemas de abastecimiento.
Alfredo Ape Cuello en Valledupar. Foto:Facebook
Asimismo, están las denuncias periodísticas de entidades cercanas a la alcaldía de Cartagena que estarían haciendo campaña a favor de Lidio García, primo del alcalde Dumek Turbay. Asimismo, EL TIEMPO conoció las denuncias sobre posibles nóminas paralelas en la alcaldía de Cúcuta para beneficiar la postulación de Alix Yirley Vargas, esposa del alcalde Jorge Enrique Acevedo. Tan solo en enero, antes del inicio de la ley de garantías, la entidad hizo más de 4.038 contratos bajo la modalidad directa, más que todos los contratos del año anterior, y el 90 por ciento terminan justo después del fin de la contienda, lo que ha sido interpretado como un intento de favorecer a la candidatura de la esposa del alcalde. Este diario intentó hablar sobre los señalamientos con el alcalde Acevedo pero nunca hubo respuesta de su equipo de prensa.
La penúltima comisión de garantías electorales, celebrada en Santa Marta Foto:Juan Sebastián Lombo Delgado
Como este caso, los partidos y candidatos consultados han dicho que se estarían presentando situaciones similares en ciudades como Pereira, también con la esposa del alcalde y otras zonas en las que han comenzado a ver con mayor fuerza la mano de los mandatarios locales –departamentales y municipales–.
No obstante, una de las mayores preocupaciones va sobre el constreñimiento al elector. Son al menos 70 casos denunciados en el sistema Uriel y es una de las mayores preocupaciones de distintas instancias. Veedurías internacionales han expresados sus alertas y hasta han señalado que ven con preocupación que en las 16 circunscripciones de paz hay grave riesgo de que puedan ser cooptadas por los violentos.
Los representantes de los partidos también han hecho las mismas alertas y hasta denunciaron que tienen zonas vedadas donde no pueden hacer campaña. Precisamente en la última semana se reportó el secuestro y liberación de dos candidatos al Congreso. Fernando Rojas, experto en seguridad, sostuvo que hay presión de grupos armados en distintas zonas que puede inclinar apoyos hacia candidatos afines a sus intereses.
POLÍTICA Y JUSTICIA
Deja una respuesta