Luego de que el antiguo secretariado de las Farc admitiera su responsabilidad por el reclutamiento de niños y niñas durante el conflicto, la JEP entraría en una nueva fase procesal que podría culminar en una audiencia pública de reconocimiento y, posteriormente, en la imposición de sanciones restaurativas.
La magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07, explicó en diálogo con EL TIEMPO, que estas medidas, que incluyen Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador, deberán ser concertadas con las víctimas y aprobadas por el Tribunal para la Paz.
Víctima de reclutamiento forzado. Foto:JEP.
Tras el reconocimiento y perdón del antiguo secretariado de las Farc por el reclutamiento de menores —un crimen que no admite amnistía—, ¿qué garantías reales tienen las víctimas de que este proceso no se quedará en un acto simbólico?
Acabamos de entregar al país una solicitud de perdón dirigida a las víctimas y a la sociedad. En el plano procesal, después de seis años de investigación de este Caso 07, que hoy agrupa más de 11.000 víctimas individuales y colectivas, se abre la posibilidad de lo que llamamos en la JEP un diálogo restaurativo. Es decir, un escenario de encuentro directo entre víctimas y comparecientes. Este diálogo no había sido posible antes porque no teníamos el punto de partida: el reconocimiento de responsabilidad, del daño causado a las víctimas y de la gravedad de las conductas cometidas contra niños y niñas, que no pueden recibir amnistías.
¿Qué cambia realmente con este reconocimiento?
En el diseño de este sistema de justicia especial este diálogo es fundamental, porque permite a las víctimas expresar directamente a los comparecientes todas sus consideraciones sobre el proceso, sus expectativas de justicia, sus emociones, sus perspectivas sobre el futuro y las tareas que los máximos responsables podrían hacer para contribuir en el proceso de restauración y construcción de verdad. Si este diálogo avanza satisfactoriamente, la Sala puede dar un paso adicional: la convocatoria a una audiencia de reconocimiento. En esta fase este diálogo se presenta al país y se da la oportunidad a los comparecientes de reconocer, de cara a la sociedad, su responsabilidad y los daños causados. Sólo después de esto se podría habilitar la ruta hacia una sanción restaurativa.
Magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07. Foto:JEP.
En la práctica, ¿cómo se asegura la JEP de que los comparecientes no conviertan los TOAR en simples actividades formales para cumplir requisitos, sino en verdaderas acciones proporcionales al daño causado por el reclutamiento de niños y niñas?
Para materializar el componente restaurativo de las sanciones, los comparecientes pueden presentar TOARS que deben pasar por la consulta de las víctimas y por la aprobación de la Sala y del Tribunal de Paz. Esto quiere decir que esta fase que sigue permitirá escuchar a los comparecientes sobre estas iniciativas y ponerlas a dialogar con aquellas que provienen de las víctimas, -las que ellas ya han presentado y las que presenten en lo que sigue-. Hasta este momento, algunas víctimas han compartido con la Sala ideas de proyectos restaurativos que son valiosos y profundos.
¿Qué propuestas han realizado las víctimas?
Por ejemplo, un grupo de víctimas de Cali quisiera trabajar sobre la construcción de una casa de la memoria «Casa Xingu: Juventud de Luz», pensada como un espacio integral, construido con participación de los comparecientes, para la prevención de reclutamiento de niños y niñas, con enfoque restaurativo, de memoria y reconciliación, que fortalezca la resiliencia comunitaria y promueva la construcción de paz sostenible. También desde el Guaviare, una organización de mamás y otros familiares de niños y niñas reclutados que se encuentran desaparecidos, quisieran crear una “Casa de la memoria paz y reconciliación”, en donde la sanación de las heridas se trabaje desde el arte, la escucha, el acompañamiento psicosocial y la asesoría sobre sus derechos y el acceso a mecanismos de reparación.
Desde los pueblos étnicos que participan en el caso también hemos recibido propuestas que podrían transformar realidades y ser restaurativas, especialmente desde la prevención del reclutamiento de niños y niñas. Un pueblo indígena en Arauca nos propuso avanzar en proyectos de acceso a etnoeducación media, a través de la creación de centros de educación, que incluyan la formación de liderazgos familiares y femeninos dentro de la comunidad, así como la transmisión de saberes ancestrales. Esto tiene mucho valor porque permitiría a los niños y niñas del pueblo continuar sus estudios de educación media en su territorio, bajo un enfoque diferencial, afianzando sus procesos de construcción de identidad propia.
