Amado Gonzales Ruiz, un hombre de 51 años que logró burlar a la justicia colombiana durante casi una década, fue capturado de una forma insólita: no fue un rastro de sangre ni una delación, sino la simple y honesta necesidad de conseguir un empleo.
Lo que inició como una diligencia administrativa en la estación de Policía de Regidor, en el sur de Bolívar, terminó por cerrar un capítulo de impunidad que se extendió por siete años.
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La paradoja del fugitivo
Gonzales Ruiz, natural de Barranco de Loba y dedicado a oficios varios, cruzó el umbral de la estación policial con un objetivo claro: solicitar un documento de antecedentes para anexar a su hoja de vida.
Bajo el sol inclemente del sur de Bolívar, el hombre buscaba la formalidad laboral, sin sospechar que el sistema que pretendía usar a su favor sería su propio verdugo.
El procedimiento, que para los uniformados es una rutina mecánica, reveló una realidad distinta cuando los datos fueron ingresados al dispositivo PDA (Personal Digital Assistant) institucional.
La pantalla no arrojó un certificado de buena conducta, sino una alerta roja: un requerimiento judicial vigente que permanecía en las sombras desde hacía más de un lustro.
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Una condena de 108 meses
Tras el hallazgo inicial, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Bolívar tomó el control de la verificación:
La autoridad solicitante es el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Valledupar, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; por lo cual el hombre tiene una condena en firme de 108 meses de prisión (9 años).
«El ciudadano llevaba aproximadamente siete años evadiendo a la justicia. Este tipo de controles permanentes permiten que quienes tengan cuentas pendientes respondan ante las autoridades», afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.
El fin de la clandestinidad
La captura se materializó en el acto. Gonzales Ruiz, quien hasta ese momento se movía como un ciudadano del común en las riberas del Magdalena, pasó de solicitante a detenido en cuestión de minutos.
Las autoridades enfatizaron que, pese a la gravedad de la condena pendiente, el procedimiento se realizó bajo estrictos protocolos de respeto a la dignidad humana y el debido proceso.
Este caso subraya una tendencia creciente en el país: delincuentes que, confiados en el paso del tiempo, intentan normalizar su estatus civil solo para ser detectados por la digitalización de los archivos judiciales.
Amado Gonzales Ruiz ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente. No obtuvo el empleo que buscaba, pero finalmente cumplirá la deuda con la justicia que el Estado le reclama desde hace siete años.
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Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Cartagena
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