La jornada electoral de este domingo tendrá como uno de sus principales desafíos el control del orden público en varias regiones del país, ante el riesgo de que grupos armados intenten incidir en el comportamiento de los votantes o alterar el desarrollo de los comicios.
El Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública concentran su atención en estos territorios, donde confluyen disputas entre organizaciones ilegales y dinámicas de control territorial que coinciden con zonas históricamente afectadas por la presencia de estructuras armadas.
El jefe de la cartera de seguridad, Pedro Sánchez, explicó que las autoridades actualizaron el mapa de riesgos que orienta el despliegue institucional durante la jornada y dio como resultado 47 sitios del territorio nacional donde debe haber máxima acción preventiva institucional.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto:Cortesía
Dentro de ese grupo sobresalen algunos departamentos que concentran buena parte de los puntos priorizados. Antioquia aparece con 14, seguido por Cauca con cinco y Norte de Santander con cuatro. En conjunto, estos territorios reúnen cerca del 50 % de los lugares donde el Gobierno considera necesario reforzar la presencia institucional.
El mapa también incluye zonas de Chocó, Bolívar, Valle del Cauca, Putumayo, Cesar, Santander, Arauca, Magdalena, Caquetá, La Guajira, Nariño, Huila y Guaviare. En varios de estos departamentos coinciden estructuras del Eln, disidencias de las antiguas Farc asociadas a ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, además de redes del ‘clan del Golfo’.
Un informe interno de la Fuerza Pública muestra que el departamento con mayor número de municipios clasificados en riesgo extremo es Nariño. Allí se registran 17 localidades dentro de esta categoría, lo que ubica al departamento en el primer lugar del reporte elaborado por las autoridades.
Soldados retiran una valla en Cauca de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Foto:Cortesía
En el segundo lugar aparece Norte de Santander con 16 municipios en riesgo extremo, seguido por Chocó, que suma 15. En estos dos departamentos el fenómeno se distribuye en varios municipios, lo que amplía el número de áreas incluidas dentro del seguimiento.
El Cauca ocupa el cuarto lugar con 13 municipios en riesgo extremo, mientras que Bolívar registra nueve dentro de la misma clasificación. Estos cinco departamentos concentran la mayor cantidad de territorios incluidos en el nivel más alto de riesgo dentro del análisis oficial.
Grupos armados ilegales. Foto:Ernesto Guzmán / EFE
Lupa en las Citrep
La revisión del orden público también puso el foco en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), creadas para garantizar representación política en zonas afectadas por el conflicto armado. Según el informe consolidado por el CI3E, 97 municipios ubicados en estas circunscripciones presentan un alto nivel de riesgo electoral.
El mecanismo de seguimiento articula a 15 instituciones del Estado y cuenta con la participación de cerca de 700 delegados. De acuerdo con los datos oficiales, hasta ahora se han realizado 50 sesiones de análisis, se han procesado más de 40.000 registros de información y se acumulan alrededor de 400 horas de trabajo técnico. En ese proceso se han priorizado 150 hechos que motivaron acciones preventivas.
En paralelo al monitoreo del orden público, las autoridades han puesto atención en conductas que podrían afectar la transparencia de la jornada electoral. Durante las últimas semanas se intensificaron los operativos y las alertas relacionadas con posibles delitos contra el sufragio.
Urnas de las elecciones. Foto:Registraduría.
Uno de los focos de investigación ha sido el movimiento de dinero que podría estar vinculado con prácticas ilegales en el proceso electoral. Según los registros oficiales, hasta ahora se han incautado más de 1.760 millones de pesos en distintos procedimientos adelantados por la Fuerza Pública.
En lo corrido del proceso electoral de 2026 se han documentado 14 casos de incautación de dinero asociados a estas investigaciones. Las actuaciones derivaron en 20 capturas. De ese total, 15 personas quedaron en libertad, cuatro permanecen a la espera de la definición de su situación judicial y una tiene medida intramural.
Los casos identificados se distribuyen en varios departamentos. Antioquia, Meta y Valle del Cauca registran dos episodios cada uno. También aparecen Santander, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander, Sucre, Urabá, Chocó y Tolima, con un caso reportado en cada territorio dentro de las operaciones adelantadas por las autoridades.
Dos de las personas capturadas movilizando dinero en efectivo. Foto:Cortesía
Mientras avanzan las investigaciones, la Fuerza Pública desplegó uno de los dispositivos de seguridad más amplios para custodiar la jornada electoral. En total, 246.000 uniformados fueron asignados a las labores de vigilancia y control en todo el país.
De ese número, 121.000 pertenecen al Ejército Nacional y otros 120.000 a la Policía Nacional. El dispositivo se complementa con 5000 integrantes de la Armada Nacional y 275 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Los uniformados estarán distribuidos en 13.493 puestos de votación. La Policía Nacional tiene a su cargo la custodia de 7.604 puestos, mientras que el Ejército Nacional asumirá la seguridad de 5.130.
La Armada Nacional será responsable de 537 puestos y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tendrá bajo su cuidado 145 puntos de votación.
En el Caribe, a través de la Fuerza Naval del Caribe fueron desplegados 2.763 tripulantes, Foto:Cortesía
El esquema también contempla puestos custodiados de manera conjunta por distintas instituciones. En ese grupo aparecen 35 puestos bajo responsabilidad compartida entre Ejército y Policía, 28 entre la Fuerza Aeroespacial y la Policía, 12 entre Armada y Policía, uno entre Armada e Inpec y otro entre la Fuerza Aeroespacial e Inpec.
Las unidades navales también apoyarán el transporte de delegados hacia puestos de votación ubicados en zonas insulares, donde el acceso depende de rutas fluviales o marítimas.
El seguimiento a la jornada se realizará desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la Dirección de la Policía Nacional en Bogotá. Desde ese centro se monitoreará la información que llegue desde las distintas regiones del país a través de sistemas de cámaras y redes de comunicación.
En paralelo, la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) mantiene activa la Ruta de Garantías Electorales, un mecanismo diseñado para atender posibles incidentes relacionados con delitos contra el sufragio.
Dentro del componente de anticipación se habilitó un sistema de atención permanente las 24 horas para recibir, verificar y analizar reportes de posibles irregularidades electorales. El mecanismo funciona en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Inteligencia Policial, el Mecanismo Uriel y la Línea Anticorrupción 157.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
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