En la investigación que sustenta la acusación contra cinco congresistas y un excongresista por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), se menciona al menos a cinco personas que supuestamente sirvieron de enlace o estaban enteradas de la negociación criminal y que no han sido imputadas ni tienen una investigación formal.
Uno de estos salpicados es Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre, contra quien la Corte expuso pruebas testimoniales y chats que lo ubican en las conversaciones entre el Gobierno y los congresistas para transar el voto favorable de los parlamentarios. Hasta ahora, sigue sin ser imputado por su presunta participación en el entramado.
Algunos congresistas vinculados en el escándalo de corrupción de la UNGRD buscan repetir curul. Foto:Archivo particular
En una respuesta oficial a la Red de Veedurías de Colombia, la Fiscalía confirmó que el proceso contra Ramírez Cobo sigue en etapa de indagación y que, por ahora, no hay imputación de cargos ni medidas que limiten su libertad.
El documento, fechado el 20 de febrero de 2026, señala que Ramírez Cobo ya fue escuchado en interrogatorio dentro del proceso, que se encuentra bajo un radicado específico y en el que se adelantan actividades investigativas para corroborar la información recopilada.
Según la Fiscalía, en esta fase se están recolectando las pruebas que permitan determinar si “hay mérito para imputarlo”. Esta valoración está en cabeza de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de los casos relacionados con el escándalo de corrupción de la UNGRD, que por su complejidad, agrega, “requiere un análisis en contexto del material recolectado”.
El ente acusador aclaró que Ramírez Cobo tiene actualmente la calidad de indiciado y no ha sido vinculado formalmente mediante imputación. Por lo mismo, “no hay decisiones judiciales que restrinjan su libertad, como órdenes de captura o medidas de aseguramiento”.
“La ausencia de imputación implica que no existe razón legal para limitar su libertad de movimiento o su libertad personal”, se lee en la respuesta, en la que también se precisa que ya se verificó su paradero mediante diligencia de arraigo.
Respuesta de la Fiscalía a Pablo Bustos Foto:Archivo
Esto, por el antecedente de las fugas del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, quien se encuentra asilado en Nicaragua, y del exdirector de Función Pública, César Manrique, quien estaría prófugo en Venezuela. Ambos son señalados como ‘cerebros’ de la red clientelar que se tejió entre Ejecutivo y Legislativo para sacar adelante los proyectos del Gobierno.
Finalmente, la Fiscalía indicó que las acciones para garantizar los derechos de las víctimas —como el acceso a la información, la atención, la protección y la posibilidad de reclamar una indemnización— se rigen por lo establecido en la Ley 906 de 2004.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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