Igualmente, tenemos propuestas de promover programas de protección de la vida, la familia y el territorio en los resguardos, a través de la construcción de escuelas de liderazgo juvenil con enfoques de género, que reconozcan el rol fundamental de las mujeres indígenas en la protección de los niños y niñas. También estamos estudiando propuestas concretas de transmisión intergeneracional de saberes ancestrales a través de la plantación huertas de cultivos tradicionales. Acá vemos un potencial restaurativo ya que los niños y las niñas pueden aprender prácticas de sostenibilidad alimentarias a la vez que participan en espacios seguros y que respetan su cosmovisión.
Desde el Caquetá, hemos recibido solicitudes de trabajar un fuerte componente étnico en el diseño de TOARS que apunten a que los pueblos puedan contar con agua potable, que los niños y niñas puedan tener chalupas escolares para su traslados a las escuelas, y que se mejoren las condiciones locativas de los establecimientos en donde los niños y niñas reciben educación con enfoque étnico.
Todo esto, por supuesto, son semillas que se gestan y crecen en el proceso restaurativo, en donde la mayoría de víctimas han dicho que sería bienvenida la participación de comparecientes. En estos escenarios también puede haber oportunidades de articulación con programas estatales más amplios de promoción de los cambios estructurales que necesita la niñez en nuestro país. Desde la Sala continuamos recibiendo estas propuestas, estudiando su viabilidad técnica y visibilizando rutas para su futura materialización en TOARS que aborden el daño específico causado a la niñez por el reclutamiento.
Ex-Farc admitieron reclutar a 18.677 niños y niñas. Foto:JEP.
En términos jurídicos, si los integrantes del antiguo secretariado ya fueron condenados a ocho años en otros macrocasos, ¿qué pasará con una eventual sentencia en el Caso 07?
En una eventual sanción propia por el Caso 07, sería importante avanzar no sólo con las víctimas que ya han mostrado su disposición a transitar esta ruta restaurativa, sino también con el compromiso recientemente expresado por los comparecientes y con la institucionalidad, para el diseño de TOARS que aborden los daños causados a la niñez y que ayuden a evitar la repetición de estas violencias. Si la Sala habilita a los comparecientes a transitar esta vía, enviará el caso al Tribunal para la Paz, -particularmente a la Sección con Reconocimiento-, que es la instancia que continua el proceso dialógico.
Si el máximo de sanción propia es de ocho años y no es acumulable, incluso en múltiples macrocasos, ¿cómo responde la JEP a quienes consideran que el reclutamiento sistemático de menores merecería una sanción mayor?
Esta Sección definirá los términos exactos en que se contabilizarán los tiempos y se supervisarán las ejecuciones de estos TOARS y sanciones propias. En todo caso, es claro para la JEP que, aunque los comparecientes estén condenados en múltiples macrocasos, la ley establece que el máximo término de las sanciones propias para cada persona condenada es de ocho años y estas no son acumulables como si fuese una suma aritmética. Como bien lo han dicho mis colegas de esta Sección esto no implica que se agote el compromiso con la verdad es, sobre todo, un compromiso con la seguridad jurídica de los comparecientes, que la JEP también debe respetar.
¿Qué viene ahora?
La Sala podrá llamar a una audiencia de reconocimiento y habilitar a los comparecientes a recibir sanciones. La Sala continuará garantizando la centralidad de las víctimas y el cumplimiento de sus derechos, buscando especialmente que estos graves crímenes cometidos en contra de niños y de niñas no queden ni en la impunidad ni en el pasado. El reconocimiento de los daños sufridos por las víctimas, incluso por quienes los causaron, habilitan una reflexión mayor en la que hoy también vinculamos a toda la sociedad en general, para encontrar formas en que la niñez sea realmente protegida en nuestro país y no sea llevada a la guerra nunca más.
Juan Diego Torres
Dielas@eltiempo.com
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