En la sede principal de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, se sentaron en la misma mesa la fiscal Luz Adriana Camargo, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo ,y el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán. El motivo: revisar qué está pasando con los delitos que afectan la convivencia diaria —homicidios, robos, lesiones personales y tráfico de drogas— y, en especial, con los casos en los que hay capturas en flagrancia pero los detenidos recuperan la libertad en cuestión de horas o días.
Al encuentro también asistieron el vicefiscal Gilberto Guerrero; la delegada para Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo; el jefe del CTI, general (r) José Luis Ramírez; oficiales de la Policía y voceros de la Alcaldía de Barranquilla, ciudad igualmente invitada a la discusión.
Reunión entre la fiscal Luz Adriana Camargo y el alcalde Carlos Fernando Galán. Foto:Fiscalía
El punto central fue abordar las diferencias que se han suscitado entre autoridades frente a los detenidos en flagrancia que quedan libres por decisión de jueces de control de garantías, en etapas tempranas del proceso penal.
Desde distintos sectores se han elevado reclamos: si existen videos y testimonios de las víctimas, ¿por qué los responsables no quedan privados de la libertad? El malestar crece cuando muchos de ellos aparecen como reincidentes por los mismos delitos.
En Bogotá y Barranquilla, la queja se repite en casos de homicidio y hurto. A diario, ciudadanos denuncian que el aparato judicial no los respalda y que sus victimarios salen libres, lo que alimenta la sensación de impunidad.
Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá presentadas en la reunión, en 2025 se materializaron 33.698 capturas por distintos delitos. De ellas, 29.365 —el 87 %— fueron en flagrancia. Sin embargo, las propias cifras oficiales indican que al 94 % de los detenidos no se les impone medida de aseguramiento intramural, incluso en casos que la opinión pública considera graves.
Reunión entre la fiscal Luz Adriana Camargo y el alcalde Carlos Fernando Galán. Foto:Fiscalía
Durante buena parte del encuentro, la palabra la tuvieron los funcionarios de la Fiscalía. El vicefiscal Guerrero explicó por qué en delitos como lesiones personales la norma solo permite solicitar medida de aseguramiento cuando el Instituto de Medicina Legal certifica una incapacidad superior a 30 días.
En un comunicado, la Fiscalía señaló: “Se precisaron las razones legales por las cuales no se aplica detención preventiva en delitos menores relacionados, entre otros, con lesiones personales con incapacidades mínimas, hurtos en grandes superficies de cuantías muy bajas y conductas ejecutadas en modalidad de tentativa o no ejecutadas”.
El ministro Cuervo insistió en que la percepción generalizada no refleja necesariamente la realidad completa. “Ese imaginario de que capturan a todo el mundo y a todo el mundo sueltan no es tan cierto. Hay que mirar delito por delito”, afirmó.
Como ejemplo mencionó el homicidio. Según explicó, las cifras de la Fiscalía muestran resultados “buenos” en términos de imputaciones y condenas, con una efectividad cercana al 46 % entre capturas y decisiones judiciales.
En otros delitos, agregó, la ley obliga a los jueces a dejar en libertad a los capturados. En lesiones personales con incapacidad inferior a 30 días, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal no permiten medida de aseguramiento carcelaria. En hurto, cuando la cuantía y la pena prevista son inferiores a cuatro años, el juez de control de garantías también debe ordenar la libertad.
“La mayoría de los casos es porque la ley así lo exige”, sostuvo Cuervo. Y añadió que los casos de capturas ilegales —por fallas en el procedimiento, omisión en la lectura de derechos o uso indebido de la fuerza— son marginales frente al total.
Reunión entre la fiscal Luz Adriana Camargo y el alcalde Carlos Fernando Galán. Foto:Fiscalía
El debate se dio en un contexto de alta presión sobre el sistema penal. De acuerdo con un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia, los delitos más denunciados ante la Fiscalía son hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar, estupefacientes y homicidio.
Durante 2025 se registraron 1.797.731 denuncias. El 96 % permanece en etapa de indagación y solo el 2,5 % está en juicio. El resto se encuentra en ejecución de penas, investigación o terminó por otras vías procesales.
Frente a los cuestionamientos de las alcaldías, la Fiscalía presentó cifras de homicidio: en 2025 se alcanzaron cerca de 500 casos con sentencia o en etapa de juicio oral.
Reunión entre la fiscal Luz Adriana Camargo y el alcalde Carlos Fernando Galán. Foto:Fiscalía
Al término del encuentro, el alcalde Galán calificó la reunión como positiva. “Fue una reunión positiva donde se abordaron varias problemáticas, y acordamos varias cosas. Por ejemplo, hacer lo necesario para poder aprovechar las herramientas que nos da la tecnología en la identificación de los delincuentes. También se trabajará en proyectos de ley que permitan cambiar la justicia penal para poder atacar sin menos obstáculos la delincuencia”, explicó.
Como conclusión se planteó la creación de una mesa técnica para estudiar cambios puntuales en algunos artículos del Código de Procedimiento Penal que podrían facilitar la imposición de medidas en ciertos delitos o resolver parte de la controversia actual. La discusión se daría en el marco del Consejo de Política Criminal.
Cuervo explicó que algunos ajustes serían normativos y otros operativos. Entre los temas mencionados está el acceso a cámaras de seguridad privadas en establecimientos comerciales. Según indicó, en muchos casos la entrega de grabaciones se retrasa por la exigencia de orden judicial, lo que puede afectar la recolección de pruebas en las primeras 48 horas, consideradas clave para identificar responsables.
También se discutieron dificultades operativas expuestas por la Policía, como el tiempo que los uniformados deben permanecer en diligencias en las URI tras una captura, lo que —según manifestaron— los saca de la calle durante varias horas y puede desincentivar la actividad operativa.
Otro punto fue la necesidad de comunicar mejor las cifras. Sin una decisión concreta, se habló de la posibilidad de realizar ruedas de prensa periódicas —por ejemplo, semanales en Bogotá— para informar sobre comportamiento de delitos, número de denuncias, capturas, libertades y judicializaciones.
Según el ministro, una divulgación más detallada podría ayudar a mitigar la percepción de ineficacia institucional.
“Como sociedad tenemos que unirnos en torno a un propósito: quien cometa un delito violento no puede por ningún motivo quedar en libertad”, puntualizó Galán.
Juan Diego Torres
Dielas@eltiempo.com
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